La causa del Café de la Flor sumó una nueva acusación que se agrega a las ya presentadas para el dueño y el electricista del lugar. Se trata del inspector municipal que revisó y firmó los papeles que habilitaron a que el bar donde el bajista de Raras Bestias, Adrián Rodríguez, falleció tras una descarga eléctrica en octubre del año pasado continuará funcionando.
Por el hecho, la fiscal Valeria Piazza Iglesias acusó a Pablo A. por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público con falsificación ideológica de documento público, por los que solicitó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con las acusaciones presentadas a los tres imputados, resta esperar la fecha de audiencia preliminar.
El inspector de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana es el último acusado por una causa que hasta el momento tiene tres imputados. Pablo A. fue el último agente municipal en revisar las condiciones eléctricas, edilicias, técnicas y de seguridad del lugar, en abril del año pasado, seis meses antes del siniestro. Por ese entonces, el agente municipal dio por aprobadas las condiciones del bar y advirtió ciertas modificaciones eléctricas que debían realizarse y que nunca volvió a corroborar. Pese a eso, las dio por sentadas en otra inspección.
Por estos hechos, la fiscal Valeria Piaza Iglesias lo acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con falsificación ideológica de documento público en dos hechos, en concurso real entre sí. La pena que solicitó es de tres años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los otros acusados
El dueño del bar, Ariel S., fue imputado en octubre pasado por homicidio culposo. Para él la fiscal solicitó una pena de ejecución efectiva de 4 años de prisión, más otros 10 de inhabilitación para ejercer actividades comerciales.
El otro imputado en abril de este año, por el mismo delito, es Fernando C., el electricista que según la fiscal desconectó el interruptor diferencial –también llamado disyuntor– del tablero principal. Para el técnico, la pena solicitada fue de 5 años de prisión de ejecución efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer como electricista o cualquier otro tipo de actividad relacionada.
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