Unos 80 uniformados realizaron ayer una serie de allanamientos en el barrio Cabín 9 de Pérez en búsqueda de personas sospechadas de la comisión de delitos contra las personas y la propiedad. El procedimiento concluyó con quince propiedades allanadas, ocho detenciones –entre ellos un menor– y el secuestro de dos armas. El jefe de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, Fernando Dalmau, explicó que el procedimiento tuvo como fin desarticular bandas que asuelan el barrio, a lo que se sumó la persecución de algunos delitos denunciados. Además de las detenciones y los secuestros de armas, el fiscal resaltó la constatación de una propiedad con una importante construcción cuyo dueño, hasta el momento, no pudo acreditar los ingresos para levantarla. Ahora los fiscales evalúan los pasos a seguir respecto de los detenidos y los delitos que se les achacarán en las audiencias imputativas que tendrán lugar en las próximas horas.
Una serie de hechos delictivos encuadrados en los delitos de amenazas calificadas, lesiones graves calificadas y abusos de armas fueron denunciados por vecinos del barrio Cabín 9 en la subcomisaría 18ª. Esta información fue centralizada por la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio que inició una pesquisa con apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales a cargo de Adrián Forni. Los uniformados realizaron una labor territorial, de inteligencia en la zona, y recabaron datos respecto de los presuntos autores de los delitos investigados y sus posibles ubicaciones, lo que derivó en un importante operativo con más de 80 efectivos. Quince domicilios ubicados en las calles Los Chingolos, Jacarandá, Las Acacias, El Gorrión, Aguaribay y Los Guayacanes fueron allanados en procura de los sospechosos y se detuvo a 5 personas, entre ellas un adolescente con media docena de anotaciones policiales, por lo que se dio intervención al Juzgado de Menores en turno.
A ello se sumó la detención de otras tres personas, las dos primeras por tenencia de armas de fuego sin la debida autorización mientras que la tercera marchó presa por resistencia a la autoridad. A su vez se secuestraron dos armas de fuego: una escopeta calibre 22 en una de las viviendas allanadas y un revólver dentro de un auto Peugeot 505, mientras que otros dos vehículos con los guarismos adulterados fueron retenidos y se están haciendo los peritajes del caso, refirió Dalmau.
Otra fuente consultada detalló que la planificación del operativo y su efectivización fueron llevadas adelante por la TOE con la presencia de cinco fiscales de la Unidad de Investigación y Juicio, quienes verificaron en el lugar el resultado de la medida que busca atacar las bandas territoriales. La fuente agregó la necesidad de solicitar a la ciudadanía que prescinda de contar con armas en sus viviendas sin la debida acreditación, lo que podría complicarlos en la comisión de un delito, ya que la Fiscalía intenta llegar a todos los lugares donde pueda haber personas con causas penales vigentes.
Por su parte, Dalmau refirió que los allanamientos se efectuaron con orden del juez Gustavo Pérez de Urrechu y explicó que las denuncias daban cuenta de una banda principal conocida como Los Cuatreros y luego algunas acusaciones cruzadas. El funcionario sostuvo que estuvieron al frente de la medida los fiscales Fernando Rodrigo, Verónica Caíni y Guillermo Apanowicz y detalló que en una de las propiedades que se allanó había dos dúplexs construidos en la parte trasera del lugar que demostraban “un importante gasto de construcción”. Añadió Dalmau: “Se está investigando el origen del dinero con el cual se hicieron, porque no hay hasta el momento una actividad por parte del propietario que justifique tamaña inversión. Por lo que tenemos informado en una de las construcciones se invirtieron 200 mil pesos en mano de obra”, concluyó.
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