Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber / Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Como en cada uno de los momentos preelectorales, los sectores del poder fáctico promueven su agenda con el objetivo de marcar la cancha aquellos que sean elegidos por el voto popular. Esto, muy lejos de ser iniciativas de propuestas para el desarrollo del país, intenta trazar límites estrechos y encuadrar el accionar de los gobiernos de turno.
En este caso, y en el transcurso de esta semana, la Unión Industrial Argentina (que casi nada tiene de industrial y muy poco de argentina) anunció el próximo lanzamiento de “un documento que incluye propuestas para impulsar el crecimiento de carácter federal del sector fabril con inclusión del empleo joven”. Aunque informan que se encuentra en proceso, el resultado se dará a conocer en los siguientes días por el comité ejecutivo de la UIA, que preside Daniel Funes de Rioja.
Como es costumbre, la receta “sugerida” será la misma, en términos generales, que cada dos años: baja de aportes patronales, rebaja de impuestos, plan de subsidios del Estado nacional, la creación de un fondo especial (también subsidiado) para indemnizaciones por despidos, quita de impuestos provinciales y tasas municipales, eliminar el régimen de retenciones, etcétera.
La misma receta neoliberal que, combinada con la liberación del comercio exterior y apertura de importaciones, ocasionó el desfinanciamiento del Estado y un brutal proceso de desindustrialización en los últimos cuarenta años. Falsas propuestas que terminan generando todo lo contrario a lo que anuncian como objetivos; engaño sistemático del neoliberalismo encarnado en los sectores empresarios y políticos de nuestra Patria empobrecida. Medidas que tienen como causa el interés individual y, como consecuencia el crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza.
En nuestra historia hay experiencias y hechos concretos de sobra para fundamentar y predecir el fracaso de insistir con esta metodología. Tuvimos suficiente en la década del 90 y el gobierno de Juntos por el Cambio. Pero, a su vez, también encontramos procesos de industrialización exitosos basados en otro paradigma.
En el siglo pasado, la Argentina llevó a cabo un modelo de industrialización planificado y soberano que en sólo 5 años, y sin la ayuda de capitales extranjeros, logró los objetivos políticos que se proponía: pleno empleo digno y crecimiento económico con justicia social.
Una de las herramientas utilizadas para ejecutar este modelo afín a la voluntad soberana de la Patria fue el Iapi (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) mediante el cual se administraba el comercio exterior. A través de él, en su pretensión más ecuménica, el gobierno peronista propuso un trato justo por afuera de los mercados internacionales. Pactos equilibrados y bilaterales de los países negociando entre sí directamente, sin intermediación alguna de los organismos multilaterales de crédito, ni corporaciones multinacionales.
Con esta herramienta, el Estado argentino pudo financiar la política de industrialización por sustitución de importaciones, protegiendo al mercado interno de cualquier producto que intente ingresar a “competir”, destruir a precio dumping, la industria nacional.
El uso de las divisas obtenidas mediante esta gestión del comercio exterior estaba destinado al desarrollo industrial, ya que sus chances de crecimiento también dependían de la importación de insumos críticos, en vista de la etapa incipiente de industrialización. Pero la estrategia no se conformaba con producir solamente en los bienes de consumo masivo, sino que proponía avanzar en la producción local de aquellos bienes e insumos importados críticos (industria de base), dado que la independencia económica era un pilar del proyecto industrializador.
Adicionalmente, el Estado decidía hacia qué sectores y en qué condiciones se dirigía el ahorro nacional, porque, obviamente, para que el proceso de crecimiento y expansión económica fuera impulsado por la actividad privada, ésta debía contar con el financiamiento necesario y la garantía de un mercado interno estable y pujante.
Estas políticas se sumaron al aumento constante del poder adquisitivo del pueblo trabajador, generando una explosión industrial que permitió crear miles de pymes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; al mismo tiempo grandes empresas y conglomerados industriales de origen nacional crecieron también promovidos por un Estado que dirigía estratégicamente una economía de mercado, pero con justicia social. De esta forma, y muy por el contrario de lo que se piensa acerca de este proceso, se elevó el nivel material y cultural del pueblo argentino, habiendo cancelado totalmente la deuda pública externa y sin los condicionantes políticos y económicos del capital foráneo.
Por lo tanto, la protección a la industria nacional estuvo a la par del fortalecimiento del mercado interno; dos caras de una misma moneda que se constituyeron en la clave del crecimiento económico y del desarrollo nacional. Pero la propuesta de la UIA parece insistir en un modelo económico que sólo sirve a los grupos concentrados de poder, olvidando cómo se logró hacer de la Argentina una potencia industrial (en serio), con pleno empleo y justicia social.
El gobierno argentino, si es que realmente gobierna para el pueblo argentino, no puede atender solamente a un sector de la industria, expresado en un gremio que acoge a muchas de las empresas que se consolidaron mientras se llevaba a cabo la destrucción de la Argentina industrial. Si el gobierno pretende la industrialización del país, debe encarar los cambios estructurales que lo lleven a ese destino. Caso contrario, será cualquier cosa, pero no un gobierno peronista.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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