El dirigente bancario y ex titular de la obra social del gremio, Juan José Zanola, pagó ayer la fianza de 700 mil pesos y ayer a la tarde quedó en libertad tras estar poco más de dos años preso por la causa de la llamada “mafia de los medicamentos”.
La suma en efectivo fue depositada en una sucursal del Banco Ciudad por su abogado, Martín Badalá, quien formalizó la gestión en la oficina del juez federal Norberto Oyarbide, en el Tribunal Federal de Retiro.
El abogado depositó también las cauciones correspondientes a la mujer de Zanola y ex administradora del Policlinico Bancario, Paula Avallay, y a su colaboradora Susana Fiona, ambas de 300 mil pesos cada una.
Los tres fueron liberados ayer al concluir todos los trámites procesales en distintos pabellones del penal de Ezeiza donde estaban alojados.
En cambio, otro de los beneficiados por la decisión de la Cámara Federal de anteayer, el empresario Néstor Lorenzo, anunció por intermedio de su abogada Claudia Balbín que no está en condiciones de depositar los 700 mil pesos fijados ni ofrecer bienes inmuebles para materializar la excarcelación, por lo que apelaría el monto.
Por su parte, el financista Ivar Pérez Corradi depositó los 100 mil pesos que Oyarbide estableció como caución y también fue puesto en libertad.
La libertad de los últimos procesados presos en esta causa se realiza sin perjuicio de la continuidad de la causa, que tiene una treintena de imputados, pero llegarán en libertad al juicio.
Zanola está procesado como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita para comerciar medicamentos adulterados, vencidos o robados, un cargo que también corre para Lorenzo, en tanto las dos mujeres serían participes necesarias de esa operatoria.
La Sala II de la Cámara dijo que no se justifica mantener detenidos a los procesados, ya que el prolongado tiempo que lleva el sumario se debe a “deficiencias” de la investigación y no a la complejidad de la causa, uno de los argumentos de Oyarbide para prorrogar por un año las prisiones preventivas.
Las “demoras”, de acuerdo a los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, surgieron por la “deficiente técnica investigativa” y no por “la propia naturaleza de los hechos investigados”.
Agregaron que, para extender la prisión preventiva más allá de dos años, “no sólo debe verificarse la concurrencia de riesgos procesales sino que también debe demostrarse por qué, en una investigación en la que la detención ya ha superado el plazo aludido, su continuidad es inevitable para garantizar su finalidad”.
Antes de su salida de la cárcel, la Cámara había negado nueve pedidos de excarcelación que presentó su defensa, bajo el argumento de que existía peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, sumado a la existencia de medidas de prueba en marcha.
Incluso, tampoco había tenido suerte el abogado de Zanola con un pedido de prisión domiciliaria alegando cuestiones de salud, ya que el juez sólo dispuso que tenga los cuidados necesarios en el hospital que funciona en el Complejo Federal de Ezeiza.
Desde que fue detenido, Zanola tuvo como abogados al trío Armando Murature, Federico Figueroa y Mario Fenzel; también contó con los servicios de Mariano Cúneo Libarona; de José Luis Fabris; de Daniel Pastor y Gustavo Trovato; y desde hace algunos meses cuenta con el asesoramiento de Martín Bagalá.
Lo llamativo es que Bagalá ejerce la defensa de Zanola con un abogado español que cuenta con pedido de extradición desde España, por una supuesta estafa al dueño de un medio de ese país.
Se trata de Emilio Rodríguez Menéndez quien se desempeñaba como co defensor, aunque por su condición, en la causa se le había otorgado el rol de “gestor”.
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