La foto más esperada por fin se produjo el miércoles a la tarde, en ese living improvisado donde sociabilizan el gobernador Antonio Bonfatti, su ministro de Seguridad Raúl Lamberto y la estrella de la jornada, el hombre fuerte de la Seguridad nacional, Sergio Berni, quien acababa de desembarcar con equipos y hombres en cantidad inédita para demoler búnkers, ocupar el territorio y quedarse en la ciudad.
Esa foto expresa el radical cambio en las relaciones entre el gobierno nacional y Santa Fe tras las elecciones de 2013, que pasaron del encefalograma plano a la hiperactividad en todos los frentes, desde vivienda hasta seguridad y trenes.
Que se entienda bien. No se esfumaron las diferencias entre gobierno nacional y provincial, sólo que las relaciones maduraron lo suficiente (por mezcla de necesidad, voluntad política y circunstancias) como para anteponer la cooperación a la pelea permanente. Es lo que ahora se tradujo a la calle, con intercambio de información, asistencia logística, coordinación de áreas a patrullar entre fuerzas federales, la Policía provincial y las áreas de control municipal, que además ofician de lazarillos barriales para gendarmes o prefectos venidos de Córdoba, Formosa o General Acha.
Alinear planetas
Después de esas elecciones de 2013 el gobernador Bonfatti y el secretario de Seguridad entablaron un diálogo franco. El gobierno nacional asumió su cuota de responsabilidad; y el gobierno de Santa Fe sinceró su imposibilidad de atender una situación que iba de mal en peor y que no tenía capacidad de respuesta sin el auxilio de fuerzas federales.
La tercera protagonista clave en esta película es la procuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales federales. Su rol, aseguran tanto en la Casa Gris como en el Palacio de los Leones, resultó determinante. Abrió las puertas de la procuraduría, se nutrió de mucha información (no sólo de funcionarios) que le permitió abrir la mirada sobre el fenómeno del narcotráfico local e intervino quirúrgicamente en las fiscalías federales de Rosario para allanar entendimientos y cooperación. Hasta entonces, las causas por narcocriminalidad se habían vuelto un juego de guerra entre socialistas y kirchneristas.
La irrupción en 89 búnkers con fuerzas de seguridad indica que hubo un giro en la mirada que el Ministerio Público Fiscal tenía hace ocho meses sobre el narcomenudeo. En ese entonces, los fiscales federales de la ciudad discutían con funcionarios de la Seguridad local que ir a tumbar búnkers era inconducente y propaganda mediática de pacotilla.
Los de acá argumentaban que cuando se abre un búnker en un barrio se genera tanta tensión en el entorno que es imposible aguantarlo abierto seis u ocho meses mientras se supone que la Justicia federal lo utiliza como punta del ovillo para llegar a un eslabón superior de la cadena de comercialización.
Esas reuniones para acordar líneas de trabajo fueron tensas y extensas. Contrariados, los federales advertían que no volverían a participar de un operativo del que fuera parte la Policía de Santa Fe porque filtraba información a los delincuentes. Aunque tenían toda la razón del mundo, sólo era una parte de la verdad, sino no se entiende lo que ocurrió el miércoles.
Objetivos y filtraciones
A pesar de haber corrido a la Policía de Santa Fe del megaoperativo (sólo fue convocada la Tropa de Operaciones Especiales), igual se filtró información, como admitieron funcionarios y uniformados nacionales y locales. Tropas de Gendarmería, Prefectura y las policías Aeroportuaria y la Federal empezaron a ingresar a la ciudad después del mediodía el jueves, pero esa misma mañana, alrededor de las 6, vecinos de distintos barrios vieron cómo levantaban carpa en algunos búnkers, lo cual frustró detenciones y mayor secuestro de estupefacientes. Fue el único trago amargo que pasaron Berni, los fiscales y el resto de los responsables del operativo, ya que los demás objetivos se cumplieron.
Golpe de percepción
Fue curioso escuchar el viernes por la mañana en las radios el testimonio de vecinos que a sólo horas de la llegada de las fuerzas nacionales ya se sentían seguros.
Ahí radica el triunfo inicial del operativo: un fenomenal golpe de percepción pública, una señal desde el Estado en materia de seguridad. Algo así como el inmediato restablecimiento del contrato de confianza entre la gente y quienes tienen que protegerlo.
Como en agosto de 2013, cuando desembarcó en el conurbano bonaerense, la Gendarmería se visualiza como la salvaguarda de la seguridad pública en medio de la angustia social por la expansión del delito y la pésima imagen de las policías provinciales.
Sólo un iluso puede suponer que la droga y el delito se van a acabar con la sola presencia de los hombres de verde. Sin embargo la postal de vecinos saludando el paso de vehículos de esa fuerza, o el acontecimiento barrial que implicó ayer el operativo de control en Uriburu y Ayacucho, son todo un registro de época.
Tareas pendientes
La estadía de las fuerzas federales no tiene plazo, pero tampoco será eterna. Al gobierno provincial le cubre la retaguardia y le abre cancha para avanzar con una serie de reformas que generan resistencia en la Policía.
En este tiempo tiene que conseguir sumar un millar de policías en la calle, sacar adelante los ascensos policiales por concurso e implementar la Policía Comunitaria, para lo cual los municipios están inscribiendo aspirantes.
Queda también por resolver el tema de la Policía Judicial, que promete un round áspero en la Legislatura provincial. Ese proyecto fue sancionado por unanimidad, pero el Ejecutivo lo vetó en buena parte y ahora los diputados y senadores peronistas pretenden tumbarlo. Para eso requieren mayoría especial en las dos cámaras, números que el peronismo y el PRO juntos no pueden alcanzar sin sumar a radicales y diputados del CC-ARI. El 1º de mayo empieza a correr el plazo de 30 días para que el Senado rechace el veto. Se verá si el gobierno opta por cuidar el resultado o abre alguna instancia de negociación. La oposición buscará forzar esta segunda opción, para lo cual, desplazada la cúpula de la División Judiciales, apunta a desgastar al jefe de la Policía de Investigaciones recién creada por el Ministerio de Seguridad, Luis Bruschi.
El motivo central del veto del Ejecutivo es la exclusividad que la ley le otorga a la Policía Judicial como auxiliar de los fiscales. El veto da por tierra con ese punto y preserva similar competencia para la Policía de Investigaciones recientemente creada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y que es la que está asistiendo al Ministerio Público Fiscal en esta etapa.
El gobierno aduce que, a excepción de Córdoba y algunos pocos lugares más en el planeta, ningún gobierno se desentiende de tan sensible herramienta en materia de política criminal. Además afirma que es mejor que los fiscales tengan dos opciones a la hora de trabajar.
Los legisladores de la oposición, en cambio, no quieren injerencia de órganos del Poder Ejecutivo en el órgano de investigación científica. En la ley votaron crear una comisión multisectorial responsable de seleccionar a los uniformados que pasarán a integrar la Policía Judicial y en la que a lo sumo el Ejecutivo dispondrá de un par de sillas bajo criterios de capacitación y trayectoria y no –aducen– por presiones de la propia Policía o por ser de confianza de los funcionarios del gobierno de turno.
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