Guillermo Correa
“Creemos que es un avance significativo en la lucha, en la resistencia de los pueblos fumigados. Tiene que ser una fuerte caja de resonancia para la Legislatura provincial, para avanzar en la reforma de la ley provincial”, dice el abogado Lucas Micheloud. Es que ahora, por vez primera en territorio santafesino, un productor ha sido acusado penalmente, y el letrado va a contar a El Ciudadano por qué.
Se trata de una larga y puntillosa investigación, proceso en el que el pasado 26 de octubre Jesus Gilberto Mario Mosca, arrendatario de un campo, quedó formalmente imputado por haber adulterado, envenenado y contaminado de un modo peligroso para la Salud Pública el suelo, la atmósfera y el ambiente en general. Una docena de familias de Cañada de Gómez vienen siendo sus víctimas directas desde hace al menos cinco años, y la que se animó a denunciarlo no sólo no consiguió una rectificación de lo que estaba haciendo, sino una serie amedrentamientos que fueron creciendo en violencia.
Ahora deberá responder por ello y por todo, en lo que va a ser –y ya comenzó a serlo– un caso paradigmático a nivel nacional, que este lunes 6 tendrá un nuevo episodio: una audiencia judicial tratará pedidos de la defensa del productor: de no prosperar, la estación siguiente será el juicio.
Micheloud es uno de los profesionales del derecho que están dentro de una organización de organizaciones, una multitud que se fue formando a fuerza de malestares y achaques, al menos al principio; pero después se llenó de miembros al compás de cosas peores, síntomas graves, a veces muy graves, y también fatales.
Se llama “Paren de Fumigarnos”, ya está presente en prácticamente cada pueblo de la provincia, y generalmente con tres hilos conductores entre sus integrantes, situaciones que se replican independientemente de la geografía: aspersiones sobre viviendas, patios, mascotas y en ocasiones sobre la propia humanidad de quienes residen; desguarnecimiento por parte de los Estados a nivel local –en cuyo poder político tallan precisamente quienes fumigan– y prepotencia de los productores, parte de una voracidad que había llegado hasta a convertir banquinas de rutas en campos sojeros, incluso en la misma autopista Rosario-Santa Fe, hace no tantos años.
Hasta ahora, explica el abogado, venía siendo el fuero civil el que intervenía en casos de fumigaciones, y lo máximo que se lograba era la orden de retirar algo más lejos las aspersiones. Cumplir, en definitiva, con lo que establecen las normativas vigentes: una ley provincial, la 11.273, considerada insuficiente e incluso vetusta –es anterior a la habilitación del cultivo de la soja transgénica con su “paquete tecnológico” firmada por el ex canciller Felipe Solá en 1996, cuando era secretario de Agricultura de la Nación– que establece una franja de resguardo de 500 metros sobre zonas habitadas. Y ordenanzas, en las que cada localidad tiene una propia, generalmente haciendo equilibrio entre el poder sojero y la salud de los habitantes, en cancha inclinada al primero. Pero hubo ocasiones en que todo no funcionó así. Esta es una de ellas, y es, por sus características, fundante. Esta es la historia.
Contaminando la Cañada
La familia Cabrera vive al límite de la zona urbana de Cañada de Gómez. Pero no ella sola; ahí, en casas semirrurales con terrenos amplios, hay muchos otros residentes. Históricamente tuvieron sus rebusques para parar la olla, la propia, y hasta para vender excedentes. Gallinas que ponen huevos, pollos criados a campo, lechones, toda una gama que, combinada con huertas familiares, garantizaba además el acceso a una producción más natural a pequeña escala que la que pueden ofrecer las cadenas de comercialización usuales.
Ni siquiera en las producciones de huevos de mediana escala, que vienen de unidades donde –las más benévolas– “sólo” amuchan tres gallinas por jaula y “sólo” les cortan la punta del pico, para qué, literalmente, no rompan los huevos.
Los Cabrera y muchos otros productores, incluso los de Economía Social en Rosario, no hacen eso, y pueden hacer alguna diferencia con los llamados “huevos de campo”, visiblemente de otro color la yema. Bueno, los Cabrera ahora no.
Camino rural de por medio después de la propiedad de la familia empieza el alambrado, y el desierto verde y fumigado. La lógica productiva que se aplica allí se importó de los Estados Unidos junto al “paquete tecnológico” de la ahora Bayer-Monsanto: empezó como “Revolución Verde” en la década del 70 y se fue imponiendo sin pausa.
La consecuencia es visible: se siembra hasta arriba del alambre, y si hay una maceta, también.
La variable es el rinde. Para eso juega la eliminación de toda competencia o visitante, se usan herbicidas, plaguicidas, fertilizante, un cóctel químico que modifica todo el entorno. Se difundió como inocuo para la salud humana; se demostró que está lejos de serlo.
Por ello, la ley provincial 11.273 de fitosanitarios establece una distancia medio kilómetro, como se dijo, libre de aspersiones. Pero el arrendatario Mosca está imputado, entre otras cosas, por haber fumigado hasta el borde del camino, es decir, a 15 metros de la casa de los Cabrera y de varias otras viviendas frente al campo. Las consecuencias fueron inmediatas: chau huerta primero, pero también mortandad de animales de granja después… Y problemas de salud para todos.
Del mismo modo que ocurre con los “farmers” de Estados Unidos, que dan testimonio en no pocos documentales sobre el temor que le tienen a Monsanto, una empresa originaria de su mismo país, ninguno de los fumigados intentó denunciar la situación. Pero cuando Norma Cabrera se animó y lo hizo, la primera respuesta que recibió fue la violencia, privada… y también estatal.
No sólo fue amedrentada, lo que forzó que su caso saltara del fuero Civil al fuero Penal y que se hicieran más denuncias, sino que, cuando el caso ya estaba en plena investigación y se iban comprobando los hechos, la mira de los abogados de Paren de Fumigarnos empezó a centrarse también en la inacción de la Municipalidad de Cañada de Gómez. Lejos de los legados y enseñanzas de Ramón Carrillo, un prócer del peronismo, la gestión de la intendenta Stella Clérici no intervino para garantizar el cuidado de la Salud Pública. Los denunciantes entienden que más bien todo lo contrario.
Cañada de Gómez tenía una normativa ejemplar respecto de las fumigaciones, que establecía una zona de resguardo de 3.000 metros, es decir un cinturón que equivale a más del doble y casi al triple de la distancia mínima de alrededor de un kilómetro recomendada a nivel científico, y que es la que toman reconocidos médicos e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario como Jorge Kohen y Damián Verzeñassi.
Pero cuando comenzaron las audiencias judiciales para escuchar testimonios y presentar pruebas, el Concejo Municipal modificó la ordenanza y redujo esa distancia a 150 metros. No son los 15 que le hicieron padecer a los Cabrera, pero los letrados Micheloud y Rafael Colombo –ambos de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas– entienden que ese cambio es presuntamente inconstitucional, ya que avasalla el principio de “progresividad”, esto es, el mandato de que las cosas deben ir a mejor, no al revés.
“Esto es escandaloso. Cañada de Gómez tenía una ordenanza vigente desde 1985, de las más de vanguardia en materia de protección a la salud pública y los ecosistemas, que prohibía fumigaciones con cualquier tipo de agrotóxicos –llámese biocida, herbicida, funguicida, etcétera– a menos de 3.000 metros. Luego de la denuncia que hicimos en 2018, a poco más de un mes se modifica esta ordenanza” lamenta Micheloud. Y explica que ya cuestionaron la normativa dentro de la causa penal: “Pero pero también lo vamos a hacer en sede Civil porque entendemos que es claramente inconstitucional”, sostuvo.
Lo que no tienen en claro los letrados es cómo se originó el proyecto que se aprobó: si fue un mensaje del Ejecutivo cañadense, iniciativa de algún edil, o qué. Y si quien detenta la autoría está vinculado a la producción sojera.
Pero no es todo: a Norma Cabrera, en paralelo, la visitaron funcionarios municipales, y le expusieron que ni la cría de pollos ni de chanchos se podía hacer en zonas urbanas, y que si quería producir, debía irse –ella sí– a 3 mil metros de distancia. Al campo.
¿Quién sabe?
Norma Cabrera realizó más de diez presentaciones; dos de ellas recientes, de los últimos meses. “Las fumigaciones han continuado desde 2015. Lo que nosotros hicimos en 2018 fue recoger las siete u ocho denuncias hechas hasta ese momento y presentarlas todas juntas en una denuncia global”, explica Micheloud.
Esas carpetas generaron que la Fiscalía decidiera iniciar una investigación penal. “En una de estas fumigaciones, en 2015 o 2016, plantines que ella tenía se le secaron todos. En la huerta perdió todo. Se le murieron animales, algunos chanchos abortaron. Esto generó que interviniera un médico veterinario de Cañada de Gómez y que diera cuenta de las consecuencias, el impacto que tenía en sus animales era por una exposición a venenos, que luego la investigación terminó corroborando que son los que utilizaba el productor”, relata el letrado.
La situación también fue corroborada por vecinos: les pasó lo mismo, y ya no podían criar animales como históricamente lo habían hecho. “Y cuando se hacían las fumigaciones, el mejor plan que tenían era irse de sus viviendas”.
Muchos de ellos no denunciaron ni testimoniaron, pero miembros de una familia no sólo corroboraron con testimonios lo que le ocurría a los Cabrera, sino que expusieron lo que les pasaba a ellos: simplemente lo mismo. “Son seis años de una lucha muy fuerte, acompañados por el colectivo Paren de Fumigarnos”, remarca Micheloud. Y recuerda que “Norma en todo este proceso ha sufrido serias amenazas de los productores, del arrendatario, del titular del campo”.
Eso, reconoce, hace que muchos no tengan la entereza suficiente como para denunciar lo que sufren, y en un contexto en el que el Estado local les soltó la mano, peor: “Habría que hacer un serio estudio epidemiológico en toda el área periurbana, porque hay muchos casos de patologías que están íntimamente asociadas con esto”. El abogado infiere que si no se hace, hay una señal más de complicidad con una situación que no sólo afecta a la media docena de personas de la familia de Norma Cabrera –su esposo, sus hijos y un nieto pequeño– sino a al menos a una docena de personas más de otras familias vecinas.
Ahora hay un problema institucional. ¿Por qué una norma protectiva y de resguardo que era “de vanguardia” en 1985, once años antes de que se permitiera el cultivo de soja transgénica, se modificó hasta quedar en rango irrisorio? La respuesta la van a dar los considerandos de la modificación de la norma, y también el mecanismo por el cual fue presentada: si se giró desde el Departamento Ejecutivo, o es de autoría de miembros del cuerpo legislativo. ¿Es otro síntoma de connivencia, continuidad del tiempo que se cultivaba soja hasta en las banquinas y por tanto las fumigaciones llegaban hasta a los autos que pasaban por derivación?
Ardua tarea le resta a la Justicia para determinarlo, de avanzar con el compromiso que los denunciantes le reconocen a los fiscales que investigaron el caso.
Es que también deberán determinar, si cabe, alguna responsabilidad, además del productor-arrendatario, al o los propietarios de la tierra, y al aplicador del agroquímico: de los anteriores no está todo dicho, pero quien fumigó sabía que estaba violando todas las disposiciones vigentes al llegar a 15 metros de distancia de una zona habitada, del mismo modo que sabe lo que está haciendo cualquiera que entra en casa ajena sin ser invitado.
Y finalmente a la intendencia: sospechan los abogados que Clérici no sólo tenía conocimiento de lo que ocurría, sino que tomó partido desprotegiendo más al más débil y facilitando el camino al más fuerte. “La intendenta fue denunciada en el año 2018, y a partir de esto se produjo la modificación de la ordenanza en el Concejo, donde hay ediles oficialistas. Y además es un caso de público conocimiento en Cañada de Gómez, con la cantidad de denuncias que se hicieron. Lo que sucede es que Norma no encontró ninguna respuesta, ni de las autoridades municipales, ni en las autoridades del Concejo Deliberante, ni en las comisarías”, ilustró Micheloud.
Así se hace
En cada una de las denuncias que Norma Cabrera fue haciendo y se sumaron a a una vasta y compleja investigación, había un episodio que la ponía contra las cuerdas. Las formas de comunicarse con ella, que ahora deberán ser elementos de prueba, parecían encerrar un solo mensaje: el que tiene plata hace lo que quiere.
Y transcurrió un lustro de total impunidad hasta ahora cuando el proceso que comienza a abrir deberá tener respuestas a preguntas más que simples. Por ejemplo, ¿envenenar a alguien es un intento de homicidio? ¿O no siempre? ¿O depende quien lo haga? Muestras de suelo, agua y sangre comprueban que Cabrera ha sido envenenada, no dudan los abogados. Y fumigar a 15 metros cuando la distancia de reguardo es 3.000 metros, ¿es envenenar a alguien? ¿Y cuando es de 150 metros?
En realidad son miles las preguntas que pueden transitar por el recinto, con una investigación ya en estado avanzado hasta un punto. Queda ver cómo sigue transcurriendo todo. Pero, ¿cómo empezó? ¿Y qué le representa a alguien que padece una situación análoga? ¿Qué puede hacer?
“Primero tienen que saber que tienen derecho a no vivir bajo estas condiciones, a ser fumigados, a ser contaminados, a tener glifosato en la sangre. Saber que existen espacios de contención como la Multisectorial Paren de Fumigarnos, que está en toda la provincia, que recoge precisamente esta problemática y que está también integrada por abogados. En nuestro caso también formamos parte del equipo legal de la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas y estamos dispuestos a acompañarlos en estos procesos. Así que lo fundamental es animarse a hacer la denuncia”, responde Micheloud.
Pero El Ciudadano quiere más precisión: ¿qué cuesta?
—No, nosotros actuamos por una cuestión de compromiso con las comunidades y con los vecinos. Hacemos un asesoramiento y una gestión de todos estos trámites, “pro bono”, es decir sin ningún tipo de costo para el vecino o la vecina, aclara el letrado, apelando a la definición de “para el bien público”.
“Hay todo un modelo, el agronegocio, que está profundamente cuestionado por ser altamente contaminante, por ser enemigo de la biodiversidad. Hay ahí una serie de testimonios en todo el país que dan cuenta de esto: pensemos por ejemplo en las Madres de Barrio Ituzaingó en Córdoba, las Escuelas Rurales en Entre Ríos… Por tanto el primer paso es animarse a denunciar, acercarse a esos espacios, como la Multisectorial, y a conversar con otros vecinos de otras localidades para ir buscando una salida a todo esto”, concluye el letrado.
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