Un ex conscripto relató ante la Justicia haber visto prisioneros “a la espera de un traslado” en la base de la Primera Brigada Aérea de Palomar, durante la última dictadura, en lo que, se estima, eran algunos “vuelos de la muerte” que partían de esa dependencia de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978, informaron hoy fuentes judiciales.
“Los superiores nos decían, como para enseñarnos y explicarnos, que trasladaban doscientas millas mar adentro a los detenidos y los lanzaban y que dejaban uno o dos, después los liberaban para que comentaran a sus compañeros de lo que se habían salvado y lo que les esperaba al resto”, dijo el entonces conscripto, quien cumplía con el servicio militar, en 1977, en esa base aérea.
La causa comenzó en junio de 2009 con una investigación preliminar del fiscal Federico Delgado, quien luego tuvo delegada la instrucción, ante la denuncia de Lorena Pacino, hija de un detenido desaparecido que estuvo cautivo en el centro clandestino
“El Olimpo” cuyo cadáver apareció en la costa bonaerense y fue reconocido por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Fuentes de la fiscalía estimaron “tener probada” la existencia de esos vuelos, aunque por el momento no hay ningún imputado ya que “estamos en plena recolección de pruebas para cerrar el circuito”, según dijeron; al tiempo que añadieron que “siempre era la misma práctica: los aviones Fokker salían, daban una vuelta y regresaban sin haber aterrizado, inclusive uno de esas naves hoy estaría en el museo de la base de Morón”.
En el expediente –que lleva el número 37947/09- “tenemos probado que la I Brigada Aérea de Palomar fue parte del plan criminal” implementado por la última dictadura militar, dijeron los informantes, que tendrían acreditada “la dinámica de los hechos, cómo eran los vuelos, cómo llegaba la gente, dónde la alojaban”, aunque sostuvieron que, de momento, carecen de “los planes de vuelo que permitirían identificar qué aviones se usaron”.
Con ese objetivo Delgado remitió, el 8 de junio último, un oficio a la ministra de Defensa, Nilda Garré, donde le notifica la escasa colaboración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Departamento Asuntos Militares de la Fuerza Aérea Argentina para responder a los informes solicitados, con respuestas “fragmentadas” y recurriendo a “afirmaciones parciales realizadas en un lenguaje encriptado”.
“Las respuestas obviamente son fragmentadas, porque se limitan a una dependencia específica que solo expresa ‘su’ parte pertinente. Luego se agrupan en un pequeño legajo que contiene esas. Ese mini expediente, finalmente, es remitido a la fiscalía fuera de término y sin una respuesta concreta, ya que es la mera suma de aquellos informes parciales y encriptados”, explicó el fiscal.
Tras citar ejemplos de solicitudes incumplidas, Delgado sostuvo que ello “revela la escasa colaboración (de esa dependencia) con respecto a una causa judicial cuyo horizonte es descubrir el qué, el cómo y el cuándo de los denominados ‘vuelos de la muerte’ ocurridos en el marco del plan criminal probado judicialmente en la causa 13” por la que se juzgó a las juntas de comandantes de la dictadura.
En estas actuaciones el personal de la fiscalía a cargo de Delgado ya tomó declaración a 148 ex conscriptos y a más de 130 testigos que cumplían funciones de personal civil de la Fuerza Aérea y se libraron decenas de oficios y exhortos, señalaron las fuentes.
Los pedidos de informes apuntan, primordialmente, a la obtención de legajos de supuestos agentes cuyos nombres fueron revelados por algunos ex conscriptos y el “historial” de los aviones Fokker 27 y 28 que “salieron, llegaron a un punto determinado en el océano y regresaron, sin aterrizaje en el medio”.
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