Política

Retroceso

Violencia estatal: el gobierno de Macri acumula un muerto cada 22 horas

El informe de la Correpi denunció un promedio de 400 asesinatos al año. Es el incremento más pronunciado desde 1983. La estadística incluye casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas, represión a la protesta y femicidios de uniforme


Tiempo Argentino

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) anunció en las últimas horas que no pudo cerrar su tradicional informe anual sobre la Situación Represiva en la Argentina. La presentación del informe se postergó para el 15 de marzo, en Plaza de Mayo. La Correpi explicó que la prórroga en la realización y difusión de los datos completos se debió a la “enorme cantidad” de información sobre casos de violencia institucional y policial ocurridos en 2018. Se trataría de un número muy importante que, según informó la organización, “impidió terminar a tiempo el trabajo estadístico que sistemáticamente se realiza desde el año 1996 para registrar los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal”.

A pesar de la labor incompleta, la Correpi informó que -con datos registrados hasta el 25 de diciembre pasado- se incorporaron 497 casos al archivo de la organización antirrepresiva correspondientes al año 2018. Así, los casos totalizaron 5.959, contra los 5.462 que registró la entidad a finales del año 2017. Para el año 2018, y sin contar a las muertes registradas en unidades penitenciarias federales, que se conocerán en mayo próximo, como tampoco las muertes en cárceles bonaerenses (Correpi tiene sólo detectadas 54), los asesinatos y muertes producidas ocurridas fueron 297. Sin embargo, Correpi adelantó que esa cifra, correspondiente a 2018, se incrementará en alrededor de 150/200 casos cuando se conozcan los datos de la Procuración Penitenciaria.

Tras estas aclaraciones previas, Correpi informó, finalmente, que la cantidad total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en lo que va del gobierno de Mauricio Macri equivale a 1.206 personas. Esa cifra proviene de la suma de 27 muertes producidas entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, 441 personas del año 2016, 441 correspondientes a 2017 y 297 muertes, conocidas hasta ahora, ocurridas durante 2018. “La aritmética es implacable. El gobierno de Cambiemos mató una persona desarmada cada 22 horas”, concluyó.

En el tramo más analítico del informe, la Correpi aseguró que a partir de estas cifras -“no definitivas”- se puede consignar que en el período de Cambiemos se está produciendo “el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades: gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas, represión a la protesta o el conflicto social, femicidios de uniforme, etcétera”.

Bullrich hace retornar a los policías acusados y luego sobreseídos

En el marco del aumento de los casos de violencia institucional, y la implementación de la Doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó ayer el Programa Restituir, para volver a poner en funciones a los efectivos de las fuerzas de seguridad que fueron separados de sus cargos por causas judiciales, muchos de ellos acusados en casos de gatillo fácil, que por distintos motivos no fueron condenados. “Creamos el Programa Restituir para devolverle la dignidad a todos los efectivos de las fuerzas federales falsamente acusados y luego absueltos”, expresó la funcionaria nacional en su cuenta de la red social Twitter, donde agregó que a los efectivos “se les restituirá el rango, el salario y su honor”.

“­Vamos a seguir cuidando a quienes nos cuidan!”, enfatizó la ministra de Seguridad, que se reunió con once efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería que fueron restituidos luego de haber sido sobreseídos de procesos judiciales, durante un encuentro del que participaron, además, los jefes de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, y de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero.

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, explicó que la medida permite “restituir el dinero, el sueldo perdido y el grado que les correspondería”. En declaraciones formuladas a Cadena 3, el funcionario dijo que la iniciativa es de “alcance nacional y para las cuatro fuerzas federales”.

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