La ONG local Concejalía Popular advirtió que en las últimas semanas ha comenzado a notarse un marcado incremento en las consultas por remates y subastas de propiedades con características de vivienda única y familiar. Y también que más delicado aún es lo que se avecina. Es que según la entidad, sólo para los próximos 20 días están previstas unas 50 ejecuciones, situaciones que llevarían a todas esas familias a perder su casa.
Desde la Concejalía Popular (organización que pugna por lo derechos de propietarios de vivienda única y por familias que alquilan su vivienda) mencionaron que las luces de alarma se encendieron con la gran cantidad de consultas que recibieron en el último tiempo. Los pedidos de asesoramiento allí –dicen– se dispararon notoriamente en estos dos meses.
El fenómeno se enmarca en el hecho de que muchas familias quedaran desprotegidas legalmente por la caducidad de algunas herramientas como la ley nacional que posponía los remates (sancionada en el año 2005) o, a nivel provincial, en el cierre de inscripción en la llamada ley (Raúl) Lamberto, aprobada en la Legislatura en 2010.
Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular, recordó que la normativa promovida en aquel entonces por el actual ministro de Seguridad abría por seis meses un Registro de deudores con vivienda única en situación de remate. Tras eso, se establecía un proceso de emergencia para que el juez interviniente en un caso practique la liquidación del total adeudado y establezca una forma de pago para cancelar deuda e intereses aplicados por mora sin afectar la vivienda.
Con la ley Lamberto en marcha se inscribieron unos 12 mil deudores. De ese total, unos 8 mil casos, las dos terceras partes, quedaron sin una resolución definitiva, como se procuraba. “Si bien hubo avances, hoy sabemos que unos 5.300 aún no sellaron ningún acuerdo. Como todos los plazos se vencieron y terminó la protección, nuevamente los jueces, a solicitud de las partes acreedoras, exigen los remates de estas viviendas. Aquello fue una solución parcial, ayudó, pero falta mucho”, señaló Roldán.
Tras eso, mencionó casi como paradigmático el caso de una persona que tenía un crédito con el Banco Integrado Departamental (el ex BID), que quebró en 1995, pero la situación, lejos de extinguirse, se empeoró: “Su deuda fue vendida a un grupo de profesionales que trabajan las acreencias buscando rematar viviendas únicas”, describió. “La solución que le proponen es pagar 500 mil pesos, cuando él era ahorrista con 30 mil dólares depositados y cayó en desgracia por un crédito de 15 mil de la misma moneda, en calidad de garante”, agregó Roldán.
El remate se iba a realizar el mes pasado. Pero el activo rol que tomó la Concejalía en el caso fue vital para que no se realizara. “Pedimos en el lugar que la dignidad sea más fuerte que la usura”, narró el dirigente. Y dijo que ante esa defensa nadie alzó la voz para medrar con el techo ajeno.
Lo que viene
Lo cierto es que los casos de consultas y remates crecen y, según Roldán, se aguarda que haya cincuenta ejecuciones más en los próximos 20 días. “Es difícil establecer el porqué surgen ahora de golpe todas estas situaciones. Pero se ve que la situación económica y la dimensión y cambios que se han dado en el mercado inmobiliario lleva a que cada vez más los acreedores pretendan quedarse con las propiedades de la gente”, conjetura Nire.
En ese marco, la Concejalía está impulsando en Santa Fe una ley similar a la que existe en otras provincias, como Buenos Aires, que plantee la inembargabilidad y la inejecutabilidad de viviendas únicas. En la base de la demanda está el artículo 14 Bis de la Constitución.
Roldán anunció además que dentro de dos semanas convocarán a las organizaciones sociales y gremiales de Rosario para cerrar un proyecto que vaya en ese sentido.
“No podemos pensar en solucionar problemas de vivienda con créditos mientras que la usura se queda con inmuebles”, señaló el titular de la Concejalía.
Más voces
En tanto, Ariel D’orazio, integrante de la misma ONG y coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina Municipal del Defensa al Consumidor, mencionó que esa nueva normativa que se propone debería establecer distintos mecanismos de pago.
“No se está planteando que no haya que pagar. Si que se plantee lo justo y no intereses sobre intereses, como sucede en muchas ocasiones”, explica.
Tras eso, mencionó que algunos de los expedientes que se han reactivado en estos últimos días son de créditos inmobiliarios tomados en los años 2008 y 2009 cuyos titulares (ahora en otro contexto económico) no pudieron terminar de cancelarlos. “Son juicios que habían quedado cajoneados y vuelven a surgir en momentos en que las protecciones legales caducaron”, sostuvo D’orazio.
Cuatro al hilo
Desde la Concejalía ubicaron cuatro tipos de situaciones usuales que se dan en los casos en que se llega a remate.
– Instituciones que desaparecen pero venden su paquete acreedor a los estudios jurídicos
– Las empresas, como Aguas Santafesinas, a quien la provincia le rescindió el contrato en el 2005 pero su paquete acreedor también sigue vivo
– La usura financiera.
– Los garantes de un tercero que, al no poder pagar, generan la deuda.
Dato
5.300 son los casos judiciales aún irresueltos inscriptos tras la sanción de la llamada ley Lamberto en el año 2010. Como todos los plazos se vencieron y terminó la protección legal que tenían los deudores, nuevamente los jueces, a solicitud de las partes acreedoras, exigen los remates de estas viviendas.
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