A un año del fallo histórico que condenó a la agroquímica Atanor SCA por el vuelco ilegal de desechos tóxicos en el río Paraná, la jueza a cargo del caso apartó al perito que debía controlar que la empresa de capitales extranjeros cumpla con las medidas urgentes dispuestas en la sentencia para evaluar el riesgo ambiental. Se trata del ingeniero industrial Fausto Daniel de Larrosa, quien días atrás fue removido de su función por irregularidades en el desempeño profesional, medida que incluyó la pérdida del cobro de honorarios.
El apartamiento del ingeniero De Larrosa fue solicitado el mes pasado por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea) que presentó un escrito judicial con graves denuncias sobre su desempeño.
El pedido fue resuelto la semana pasada por la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien removió al ingeniero denunciado en la causa Atanor, le quitó los honorarios y pidió que la Cámara de Apelaciones designe a un nuevo perito “para el efectivo cumplimiento” de sus funciones. La jueza argumentó su decisión en que resulta “inadmisible la referencia realizada por el perito (Fausto Daniel de Larrosa) sin haber explicitado su constitución en la planta de la parte demandada ni la manera por la cual llega a las conclusiones vertidas en su escrito de fecha 15 de diciembre de 2023”.
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Tras conocerse su remoción de la causa Atanor, la Asociación Civil Fomea recordó que no es la primera vez que el ingeniero De Larrosa “es removido como perito por brindar información falsa y no cumplir con su deber auxiliar de la Justicia” por lo cual solicitó que sea apartado definitivamente de la lista de peritos al servicio del Poder Judicial. En ese marco Fomea mencionó que el profesional cuenta con al menos un antecedente similar “en la causa ProchemBio de la que fue removido en 2016 por faltar a la verdad sin sustento técnico y actuar con total parcialidad favoreciendo a la empresa”.
En relación a su desempeño en la causa Atanor, Fomea refirió que “no aportó ningún dato concreto de cómo y cuándo la empresa puso en funcionamiento las mejoras en el tratamiento de los efluentes ordenados en la sentencia que dictó la jueza Luciana Diaz Bancalari”.
De esa manera hicieron referencia a la condena dictada en marzo de 2023 contra Atanor por provocar daños irreversibles en el curso del río Paraná con la descarga ilegal de desechos tóxicos. En ese fallo, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás dio por acreditado que la empresa contaminó aire, suelo y tierra en torno a su planta industrial ubicada en el ejido urbano de San Nicolás donde hace décadas los vecinos de barrio Química y Ponce de León denuncian afecciones en la salud vinculadas a la degradación ambiental que provocan los residuos peligrosos. También se condenó a que la empresa adopte medidas urgentes de protección al ambiente y la salud pública que según Fomea “al día de hoy continúan siendo incumplidas por Atanor”.
El reclamo de la ONG señala que el ingeniero De Larrosa “no inspeccionó la planta industrial y que no describía en sus informes periciales cuáles eran las reales condiciones de la empresa y las supuestas mejoras que esa empresa realizó en el tratamiento de sus residuos líquidos”.
En ese sentido advierten que “las graves irregularidades que el ingeniero De Larrosa cometía en su desempeño profesional eran luego replicadas en el expediente judicial por los abogados Juan Carlos Marchetti y Pablo Capriotti, defensores de la empresa Atanor, quienes se presentaron ante la jueza alegando las mismas exactas palabras que el ingeniero había expresado en sus cuestionados informes periciales”.
Por último, Fomea agregó que “por nuestra parte seguiremos trabajando para que la empresa cumpla con la sentencia judicial y además evaluamos realizar las correspondientes presentaciones ante el Colegio de Ingenieros para que tome medidas ante la reiteración de hechos graves protagonizados por el ingeniero Fausto de Larrosa y solicitaremos ante quien corresponda que sea apartado definitivamente de la lista de peritos al servicio del Poder Judicial”.
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