El Congreso chileno aprobó ayer la primera ley de uniones civiles o de hecho, que regula la convivencia y crea un nuevo estado civil accesible a parejas heterosexuales y homosexuales, una demanda histórica de la comunidad gay. Tras cuatro años de tramitación y con un amplio respaldo, la ley crea el “Acuerdo de Unión Civil” (AUC), que hace posible a las parejas que conviven sin estar casadas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones o ser carga en el sistema de salud, entre otros derechos.
En caso de que la madre o padre biológico esté inhabilitado, el cuidado de menores se otorgará teniendo en cuenta el interés mayor del niño o niña, dando prioridad a los convivientes o cónyuges, una medida reivindicada por las organizaciones de defensa de homosexuales. El derecho a adopción no está incluido en la ley.
“Estamos felices de que el Estado reconozca, por primera vez, que una pareja del mismo sexo también constituye una familia y merece protección”, dijo el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín.
Chile permitirá también las uniones de hecho entre heterosexuales, que hasta ahora sólo podían optar al matrimonio, en un país de tradición conservadora y con gran influencia de la Iglesia católica.
Chile se suma a países como Brasil, Colombia y Ecuador, que permiten las uniones civiles entre homosexuales, y a Argentina y Uruguay, que aceptan directamente el matrimonio homosexual. La presidenta del Senado, Isabel Allende, calificó de “paso histórico” la ley, que a su juicio permite “avanzar en el respeto, derechos y dignidad de las personas, y (garantizar que) hoy día nadie más será discriminado”. Tras ello, los interesados podrán pedir una hora en el Registro Civil para celebrar su unión ante un juez.
Las organizaciones de defensa de los derechos de homosexuales prometieron seguir insistiendo para lograr una ley de “matrimonio igualitario”, pese a que la AUC equipara muchos derechos con el matrimonio. Chile fue uno de los últimos países occidentales en reconocer el divorcio en su legislación en 2004 y no permite el aborto en ninguna circunstancia. En 1999 se abolió una normativa que castigaba a los homosexuales (“la sodomía”) con penas de cárcel.
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