La decisión del Ejecutivo argentino de recuperar YPF sigue inquietando al gobierno español y empresarios de ese país, que siguen de amenaza en amenaza. El canciller español, José Manuel García-Margallo, afirmó ayer que con la expropiación de YPF a la petrolera Repsol, “la Argentina ha elegido el camino del aislamiento”, y advirtió que “no será posible” un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur si la Casa Rosada “no respeta las reglas de juego”. En tanto, accionistas minoritarios de Repsol anunciaron que iniciarán “distintas actuaciones legales” en la Argentina y posiblemente ante organismos internacionales en rechazo a la expropiación de acciones que la empresa tenía en la petrolera nuevamente argentina, al considerarse perjudicados en “miles de millones de euros”.
El canciller García-Margallo planteó que “es probable” que la UE “adopte medidas” contra la Argentina, entre ellas, “adelantar el fin de las preferencias arancelarias” que recibe y que “terminan en 2014”, y se quejó porque cuando Buenos Aires “pierde” en los tribunales internacionales, como el Ciadi, “no paga”.
“El daño mayor que está sufriendo la Argentina es el reputacional. En un momento en el que cualquier nación depende de sus relaciones con el exterior, la Argentina se coloca al margen del mundo y ahora está buscando desesperadamente el dinero que necesita para pagar, si es que piensa pagar, la expropiación, y para explotar el yacimiento Vaca Muerta (Neuquén), para lo que necesita unos 20 mil millones de dólares”, planteó.
El ministro de Mariano Rajoy remarcó que “de 139 casos que hay pendientes en el Ciadi, 50 son de Argentina, y con un añadido, que es que Argentina cuando pierde no paga”.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) publicó un comunicado en el que precisa que “los accionistas minoritarios de Repsol iniciarán acciones legales en Argentina contra la expropiación de YPF” y que serán asesorados por el abogado argentino Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia en el gobierno de (Carlos) Menem y el estudio Cremades & Calvo-Sotelo. “Es un acto arbitrario e ilegítimo, que causa graves perjuicios a los accionistas de Repsol, en especial a sus minoritarios, que ven caer el valor de la acción en los mercados hasta un 30%”, denunció Aemec.
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