“Lo esperábamos”, fue la escueta respuesta de un alto funcionario del Ministerio de Economía respecto de la decisión del juez Thomas Griesa de considerar a la Argentina en desacato con la Justicia de Estados Unidos (ver pág. 3).
“Es más, sabíamos que luego de reconocer su error autorizando al Citibank a pagar a los bonistas, como una muestra de autoridad iba a decidir el desacato”, explicó.
De hecho, antes de conocerse la decisión de Griesa, el canciller Héctor Timerman informó que la embajadora argentina ante EE.UU., Cecilia Nahón, presentó una nota al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener la decisión judicial de “desacato” que sería violatoria de la soberanía argentina. Asimismo, se elevó ante el juzgado de Griesa un “memorando en oposición a la solicitud de los demandantes de declarar a la Argentina en desacato e imponer sanciones”.
Tanto en la nota dirigida a Kerry como al juez Griesa, la postura argentina es que el país es víctima “a través de una orden judicial de cumplimiento imposible” en referencia a la aplicación del pari passu. Respecto del desacato, para el Gobierno “nada puede ser peor que impedir que los bonistas cobren”.
La presidente Cristina de Kirchner estuvo reunida durante la mañana con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y juntos vieron la conferencia de prensa del canciller. Una vez conocida la decisión del magistrado, el funcionario -junto con el área legal- estuvo evaluando sobre la base del derecho procesal norteamericano si corresponde que la Argentina apele la medida. En principio, descartaron la apelación, porque si bien el magistrado decretó el desacato, no aplicó la multa.
Más allá de los distintos comunicados emitidos por Cancillería, los funcionarios evitaron opinar sobre el de-sacato ya que se espera con ansias el discurso o los discursos que dará Cristina hoy en el acto previsto para la firma de la refinanciación de las deudas provinciales. Todo está preparado para un gran acto “patriótico” con numerosos militantes que colmarán los patios de la Rosada.
En tanto, en medios empresariales sí se mostraron preocupados por la decisión porque aventuran que se profundiza el problema del financiamiento externo en un contexto económico desfavorable. Otro tanto sucede con los estados provinciales. Abogados asesores de empresas señalan, además, que compañías y fondos estadounidenses con presencia en la Argentina encontrarán “por estatuto” limitaciones para mantener inversiones en un país que está en desacato con el Estado donde se encuentran sus casas centrales, en momentos en que las relaciones ya están resentidas entre otras cuestiones por las dificultades para remesar utilidades o pagar importaciones. Quizás con ánimo de tranquilizarlos, justo en esta semana Kicillof tiene previsto reunirse con las principales compañías norteamericanas.
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