La política penitenciaria que puso en marcha el gobierno de Hermes Binner fue un cambio de paradigma que se basó en cinco ejes fundamentales: abrir la prisión, asegurar derechos, reducir daños, democratizar y reintegrar socialmente “a pesar” de la cárcel. Los lineamientos quedaron plasmados a comienzos de 2008 en un documento básico con el que fueron convocados distintos profesionales, que en el transcurso de este año alertaron sobre el “desmantelamiento” de esas políticas y el “agravamiento” de las condiciones de vida de los detenidos. La respuesta de las autoridades, según los trabajadores, fue desmedida. Denunciaron persecución ideológica, aprietes, intimidaciones y armado de sumarios.
En diálogo con El Ciudadano, un grupo de profesionales conformado por psicólogos, asistentes sociales y terapistas ocupacionales manifestó que existe un detrimento en las condiciones de trabajo de las unidades penales santafesinas que comenzó con el desmantelamiento de las políticas penitenciarias que puso en marcha el primer gobierno socialista provincial y siguió con el “acoso laboral”, que atribuyen a su reciente sindicalización gremial a través de la cual realizaron numerosas denuncias públicas. Entre ellas, que trabajan bajo el régimen de una ley orgánica —la 8.381— proclamada durante la última dictadura que constituye el estado penitenciario sobre los empleados, prohíbe agremiaciones y peticiones colectivas.
Persecución
De acuerdo al relato de los trabajadores (cuyos nombres se mantienen en reserva), la actual gestión les obstaculiza cumplir con los cinco ejes del documento básico al tiempo que los persigue con el armado de sumarios por sus posiciones críticas respecto al “reciente giro de las políticas públicas”. Según manifestaron es una “caza de brujas” ya que los sumarios que pesan sobre algunos de ellos son “armados” y aparecieron después de reuniones o mesas de diálogo en las que plantearon incumplimientos concretos en la situación de detenidos.
Olor a marihuana en un baño donde estaban detenidas con una trabajadora social, una donación de ropa donde había un pantalón y una camisa con colores similares a la ropa de los penitenciarios y la foto en el facebook de un detenido junto a una trabajadora social derivaron en tres causas paralelas por facilitar el consumo de drogas, la fuga y por trato familiar impropio.
Consultado sobre el tema, Pablo Coccocioni, subsecretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, dijo que los sumarios están en curso pero negó cualquier vinculación con la sindicalización de los trabajadores (ver aparte).
“El sumario es una medida de investigación cuando hay algo que no se sabe cómo sucede. Alguien hace un informe sobre una trabajadora social que estaba con internas fumando un porro en el baño y se le abre una causa como facilitadora del consumo de drogas. El mismo Coccocioni viola el principio de inocencia porque sale a decir en la radio que el hecho es real, cuando no se probó. Fue una denuncia de una empleada de la Unidad 5 que ni siquiera la hizo en el momento y no se montó el dispositivo que se debe hacer en esos casos, como llamar de inmediato al jefe de vigilancia y dar cuenta a la Policía Federal. Son sumarios que en realidad terminan confirmando cómo funciona un sistema inquisitivo”, dijo uno de los trabajadores tras remarcar que el sumario se abrió luego de que la trabajadora denunciara en un programa radial la falta de servicios médicos en una unidad de mujeres.
Otro de los sumarios que también recayó sobre una trabajadora social fue a raíz de una foto que subió un preso en su facebook. “Se lo hacen por trato familiar impropio. La imagen la habían sacado con una notebook en la biblioteca en el marco de una actividad colectiva. Arman una investigación y tratan de hacerle decir al detenido que en realidad esa foto era algo de intimidad porque él estaba con el torso desnudo. Como no llegan a esa conclusión le adjudican una falta a la trabajadora, por su condición de mujer. Es un claro hecho de discriminación, oprobio, chicaneo y difamación”, agregó otro de los profesionales.
A la misma trabajadora social se le abrió otro sumario por un acto preparatorio de fuga. Según dijeron sus compañeros “como la primera causa no implicaba un efecto rotundo le abrieron otra con un informe viejo que había quedado depositado una vez que la trabajadora social llevó ropa a un penal donada. La ropa la pasó por la requisa y ahí le dijeron que dos prendas no podían entrar porque era parecida a la indumentaria de los penitenciarios. Ese sumario no hay forma de contestarlo porque desde el inicio la están juzgando. Pero en realidad en ella están quemando un montón de otras cosas. La posibilidad de asociarnos y la solidaridad entre trabajadores”.
Para los profesionales, las causas son persecutorias y están relacionadas con peticiones concretas. “Esta compañera fue sumariada luego de denunciar en una mesa de diálogo la situación de un detenido en la Unidad 11 de Piñero con un grave problema de salud, por pedir que tenga una asistencia adecuada. Y antes de sumariarla la trasladaron a la Unidad 1 de Coronda, siendo que tiene domicilio en General Lagos. Cuando llegó a su nuevo lugar de trabajo le notifican el sumario por la foto del facebook. “A partir de esa cacería muchos profesionales presentan la baja, renuncian o piden licencias sin goce de sueldos para no caer en una situación de mayor persecución. El resultado es precarización para los detenidos porque somos menos y no llegamos o damos una asistencia de inferior calidad a la que propone el documento básico, por ejemplo hay 13 profesionales para 650 internos de Piñero, es imposible”, agregó un trabajador tras remarcar que en Coronda, donde hay unos mil detenidos, los profesionales no llegan a 20. En ese sentido, integrantes de los Equipos de Acompañamiento para la Reintegración Social (Ears) repasaron los cinco ejes principales del documento básico de 2008 que dicen está siendo desmantelado:
Abrir la prisión consiste en darle visibilidad a todo lo que acontece dentro de la cárcel a través de la participación de actores externos con actividades culturales y recreativas. Asegurar derechos busca reforzar el lenguaje de los derechos como superación de la lógica de premios y castigos. Reducción de daños se basa en el reconocimiento de que la prisión, en su funcionamiento tanto real como imaginario, es una máquina de producción de sufrimiento y degradación en las personas privadas de su libertad como en los trabajadores penitenciarios, planteando desmontar los mecanismos generadores de tales humillaciones y denigraciones. La reintegración social a pesar de la prisión plantea una resignificación de la finalidad de las intervenciones, reinterpretadas y reconstruidas sobre la base del reconocimiento de los efectos negativos que la prisión genera en las trayectorias vitales de las personas privadas de la libertad. Por último, la democratización plantea la toma en consideración de la voz de las personas afectadas, tanto presos como trabajadores penitenciarios, a los fines de que tengan un lugar en el proceso de toma de decisiones y construcción de consensos.
“El retroceso de estos lineamientos tiene que ver con una forma de gobernar la organización. Para ser democrático te tenés que bancar el conflicto, el disenso, escuchar al otro que no dice lo mismo que vos. Y el poder se construye con esa disidencia. Pero da la impresión que es mucho más fácil gobernar autoritariamente que abrir el diálogo”, dijo uno de los trabajadores tras mencionar que la ley orgánica de 1978 que los rige “es el garrote con el que nos vienen pegando” y recordó que “la idea de modificarla no es nuestra sino de la misma gestión que nos convocó”.
“No renegamos de los objetivos progresistas”
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Pablo Coccocioni, dijo que está al tanto de los sumarios que se abrieron a profesionales del Servicio Penitenciario aunque desmintió que se trate de una persecución ideológica. En diálogo con El Ciudadano, reconoció que está demorado el “anteproyecto” para modificar la ley orgánica del año 78 y dijo que hasta tanto no esté concretado un cambio los empleados penitenciarios no pueden sindicalizarse. En relación al documento básico del que denuncian “desmantelamiento” aclaró que “no se están abandonando sus principios pero tampoco lo tomamos como una Biblia”. En ese sentido, el funcionario señaló que si hay una Biblia es “la Constitución y los tratados de derechos humanos” y explicó que el documento básico de 2008 fue una declaración de intención de una gestión política: “No estamos renegando de los objetivos progresistas, estamos buscando formas más objetivas” de alcanzarlos, indicó. Consultado sobre la baja de profesionales en el SP, Coccocioni detalló que hubo dos pedidos de baja, pero también mucha gente que ganó concursos en el Poder Judicial y se fue. “Desde la institución se interpreta como una pérdida, pero es un orgullo” en materia de recursos humanos, expresó.
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