El Ciudadano
Un directivo de la Yerbatera Martin, empresa quebrada, denunció a los ex trabajadores de la firma, hoy cooperativizados, de haber bajado el valor de un campo misionero (que es parte de la quiebra y se encuentra hipotecado por el Banco Nación) y de comprar la hipoteca para quedarse con el predio a menor valor.
En diciembre último, Alberto Martin logró parar la escrituración de la cesión de derechos litigiosos sobre ese crédito a favor de la Cooperativa de Trabajo La Hoja Limitada, que pagó la deuda de la firma con un enorme esfuerzo de los trabajadores con el objetivo de que siga dentro de los activos de la yerbatera para mantener la producción y los 120 puestos laborales.
El juez de la instrucción penal preparatoria Nicolás Foppiani, en una audiencia, destacó una escasa profundización de la evidencia por parte de la Fiscalía, a cargo de Sebastián Narvaja y Mariano Ríos Artacho, después de dos meses de dictada la medida de “no innovar” y, así, resolvió dejar sin efecto la cautelar, lo que implica que los trabajadores podrán celebrar la escritura que los reconoce como acreedores de la deuda hipotecaria sobre el campo.
La Yerbatera Martin y cía. se fundó en Rosario en 1894. Entre sus productos tienen uno emblema, la yerba La Hoja. La firma se mantuvo en la familia Martin, pero en sus últimos años de gestión empresarial tuvo varios tropiezos, hasta que se decretó su concurso preventivo en 1997.
Tras un largo derrotero judicial fue declarada en quiebra en 2008. Después de ello, sumado a que en el Juzgado Civil y Comercial en el que se radicó el trámite estuvo vacante por varios años, la firma anduvo en piloto automático, dijo el abogado defensor de los directivos de la cooperativa, Héctor Superti.
Entre la quiebra y el momento en que se hicieron cargo de la administración los trabajadores hubo algunas empresas que la gerenciaron, sin réditos para el proceso concursal; incluso una de ellas debió dar un paso al costado por acusación nada menos que de trabajo esclavo, se escuchó en la audiencia.
Al tribunal que entiende en el concurso llegó en un momento el juez Fabián Belizzia, quien resolvió que los trabajadores cooperativizados se hicieran cargo de la gestión de la empresa, junto con la firma Demirol, lo que sólo duró algunos meses, hasta que la empresa quedó afuera por no pagar los cánones establecidos judicialmente. También debió afrontar una multa esta firma incumplidora, explicó una fuente del caso.
Los trabajadores quedaron luego a cargo con una co-administración, compuesta por tres profesionales fijados por el juez con facultades de supervisión, además de la Sindicatura. Y así funciona desde 2015. Desde entonces la cooperativa paga un canon mensual a la quiebra por la explotación de la firma.
El campo en Misiones
Entre los activos de la empresa quebrada se encuentra un campo de 1.600 hectáreas en la provincia de Misiones. Este inmueble, donde además habitan comunidades originarias al igual que en otro campo que la firma tiene en Santiago del Estero, es objeto de conflicto.
El mencionado Alberto Martin, quien supo ser ejecutivo de la empresa quebrada, presentó una denuncia penal contra el consejo de administración de la cooperativa por supuesta administración fraudulenta y, en diciembre pasado, la Fiscalía pidió a la jueza penal Silvia Castelli una medida de no innovar, a los fines de que los trabajadores no firmaran una escritura de cesión de derechos litigiosos sobre la hipoteca que el Banco Nación tiene sobre este campo misionero.
La denuncia
Según relataron los fiscales Mariano Ríos Artacho y Sebastián Narvaja, en una audiencia penal que se llevó adelante el pasado jueves 16, el susodicho Martin denunció que el campo es el principal activo de la firma quebrada, de la cual fue ejecutivo, y era “muy productivo”.
Pero, según expresó, de acuerdo con su saber y entendimiento “no fue cuidado” por los cooperativistas y la motivación de esta acción es la “persecución de un beneficio propio a la cooperativa”, porque en el marco de la quiebra el principal acreedor es el Banco Nación y es un acreedor privilegiado.
La cooperativa fue autorizada por la Justicia a pagar el crédito de la fallida firma al banco y, después de una serie de pagos, se pactó que el banco cediera esa posición de privilegio que tenía en la quiebra a favor de la cooperativa, contó uno de sus trabajadores.
Según la Fiscalía, la maniobra denunciada por el referido Martin consiste en dejar un crédito sobrevaluado y dejar el campo en situación de descuido, adrede, para bajar su valor. Luego, según esta hipótesis, pedir una compra directa dentro de la quiebra y usar el crédito como moneda de pago.
Ante la denuncia de Martin -que se radicó justamente pocos días ante de que se formalizara la escritura de cesión de la deuda del banco a la cooperativa-, los funcionarios de la Fiscalía Regional Rosario pidieron una medida cautelar de no innovar, para que no se escriturara, lo que otorgó la jueza Castelli.
Esta medida fue el punto central de la audiencia que se llevó adelante el pasado jueves 16, cuando la Fiscalía pidió que se mantuviera. Los fiscales dijeron que, en el caso que fuera cierta la denuncia, se estaría ante una administración fraudulenta. Y añadieron la posible hipótesis de un “hombre de paja”, porque entienden, los empleados del MPA Mariano Ríos Artacho y Sebastián Narvaja, que puede haber algún inversor, un tercero, detrás: dijeron también que van a investigar cómo la cooperativa, o sea la firma que quebró en manos de los empresarios y que ahora está en manos de sus trabajadores, pudo conseguir los fondos para levantar la hipoteca.
Los fiscales le dieron entidad a la denuncia “reconociendo que aún les falta realizar una serie de medidas para corroborar esta información”, se escuchó en la audiencia. La postura fue apoyada por el abogado del susodicho Martin, quien pidió hablar “en base a la ley de protección a las víctimas”.
Con la mente y el corazón en el proyecto cooperativo
El defensor Héctor Superti, en su fundamentación, refutó todos y cada uno de los argumentos acusadores y reclamó que la Fiscalía aplique el principio de objetividad en el caso. Pidió entonces que se dejara sin efecto la medida cautelar.
El abogado dijo que la Fiscalía “no tiene idea de qué se trata” este caso, e hizo un recorrido por la historia del proceso universal de quiebra en el fuero civil desde 1998, cuando el juez dijo que la administración de los bienes falenciales le corresponde al tribunal a través de la Sindicatura: “Parece que son dos sistemas que no se conocen y lo que se dice acá no tiene nada que ver con lo que pasa en el otro proceso”.
Superti cuestionó el derecho de la fallida, o sea el empresario que llevó la firma a la quiebra, respecto del carácter de víctima que el abogado de Martin adujo en la audiencia, aunque no se opuso a escucharlo y aclaró que es el juez civil el que está en juego como administrador y la fallida sólo tiene derecho a un remanente que pueda quedar tras la finalización del proceso, que ya lleva nada menos que 26 años.
El representante de la firma asociativa resaltó que el denunciante no se quejó durante los primeros años de la quiebra, cuando la empresa fue explotada por firmas que no pagaron la renta que correspondía. “No dijo nada ni se quejó”, recordó.
Explicó también Superti que tras la malograda actuación de estas empresas, el juez Bellizia decidió rematar los bienes que no estaban hipotecados y liquidar la sociedad, pero los trabajadores propusieron la cooperativa para conservar los puestos de trabajo. “Después de siete años y gracias al trabajo de los cooperativistas la empresa es productiva” explicó, para añadir de inmediato: “Allí se origina el problema”.
Relató el abogado asimismo que los trabajadores se encontraron con un escollo, que fue la hipoteca sobre el campo de Misiones, porque al ser acreedor privilegiado el Banco Nación inició un proceso para rematarlo: si esto pasaba la cooperativa no iba a poder seguir adelante. Entonces, con base en la ley, pidieron la suspensión de esa ejecución por dos años y entraron en tratativas para pagar el crédito.
Con intervención judicial y del directorio del Banco Nación, que incluyó la participación de organismos técnicos de la entidad, se hizo un convenio de pago que la cooperativa terminó de abonar a fines del año pasado y, cuando estaba todo dispuesto para la cesión del crédito en forma litigiosa ante escribano, “apareció” la denuncia y la intimación a la escribana para que no se llevara adelante el acto.
En la denuncia del mencionado Martin se dice que había “posibilidad de lavado” y la Fiscalia habló de un hombre de paja, dijo Superti y explicó que el Banco Nación dice en su informe que los pagos contables fueron perfectamente acreditados.
Además, la pandemia tuvo su beneficio para la industria yerbatera, ya que se pasó de un mate compartido a uno por persona y ello elevó las ventas, describió Superti, y añadió: “Los trabajadores lograron un subsidio que se tradujo en pago a los proveedores y un beneficio para la cooperativa que invirtieron en el pago del crédito”.
Y aclaró Superti que, si bien la ley permite la compra directa a la cooperativa, ese procedimiento debe estar autorizado por el juez de la quiebra: “Cuando ejerce un derecho que nace de la ley no puede cometer un delito”.
La decisión
El juez Foppiani, a su turno, aclaró que no se iba a referir a la investigación fiscal, que seguirá adelante, y se refirió puntualmente a la medida de no innovar.
“El efecto de esta medida cautelar no guarda una proporcionalidad con la apariencia de responsabilidad y con la evolución en el tiempo”, dijo. Aseguró que pudo haber una apariencia del derecho, pero pasaron dos meses sin haberse verificado por parte la Fiscalía una operatoria para bajar el valor de un inmueble.
Y agregó el magistrado Foppiani que no se mencionó una connivencia del tribunal de origen: “No entiendo por qué no se trajo una entrevista al juez, salvo que le pidan el desafuero y lo vayan a imputar; tampoco una visita a este campo de los fiscales o veedores de la Fiscalía”.
Además, dijo el juez, se interrumpió un proceso de compra directa que está sujeto a una aprobación jurisdiccional, que no se alegó por parte de los empleados, del MPA, que estuviera viciado. “No me quedó claro en qué carácter está interesada la parte denunciante”, dijo Foppiani, pero prefirió focalizarse en la cautelar y resolvió dejarla sin efecto, notificar a la cooperativa, al juez de la quiebra, al banco y a la escribana, que iba a intervenir en la cesión, para que se informe que no existe impedimento para llevar adelante el acto.
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