Notice: Undefined offset: 0 in /home/elciudadanoweb/public_html/wp-content/themes/elciudadanoweb2016/header-interior.php on line 23
Un registro para objetores – Diario El Ciudadano y la Gente
Ciudad

Un registro para objetores

La diputada provincial del SI Alicia Gutiérrez presentó un proyecto para la creación del Registro Provincial de Objetores de Conciencia para aquellos médicos que pidan ser relevados de cumplir determinada práctica, como el aborto no punible, la esterilización y el uso de anticonceptivos hormonales.

La iniciativa de Gutiérrez contempla que “el objetor deberá suscribir una declaración acorde a un formato tipo que le será provisto por la Secretaría de Salud a través del servicio de salud en el que se desempeñe”. Y puntualiza que “en esa manifestación los profesionales deberán comprometerse a ejercer la objeción en ámbitos asistenciales tanto públicos como privados”.           

La propuesta de la legisladora tiene como objetivo que “el objetor sea relevado del cumplimiento de la práctica objetada” y pide que se disponga “la organización de las funciones ordinarias o programadas y las guardias, garantizando la asistencia de personal no objetor a fin de asegurar el derecho de las personas que requieran la realización de prácticas o métodos objetados”.

El proyecto de Gutiérrez procura “avanzar sobre estos hechos a partir de posiciones individuales de algunos miembros del personal de salud”, en referencia a la posición que adoptó el jefe del Servicio de Ginecología del Heca, Rafael Pinedo, quien hace unas semanas anunció que no compartía determinadas prácticas médicas, como el aborto no punible, al declarar que está “a favor de la vida y en contra del aborto en cualquier situación”.

La postura de Pinedo causó gran revuelo, al punto que el secretario de Salud municipal, Lelio Mangiaterra, salió a marcarle la cancha: “El hecho de que sea el jefe (de Ginecología) no determina que sea él quien decida lo que se hace en el servicio. Si no entiende esto va a haber problemas porque él no determina la política sanitaria, aunque es cierto que no le escuché decir que desde su lugar vaya a torcer la política sanitaria del municipio”. El tema también rebotó en el Concejo Municipal, donde repudiaron las declaraciones.

La diputada Gutiérrez busca con la creación del Registro Provincial de Objetores de Conciencia “respetar el derecho individual, pero a su vez obligar al Estado a brindar las prestaciones de salud imprescindibles”.

Entre los fundamentos expresados en su proyecto, la legisladora menciona que la interpretación del artículo 86 del Código Penal “no garantiza el ejercicio efectivo de estos derechos por falta de una reglamentación pertinente y una interpretación correcta por parte de los operadores de justicia y de salud”. Y advierte que “este vacío obliga a las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, como resultado de un ataque sexual o alguna situación que pone en peligro su vida, a recurrir a practicantes sin escrúpulos, arriesgando su salud física y mental y, en muchas ocasiones, su vida”.

También indica que “los casos de aborto terapéutico, lejos de ser hechos aislados, suelen presentarse en reiteradas ocasiones”. Y si bien aclara que en Santa Fe “no hay bases estadísticas sólidas sobre la materia”, los abortos realizados en distintos efectores públicos provinciales “exceden holgadamente los tres mil anuales”.

Gutiérrez consideró que “es frecuente que el personal médico se niegue a practicar los abortos no punibles establecidos en el Código Penal y exija una autorización judicial para realizarlos. Este requisito no está previsto en la ley y su exigencia impide, en muchos casos, el goce del derecho a la salud y a la autonomía. Este requerimiento afecta especialmente a las mujeres de sectores sociales más vulnerables y provoca una discriminación por condición social, ya que las mujeres de mayores recursos pueden, generalmente, acceder a un aborto seguro, practicado en clínicas privadas, o pueden asumir con mayor facilidad los costos de recurrir a la Justicia”.

Por último, la diputada afirmó que con su proyecto se revela “una decisión estatal de no vulnerar los derechos de los operadores de la salud a la vez que garantiza el derecho a la salud, garantizando así el deber del Estado de proteger a los ciudadanos que requieren su atención en centros asistenciales”.

EDICIÓN IMPRESA

MÁS LEÍDAS

Subir

Diseño y desarrollo Departamento Sistemas Diario EL Ciudadano & La Gente