La delegación local del gremio de la construcción, Uocra, denunció que ayer se le impidió el ingreso a su trabajo a 35 empleados de una de las empresas que edifica las viviendas sociales en la llamada Zona Cero de Rosario, CIC (Construcciones Industriales y Civiles). La firma fundó su decisión en la falta de pago de los certificados de obras por parte de la provincia, una circunstancia que –adujo– se remonta a septiembre pasado y a esta altura le impide seguir cumpliendo con sus compromisos laborales. La semana pasada, el sindicato, la Cámara de la Construcción y el gobierno santafesino habían sellado un acuerdo por el cual la Casa Gris se comprometía a liberar algunos fondos y las compañías a no producir cesantías. Fue luego de otro incidente similar en la obra de lo que será el nuevo Hospital Regional de San Martín al 6900, en la zona sur de la ciudad. Al cierre de esta edición, se producían reuniones para revertir los nuevos despidos o, en caso contrario, definir medidas gremiales.
Según el dirigente de la Uocra Ricardo Meza, originalmente la constructora CIC había contratado para el plan habitacional asentado en Nuevo Alberdi a unas 120 personas, de las cuales ahora apenas quedan 50 porque algunos albañiles se retiraron de la obra ante mejores ofertas laborales. Pero los problemas ya estaban anunciados: el medio centenar de empleados de la firma rosarina retornaba justo ayer a sus tareas tras una suspensión de 20 días asentada en la misma argumentación patronal, que carga las tintas en las deudas del Ejecutivo provincial. Fueron 35 trabajadores los que se encontraron con la sorpresa: mediante un cartel, se les informaba que habían sido despedidos, aunque sólo a algunos de ellos les llegó el telegrama respectivo.
Desde el área de Vivienda del gobierno provincial, por su parte, afirmaron que los atrasos en los pagos de certificados de obra se remontan “como mucho a octubre” pasado, y que se estaban girando algunos fondos a las empresas para, precisamente, no generar despidos en función del pacto alcanzado la semana pasada.
El Ejecutivo provincial es responsable en principio de certificar los avances del Programa Habitacional Rosario Norte (o Zona Cero) y de financiar las obras de infraestructura necesarias, mientras que del costo de las viviendas propiamente dichas se debe hacer cargo el Estado nacional a través del Programa Plurianual de Construcciones de Viviendas (Federal II). Sin embargo, la Casa Gris decidió correr con todos los gastos tras denunciar que la administración central sólo había girado los anticipos financieros en 2009, y que desde entonces –reprochó– no había cursado más partidas.
CIC tiene a su cargo la construcción de 223 unidades habitacionales de las 1.443 que abarca la “zona centro” del mismo plan social. Se trata de una primera etapa que ocupa 52 hectáreas de terreno en el que también se emplazarán locales comerciales, espacios verdes, jardines maternales, un centro de atención primaria de salud, tres escuelas y un destacamento policial. El total del Programa Habitacional Rosario Norte contempla 4.500 viviendas sociales en un espacio de 167 hectáreas.
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