Guillermo Correa
“Hace tres años les informábamos a lxs ciudadanxs argentinxs lo que se venía, los tarifazos de luz, gas y agua”, recuerda –con fotos de 2015– el perfil de Facebook de la Multisectorial contra los Tarifazos de Rosario. Ahora, la entidad que se formó al tiempo que el gobierno de Cambiemos planteaba cuál iba a ser su política de energía y servicios públicos –antes aun de que terminara 2015– está trabajando y de particular modo este año, en sus consecuencias.
Este jueves el abogado Juan Alcaraz, que integra la organización, presentó el sexto recurso contra la distribuidora Litoral Gas para impedir un corte del servicio por atrasos en pagos de boletas. Ya se hicieron cinco presentaciones y todas tienen un hilo común: jubilados y jubiladas que padecen problemas de salud y que no pudieron hacer frente a los montos que les facturó la firma por el consumo de gas domiciliario.
A la mitad de ellos se logró que se les reinstalara el medidor –ya se los habían sacado– y se restituyera el servicio sin costo; en tanto que en los otros casos se impidió que se llegara al corte. Eso mismo es lo que se pide en la nueva presentación. Hay, en tanto, otras tres presentaciones que se harán en lo inmediato, y en los tres casos tienen el gas cortado con el daño que implica. Y cuando, para peor el frío todavía se resiste a irse.
“Legalmente no se puede efectuar ningún tipo de corte; ni siquiera lo que hace Aguas Santafesinas, que es la disminución de la presión. ¿Por qué razón? Porque es anticonstitucional y va en contra de pactos internacionales, de la Constitución provincial, de la legislación interna. Eso es lo que nosotros planteamos en cada uno de los recursos”, explica el abogado Alcaraz.
La situación que expone el letrado verifica los peores temores que, en plena ola amarilla, enfrentaban fundadores de la Multisectorial, cuando –como ocurrió el 20 de junio de 2016 en el Monumento a la Bandera– simpatizantes macristas los enfrentaban al grito de “A trabajar” y los despreciaban por “planeros”. A tres años vista, la Multisectorial coteja efectos que no deben haber dejado ajenos a aquellos enfervorizados manifestantes, pero son mucho peores en los sectores más vulnerables de la población. “Desde fines de 2015 hasta abril de 2019 el agua aumentó un 350%; la EPE más de un 1.000% y Litoral Gas un 4.900%. Y faltan los meses que siguen a abril a esta parte”, alarma Alcaraz.
El sideral aumento que mide el abogado es el hilo conductor de los casos de corte del servicio de gas, pero no es el único factor. Si un usuario se atrasa porque no pudo afrontar una boleta y acumula deuda, casi es natural que se le transforme en impagable. Alcaraz explica que Litoral Gas aplica un interés por mora del 4,93% mensual: “Eso hace cerca de un 60% anual”, advierte. Y sostiene que esa tasa está vigente desde enero de este año, es decir cuando todavía el gobierno de Mauricio Macri sostenía –como está escrito en el Presupuesto– que 2019 terminaría con una inflación del 23%. Es decir, ya entonces Litoral Gas aplicaba una tasa que triplicaba la estimación presentada por Nicolás Dujovne, ministro que hoy ya no está en el elenco de primera línea.
Y no es todo: el abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos sostiene que la distribuidora también fija cómo ponerse al día en forma unilateral: “Lo que ofrecen es esto o esto. Y hay que hacer una entrega de entre un 20 y un 50 por ciento de la deuda, y el resto en 3 a 6 cuotas como máximo. O sea que lo único que hace el contribuyente es no ir a ofrecer planes de pago sino a adherirse y recibir los planes de pago que establece Litoral Gas”.
Alcaraz sostiene que la respuesta no es viable en general, y menos para los sectores más vulnerables. “Por eso estamos planteando a nivel nacional y provincial que cuando asuma el nuevo gobierno se estudie el tema de una moratoria amplia, en la cual puedan pagar como mínimo en 12 o 18 cuotas, con un bajo interés, y si es posible, sin interés”, refiere.
Así sí es considerado un alivio, no sólo por la Multisectorial de Rosario sino que va ganando consenso entre pares: las entidades están conectadas y comunicadas en una Red Nacional.
Por lo pronto, el letrado y la organización local vienen recibiendo revirtiendo caso por caso desde que dejó de regir –este año– una cautelar general que impedía los cortes de servicio. Pero entienden que los casos son muchos más que los que llegan a sus manos, ya que estiman que llegan a un 35% los hogares está en mora con el pago de facturas.
“El 18 de noviembre del año pasado Litoral Gas salió a reconocer que el grado de morosidad era del 30%. Ahora dicen que está en el 22%. Deben estar haciendo magia, porque todo se fue por las nubes, nadie puede pagar nada y ellos bajaron la tasa de morosidad. No lo creo”, sospecha Alcaraz.
Con todo, el abogado reconoce la “buena predisposición” que tiene la distribuidora para restituir el servicio en caso de una disposición judicial, e incluso de acordar antes de llegar al estrado.
“No es que les hayamos tocado el corazón, sino que tratan de evitar que salgan más medidas de esta naturaleza, y que la gente vaya tomando la determinación de ir a la vía judicial. Porque además va sentando jurisprudencia”.
Y puntualiza lo que se ha llevado adelante en el caso de los jubilados que se quedaron sin gas, además de ilegal es inmoral: “Esta forma, esta herramienta de cobro que utilizan al decir: «Me pagás o te lo corto» es inconstitucional; ellos tienen otras posibilidades para ejecutar y solicitar el pago, como puede ser una mediación, o la iniciación de los juicios correspondientes. Pero no privar del servicio, lo que prácticamente sería como una extorsión”.
“La Justicia tiene que defender al más débil que es el usuario. El usuario no tiene la posibilidad de elegir entre una u otra empresa, eso es un monopolio. Y si el Estado le dio a Litoral Gas la concesión de un servicio público, también Litoral Gas es responsable de cuidar a los usuarios y consumidores, y tiene que establecer las tarifas y ver la capacidad de pago de los usuarios; es lo que se llama asequibilidad de las tarifas, que puedan ser pagadas”, concluyó el abogado.
Privilegio y derecho
No hay ningún misterio: el abogado Juan Alcaraz, de la Multisectorial contra los Tarifazos de Rosario es opositor al actual gobierno nacional. Pero aclara que lo que hace es una cuestión de simple justicia: “Los servicios públicos no son un privilegio sino un derecho. Y afectan a otros derechos como la vivienda digna, que no es sólo cuatro paredes y un techo sino servicios esenciales para una vida digna”, explica. Por ello atiende los casos de servicios públicos los miércoles desde las 16 en adelante en Casa Patria, Italia 457. En forma gratuita.
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