“A mí también cuando me redujeron en mi casa me golpearon mucho la cabeza y los ojos”, contó Camila Müller poco después de que, el 28 de junio pasado, irrumpieran tres personas –un hombre y dos mujeres– en su casa de Jujuy y la sometieran a una cruel sesión de golpes y amenazas, según relató, por haber militado contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales. Y ahora, de nuevo: esta vez fueron tres mujeres con uniforme policial quienes volvieron a violentarla para que declarara en los medios de comunicación que “el kirchnerismo” le había pagado para hacer la denuncia del primer ataque.
Camila, docente y actriz, está ahora en la ciudad de Buenos Aires por recomendación de una de las abogadas que la asiste, Lorena Mamaní, del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), y de la sede jujeña de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
Casi un mes después de la primera irrupción violenta, que incluyó golpes en la cara, heridas, simulacro de sofocación y manoseos de acuerdo a su denuncia, el 25 de julio tres oficiales de la policía golpearon la puerta de la casa de Müller. Le dijeron que tenían una orden de allanamiento, pero ella, asustada, pidió que se la pasaran por debajo de la puerta y les avisó que se iba a comunicar con su abogado. En ese momento, y a modo de amenaza, le respondieron que, mientras tanto, irían a allanar el domicilio de su madre. Ante el temor de que lastimaran a la mujer, ya mayor, Camila abrió y entonces comenzó otro suplicio que relató, entre otros medios, a Tiempo Argentino.
“Cuando me dieron la dirección de mi mamá, concluí que no era un allanamiento en sí mismo sino otro ataque. Percibí en mi cuerpo la misma sensación de cuando salió la lista de pedidos de captura donde estaba mi nombre, cuando pensé «no quiero que me peguen» y supe que me iban a pegar”, respasó la docente ante la periodista María Soledad Iparraguirre.
Camila señaló que dos de las oficiales entraron a su casa y la otra se quedó en la puerta. Le tironearon a ropa, la amarraron a la espalda, le dieron cachetadas en la cara y golpes en la cabeza, agregó. “Me decían que me gustan los medios, que quiero mi momento de fama”, contó. Y le avisaron, repasó ante la periodista, que tenía 48 horas para ir a los medios a desmentir la denuncia sobre el primer ataque y “confesar” que le habían pagado para que la hiciera. En el medio de esas exigencias y su negativa a aceptarlas, relató, las dos policías iban destruyendo lsa cosas de su casa. Hasta las fotos de sus hijos, especificó.
Ese hecho y otro, siguió la docente, la convencieron de que detrás de la irrupción, como en la anterior, hubo tareas de inteligencia: porque también la lastimaron con una navaja sobre una cicatriz en su vientre producto de una histerectomía. “Todos son datos que yo misma di en las entrevistas, porque dije que tenía miedo de las fotos de mis hijes y fueron hacia eso, que tenía miedo de que me lastimen la herida, y fueron directamente hacia eso”.
Tras esa segunda agresión, Camila viajó a Buenos Aires, donde aún está, bajo el resguardo del Ministerio de Justicia de la Nación. La docente sufre estrés post traumático y recibe atención legal y acompañamiento psicológico y psiquiátrico del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos
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