El gobierno espera congelar los pedidos de reapertura de negociaciones salariales a partir de la multimillonaria concesión a las obras sociales sindicales anunciada el martes. Por lo pronto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, avisó que el Ejecutivo no validará una renegociación de las paritarias y dijo, una vez más, estar esperanzado en que la inflación seguirá un curso descendente. Esa posibilidad, que hasta ahora operaba más como amenaza para obligar a los funcionarios a acelerar una respuesta por los recursos para sus prestadoras de salud, quedará latente y se pondrá en juego durante todo el proceso de unidad de la CGT hasta su fecha definitiva, el 22 de este mes.
La respuesta de Peña puso sobre la superficie la línea de todo el oficialismo: hasta último momento, descartar la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones previa al cumplimiento de los plazos pautados para los convenios salariales. Y, de no haber otra alternativa, maquillar esas discusiones mediante pagos adicionales no remunerativos o extras acordados con bajo perfil, como sucedía en la anterior administración.
En el Ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca, de hecho, negaban que algún sindicato hubiese planteado retomar el diálogo con el sector empresario antes de tiempo, en vista de la acelerada del índice de precios de los últimos meses. Según los cálculos de entidades estadísticas de los propios sindicatos, en los primeros siete meses hubo entre 45 y 46 por ciento de inflación interanual, cuando ningún gremio alcanzó ese nivel porcentual en sus acuerdos salariales.
La inquietud de los dirigentes, sin embargo, encontró un bálsamo este martes, cuando Mauricio Macri finalmente anunció un intrincado mecanismo de devolución a sus obras sociales de buena parte de los 30 mil millones de pesos acumulados en un fondo en la última década y que el kirchnerismo entregaba sólo a cuentagotas. En reserva, los dirigentes avisaron que con esa concesión podrán bajarle el tono a los pedidos de reapertura de paritarias, y que en el peor de los casos las gestionarán de forma reservada para evitar un efecto contagio más dañino para el gobierno.
Ese fue uno de los temas que trataron ayer los sindicalistas en las tres versiones de la CGT comprometidas en el proceso de fusión de la central obrera para el Congreso del 22.
La unidad por ahora tiene en una vereda a Hugo Moyano, por un lado, junto a los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes”, y a Luis Barrionuevo, que acordaron un triunvirato integrado por un delegado de cada grupo: Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, respectivamente. Del otro, seguían el taxista Omar Viviani y el Movimiento de Acción Sindical (Masa) más Gerónimo Venegas y ex aliados de Moyano que reniegan del triunvirato, y el bancario Sergio Palazzo con una decena de organizaciones pequeñas.
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