Los abogados de tres de los acusados en el juicio por el caso “Carbón Blanco”, entre ellos el defensor del empresario Patricio Gorosito, solicitaron la absolución de sus defendidos, al argumentar que la causa debería ser declarada nula y que no existen pruebas para condenarlos.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el abogado Silvio Piorno, defensor del ex presidente del club Real Arroyo Seco, justificó los viajes de su defendido a España y las comunicaciones con otro de los acusados, Héctor Roberto, con su actividad como representante de futbolistas profesionales.
El letrado puso como ejemplo que a partir de las gestiones de Gorosito se concretó la transferencia del delantero uruguayo Víctor Píriz Álvez, actualmente en el club Barracas Central, que milita en el Primera B Metropolitana, y a mediados de 2012 pasó de Defensa y Justicia a Independiente Rivadavia de Mendoza.
De esta manera, el defensor justificó las llamadas telefónicas y los viajes compartidos por Gorosito y Roberto, tesorero del club Real Arroyo Seco, acusado de ser “el valijero” de la banda.
Según explicó Piorno, “Gorosito concretó las transferencias de muchos futbolistas, por ejemplo, a través de un agente de la FIFA desde el Chaco, y hoy tiene diez jugadores”, señala la agencia Télam.
Por su parte, la defensora oficial Catalina Negretti, quien representa a Roberto, también justificó en la actividad dirigencial del fútbol la conexión de éste con Gorosito.
En tanto, el defensor oficial Juan Manuel Costilla solicitó la absolución por falta de pruebas de Rubén Félix Esquivel (56), quien se desempeñaba como capataz de la planta de Carbón Vegetal del Litoral, situada en la localidad chaqueña de Quitilipi, desde donde se exportaba el carbón en el que se ocultó la cocaína.
En su descargo ante los jueces Eduardo Ariel Belforte, Ramón Luis González y Aldo Alurralde, Costilla planteó diversas nulidades (a las cuales se adhirieron los otros dos defensores) y sostuvo que era “imposible físicamente” que el capataz de la planta haya sido responsable de ocultar la droga en las bolsas de carbón.
También indicó que entre las cargas consolidadas de carbón y los valores señalados en las documentaciones aduaneras había una diferencia global superior a los 500 kilos en al menos dos de los contenedores indicados como portadores de los estupefacientes destinados a Portugal.
En ese sentido, Costilla precisó que en dos oportunidades los camiones con los contenedores con carbón que se dirigían desde Quitilipi al Puerto de Buenos Aires no siguieron la ruta establecida, la que es de cumplimiento obligatorio.
“No hay certezas de que la droga se cargó en la planta de Quitilipi”, afirmó el defensor oficial y recordó que se encontraron precintos aduaneros en sendos allanamientos en la casa de un despachante de aduana y de un camionero.
Entre los argumentos expuestos, los tres defensores coincidieron en que la jueza Zunilda Niremperger, “se arrogó facultades de la fiscalía”, en relación a actos propios de la instrucción que debieron haber sido realizados por el Ministerio Público.
“A partir de esas irregularidades todos los actos de la jueza son nulos de nulidad absoluta”, indicó Negretti.
Además, los defensores solicitaron al tribunal que declare la invalidez de las declaraciones y otros elementos del juicio a Rolando Angel Di Renzo y Leonardo Prodan, condenados en Portugal por formar parte de la misma organización.
En tanto, los defensores de los otros dos imputados en la causa que se ventila en los tribunales de Resistencia, el abogado Carlos Salvatore, sindicado líder de la banda; y Héctor Pérez Parga, responsable de la empresa carbonera, realizarán sus alegatos el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre, respectivamente.
Los alegatos comenzaron la semana pasada cuando los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel solicitaron 25 años de prisión para los cincos acusados como “coautores en concurso real del delito de contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización y el número de tres o más integrantes” y que también se inicie una investigación sobre el accionar de personal de la Aduana en la operación.
Mientras que la querella representada por AFIP-Aduana reclamó 28 años de cárcel para Salvatore y Gorosito, 23 para Pérez Parga y Roberto y 16 para Esquivel.
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