María Luisa Pérez Vara, procesada; Víctor Juan Moneta, condenado; Juan Carlos Vienna, bajo investigación administrativa de la Procuraduría de la Corte; Alejandro Martín, destituido y procesado; Norberto Scavone, procesado.
En común todas esas personas comparten la condición de ser o haber sido jueces que en el último año terminaron en el banquillo de los acusados, ya sea por vía administrativa o, peor aún, penal. Ninguno está en una posición cómoda, pero de entrada cabe aclarar que tampoco recibirán condenas demasiado severas. En ese sentido, en los pasillos de Tribunales hay cierto escepticismo: “pour la galerie”, resume un fiscal que le tocó intervenir en unos de esos casos.
¿Maquillaje para la tribuna con sanciones o condenas con gusto a poco? ¿O se trata del vaso medio lleno y estamos ante una señal del vértice superior del Poder Judicial hacia el resto de la pirámide?
El abrazo del oso
En Santa Fe hay más de 600 funcionarios judiciales que llegan a ese puesto por acuerdo legislativo, lo que implica que su remoción requiere un proceso específico: incluye a los magistrados, los jueces comunitarios y los fiscales y defensores del nuevo sistema penal.
Como siempre que salen a la luz ovejas descarriadas, aunque no se reconozca públicamente, los expedientes requieren una mirada que va más allá de lo exclusivamente jurídico. Un juez sospechado o acusado siempre es incómodo para el propio Poder Judicial, que ve percudida su imagen.
La condena al juez Víctor Juan Moneta es un buen ejemplo. En su defensa procesal esgrimió que su accionar “no ha sido ni más ni menos diligente que el de los demás magistrados…”. Dijo sentirse “vapuleado y acusado, como si a ninguno de sus pares se le hubiera alguna vez vencido un plazo o perdido un expediente, y que era “un chivo expiatorio a quien todos le pegan a sabiendas que ninguno es tan impoluto como para arrojar la primera piedra…”.
En cuanto al atraso en las resoluciones, vencimiento de plazos y sus ausencias en las audiencias, sostuvo que “se trataba de una situación generalizada, de la que ningún funcionario ni magistrado escapa” y que “ello motivó innumerables pronunciamientos del Máximo Tribunal”.
Lo condenaron por retardo malicioso de justicia a 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Cabe destacar que su jubilación no le demanda changas para llegar a fin de mes. La fiscalía había solicitado que también se lo condenara por incumplimiento de deberes de funcionario público y se le aplique multa de 12 mil pesos, pero se desestimó.
Los casos de Martín y Pérez Vara también despertaron polémica. Martín, ex juez civil y comercial, fue destituido en octubre de 2013 acusado de integrar una asociación ilícita que se apropiaba de fondos judiciales. El Banco Municipal detectó la maniobra y lo denunció. Primero fueron procesados dos abogados, el secretario del juzgado y el martillero Oscar Kovalevski, en su caso como organizador de la asociación ilícita, lo que le valió ir a prisión. La investigación hacia atrás alcanzó al juez jubilado Norberto Scavone, ahora procesado por el caso
Tras la destitución de Martín, el fiscal Covani, convencido de que las pruebas contra el juez eran todavía más sólidas que contra el martillero que llevaba 7 meses tras las rejas, pidió sin resultado el procesamiento como organizador: la jueza del caso no lo vio con los mismos ojos y le asignó el rol de miembro, atenuante que le permitió a Martín seguir en libertad. De hecho, no sólo Martín no fue a prisión sino que fue liberado Kovalevski (se conjeturó que éste no iba a digerir en silencio ser el único encarcelado), quien desde entonces, según fuentes de Tribunales, se pasea por los juzgados y dirige remates de bienes de personas y empresas. Las apelaciones insumen largo tiempo de estudio en la Cámara: dos años una parte y un año la del ex juez.
El caso de María Luisa Pérez es otro que tiene gusto a poco. La jueza de instrucción logró jubilarse a principios de 2014, pero no se fue por la puerta grande. Más aún, tuvo que volver meses después convocada a indagatoria acusada por incumplimiento de deberes de funcionario público por no haberse hecho cargo de la investigación de los crímenes del empresario narco Luis Medina y su novia el 29 de diciembre de 2013. La investigación de su conducta en esas últimas semanas como jueza reveló que, a pesar de estar de turno su juzgado, viajó a descansar a Cariló.
Procesada y embargada por 5 mil pesos, en los Tribunales ya se habla de que su defensa pretende un juicio abreviado. Cuanto menos ruido mejor.
Jueces con ángel de la guarda
En la historia reciente podrían citarse varios casos como el de Pérez Vara, muy cuestionada, denunciada, investigada y a pesar de todo sostenida hasta lo incomprensible, como dijo un memorioso de Tribunales. Rodolfo Brusch en Rosario o en Santa Fe Rubén Saurín, a quien la EPE detectó colgado de la luz, son memorables.
Otro juez de instrucción provincial que acumula cuestionamientos es Virgilio Palud, de Reconquista. Según el dueño de una librería incendiada intencionalmente que lo denunció, no movió la causa y recién llamó a los testigos a declarar dos años después. Palud también fue cuestionado por la Cámara Penal de Rafaela por la tragedia del Colegio Ecos. En diciembre pasado, cuando el chofer del ómnibus fue sobreseído por prescripción de plazos procesales el ministro de Justicia Juan Lewis sostuvo que lo ocurrido era una vergüenza y que debían ser investigados los magistrados intervinientes.
Fue imposible obtener información de la Procuraduría de la corte sobre la situación del juez.
El tercer magistrado de instrucción penal en la picota es Juan Carlos Vienna. Fue el único que se atrevió a avanzar contra la banda de Los Monos, pero en el medio recibió “vueltos” que, si bien estaban destinados a amedrentarlo y apartarlo de la investigación, pusieron en evidencia ante la opinión pública relaciones muy dudosas, viajes al exterior como mínimo inoportunos y conversaciones informales en su despacho con encausados que debían estar cumpliendo prisión preventiva. La Procuraduría instruye una investigación administrativa que tendrá dictamen en 40 días. Todo indica que no pasará de una sanción de la Corte. Si la investigación condujera a conclusiones más graves no se hubiera decidido su reubicación en el nuevo sistema penal.
La visión gremial
El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 2ª Circunscripción, el camarista Ariel Ariza, dice no poder afirmar que haya más o menos casos de jueces cuestionados, pero recalca que “hace tiempo se trabaja para afianzar los mecanismos de control y responsabilidad, no sólo desde la perspectiva de lo administrativo o penal, sino desde la ética”. Recordó que existe un Código de Ética con su respectivo tribunal.
Para Ariza, “lo deseable es que los casos de jueces con inconductas o en infracción sean esporádicos y que cuando existan sean sancionados”. Citó el caso reciente de una subasta irregular y un magistrado promovió el proceso contra el juez comunitario responsable.
El Colegio exige dos premisas: “Derecho a defensa y celeridad”. Aclara que para la entidad gremial, es de cuidado “la proliferación de denuncias infundadas. La semana pasada, por ejemplo, la Corte desestimó la acusación contra una fiscal por falta de sustento y apercibió a los denunciantes”.
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