En marzo de 2023, un fallo histórico condenó a la empresa Atanor, la productora de herbicidas más grandes del país, por provocar daños irreversibles en el curso del río Paraná con la descarga ilegal de desechos tóxicos y le ordenó realizar medidas urgentes para evaluar el riesgo ambiental. La sentencia emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás también acreditó que la firma de capitales norteamericanos contaminó aire, suelo y tierra en torno a su planta industrial ubicada en el ejido urbano de San Nicolás donde hace décadas los vecinos de barrio Química y Ponce de León denuncian afecciones en la salud vinculadas a la degradación ambiental que provocan los residuos peligrosos.
Sin embargo, a nueve meses del fallo judicial que fue confirmado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás, con una multa de indemnización sustitutiva de 150 millones de pesos, Atanor continúa sin ejecutar la sentencia. Días atrás, la Asociación Civil que impulsó la acción judicial, Foro Medio Ambiental (Fomea), denunció el incumplimiento de lo ordenado por la jueza de Ejecución Penal Luciana Díaz Bancalari, que tras corroborar lo presentado volvió a fallar contra la firma Atanor.
En el fallo dictado el 19 de diciembre pasado, la jueza advierte que la firma incumplió con los requerimientos urgentes ordenados en la sentencia definitiva del 6 de marzo de 2023 para detener el daño ambiental, como como la puesta en funcionamiento de un sistema eficaz para mejorar el tratamiento de residuos peligrosos, la implementación de un plan de remediación, la realización de un estudio del suelo por intermedio de expertos del Conicet y un estudio de evaluación socio ambiental del vecindario lindero a la planta industrial que debían encomendarle a la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Ante ello, la jueza ordenó que se aplique una multa de 50 mil pesos diarios a la firma Atanor más 100 mil pesos por cada día de retardo que empezarán a contarse una vez que esté firme la de decisión judicial.
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Fallo histórico
El amparo ambiental contra la firma Atanor fue interpuesto por Fomea en 2015 para denunciar la “masiva” contaminación del ambiente con agroquímicos y la “grave” afectación en la salud de los vecinos de esa localidad, puesto que la empresa se ubica en pleno ejido urbano de San Nicolás.
Luego de ocho años de trámite judicial y la realización de numerosas pruebas que contaron con la intervención del Conicet, el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, la jueza a cargo, Luciana Díaz Bancalari, dictó sentencia el 6 de marzo de 2023 tras dar por probado “el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor SCA”.
La investigación judicial logró demostrar que la agroquímica vuelca desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática ante lo cual, la jueza destacó que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”.
Ante ello, la magistrada condenó a la firma a la inmediata puesta en funcionamiento de un mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes líquidos en el término de 20 días.
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Entre esos requerimientos que llevan nueve meses de incumplimiento figura la evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativo, un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocar a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante incluyendo domicilios particulares.
El fallo fue confirmado dos meses después por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás, que además de acreditar que Atanor contaminó el ambiente fijó a la empresa el pago de una indemnización sustitutiva por daño ambiental “irreparable” al río Paraná de 150 millones de pesos.
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