País

Inquilinos en problemas

¿Y ahora? Este miércoles vence el decreto que congeló los alquileres y prohibió los desalojos

El gobierno nacional había adelantado que no iba a disponer una nueva prórroga. En cambio, estableció un protocolo. Ahora, hay que pagar hasta en 12 cuotas la deuda por los aumentos no abonados, más los valores actualizados. En Rosario hubo pedidos y reclamos


El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año gracias a varias prórrogas, concluye este miércoles. El gobierno nacional había adelantado que ya no lo extendería, y en cambio puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

Hay 140 pedidos de desalojo en Rosario y hoy vence el DNU del gobierno que lo impedía

Al cabo de un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las decisiones económicas de emergencia por el coronavirus, a partir de este jueves los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Previo a esto, el gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), un aspecto contemplado en la nueva ley de alquileres. Si ese requisito no se cumple, será un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

El Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, por su parte, tiene como objetivo declamado la asistencia a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el vencimiento del decreto.

Está contenido en la Resolución 88/2021. A partir del mismo, se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 que vence este miércoles y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Las casas que faltan

Voceros del Ejecutivo nacional indicaron que se coordinarán acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Lo que hay que pagar

Con el vencimiento del decreto, a partir de ahora los inquilinos tendrán que abonar la diferencia entre el ajuste que estaba previsto según cada contrato y lo que no se aplicó durante los últimos 12 meses.

Esa diferencia podrá ser abonada en cuotas mensuales, iguales y consecutivas: tres como mínimo y 12 como máximo. La primera de esas cuotas deberá pagarse en abril de 2021. En el caso de que haya habido falta de pago, los plazos y cuotas para regularizar los pagos son los mismos.

El decreto prevé que podrán aplicarse intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. Por otro lado, las obligaciones de los garantes de los alquileres también permanecen vigentes hasta la total cancelación de las obligaciones del contrato.

En Rosario y Santa Fe piden medidas

Este martes, en la plaza de la Cooperación de Rosario, hubo una movilización de la Federación de Inquilinos, la Concejalía Popular y diputados provinciales para reclamar compensaciones ante al caída del Decreto 320/20.

El referente nacional de Inquilinos, Nire Roldán, cuantificó en “nueve millones de inquilinos en la Argentina” los que, dijo, “están hoy angustiados, preocupados porque había un DNU que era un manto protector, una defensa de sus derechos”.

Roldán recordó el planteo realizado en la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat. Se trata de cinco puntos a los que consideran urgente. “La prórroga de ese DNU mientras dure la pandemia, el tratamiento directo del endeudamiento de los inquilinos, evitar los desalojos, garantizar que se pongan en marcha todos los puntos de la ley nacional de Alquileres y el correcto funcionamiento del programa de alquiler social”.


Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade pidió que el gobierno santafesino disponga medidas que atemperen las consecuencias de la caída del decreto nacional. El legislador priorizó la suspensión de los desalojos, y mencionó que en la jurisdicción hay judicializados unos 400 casos en ese sentido.

 

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