Arlen Buchara
La renuncia del funcionario socialista Pedro Cantini al cargo de secretario Industrias Culturales abrió el debate sobre cómo atender situaciones de violencia de género en ámbitos laborales. En el caso de las denuncias contra Cantini las mujeres eligieron la vía judicial, pero no todas las personas optan por el camino del derecho penal. Este año la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Municipalidad de Rosario crearon protocolos de atención para acompañar dentro de las instituciones a quienes quieren denunciar a docentes, jefes y compañeros por acoso, abuso y otras formas de violencia. También plantean sanciones a nivel interno, medidas para proteger a las víctimas y sirven para generar políticas de prevención. El gobierno provincial aún no avanzó en protocolos de atención al interior de la administración pública.
En camino
En diálogo con El Ciudadano, la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, explicó que las denuncias contra Cantini no fueron notificadas a su área. Desde septiembre al menos tres mujeres hicieron el reclamo contra el funcionario por distintas situaciones de violencia de género y laboral a través de Centros Territoriales de Denuncia. Otra denuncia de un hombre llegó a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por violencia laboral. “Nos enteramos a través de un flyer que estaba circulando en las redes a partir de la denuncia de actrices. Lo tomamos y lo derivamos para que fuera tratado por el Ministerio de Innovación y Cultura y otras áreas del gobierno. Este miércoles nos enteramos que había denuncias hechas. Esperamos que tengan la sanción que corresponda en la Justicia. Es importante que ningún cargo público sea ocupado por violentos en cualquiera de los tres poderes del Estado”, dijo la funcionaria.
Sosa explicó cuáles son los caminos para denunciar situaciones de violencia para las trabajadoras y funcionarias del gobierno provincial. “Si es o no parte del Estado tiene que ir a cualquier comisaría, Centro Territorial de Denuncia o un juzgado. Este año logramos la ley de licencia por violencia de género para empleadas estatales para que puedan tener días para hacer los trámites. La Subsecretaría de Género aprueba los pedidos”, dijo.
Según Sosa, las situaciones de violencia de género que pasan dentro de la gestión del Poder Ejecutivo son atendidas por la subsecretaría que dirige. “Orientamos a municipios y comunas cuando cualquier trabajadora tiene este tipo de situaciones. Cualquier fiscalía o comisaría debe tomar las denuncias y los municipios y comunas deben hacer el acompañamiento”, agregó.
Sobre la política de implementación de protocolos en las oficinas estatales Sosa respondió que están trabajando junto con las centrales sindicales para crear áreas de asesoramiento. Para la funcionaria, fuera de la esfera penal es necesario avanzar en los tres niveles del Estado en la construcción de herramientas para que el camino de la denuncia sea cada más sencillo.
Hacia un protocolo provincial
En marzo el diputado Carlos Del Frade presentó en la legislatura de Santa Fe un proyecto de ley para crear un protocolo para gobierno provincial. La iniciativa, que todavía no tuvo tratamiento, propone unificar la información de todos los organismos estatales que trabajan en la atención de violencia de género Santa Fe. La referente feminista y asesora del diputado, Majo Gerez, escribió el texto y explicó que apuntaba a unir criterios entre las personas que intervienen en la violencia de género, clarificar objetivos comunes y generar capacitaciones internas. Para Gerez, la denuncia contra Cantini y la ola que generó el Mirá cómo nos ponemos después del caso Fardín-Darthes pone en evidencia que las instituciones tienen dar pasos para tratar la violencia en los espacios de trabajo. “Las denuncias de estos días nos ponen en la obligación de pensar propuestas constructivas. La administración pública provincial debe construir herramientas propias para abordar la violencia machista en el trabajo. Un protocolo y un plan de acción son herramientas para abordar las violencias y pensar los vínculos”, explicó.
Para Gerez en los partidos políticos y la gestión pública las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres se profundizan. “Se oscila entre el encubrimiento y la expulsión directa. Cuando éramos pocas las que denunciábamos estaba el encubrimiento. Con el grito de Ni Una Menos algo cambió y aparecen las expulsiones a partir de la exposición pública”, dijo y agregó: “Las feministas queremos políticas preventivas y reparatorias. Estamos en tiempos en los que hay que pensar herramientas institucionales que legitimen las voces de las mujeres para que una pueda en su lugar de trabajo o en su espacio militante hablar y tener contención”.
“Si pensamos que la violencia de género es una problemática social y estructural hay que hacer un abordaje respecto de la masculinidad y de los varones que habitan esos espacios. Tenemos que gestar herramientas para cambiar las prácticas que están naturalizadas por la gran mayoría de los varones”, opinó.
Cuéntalo en la universidad
En la UNR tomaron la decisión de crear un protocolo unificado para las doce las facultades, los tres institutos y todas las dependencias después de los escraches de un grupo de alumnas a docentes de las facultades de Ciencias Médicas y Arquitectura. A través del hashtag #Cuéntalo, que fue viral en mayo en Argentina, denunciaron situaciones de acoso y abuso de poder con carteles en los pasillos de las facultades y a través de las redes sociales. Las acusaciones llegaron a los medios de comunicación y encontraron respuesta en el trabajo que desde hace cuatro años lleva adelante el área de género del gremio docente que en 2017 había presentado un proyecto casi idéntico al aprobado en junio. Intentaban que la UNR se ponga a la par de más de 30 universidades del país que ya aplican protocolos.
Antes de las denuncias públicas, cinco facultades habían implementado protocolos. La primera fue la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Le siguieron Humanidades, Psicología, Ingeniería y Derecho. Con los escraches se sumaron las de Ciencias Médicas y de Arquitectura. En julio el Consejo Directivo de la UNR aprobó la creación de un protocolo y un plan de acción unificados. El sistema genera un espacio de atención y acompañamiento centralizado que trabaja en coordinación con las facultades. También atiende denuncias de cualquier dependencia de la universidad, como los institutos, el gimnasio o la sede de gobierno. Apunta a la prevención y al trabajo de sensibilización sobre las distintas formas de violencia de género. “No sólo queremos terminar con la impunidad de determinados docentes sino trabajar en la concientización y prevención para que no haya más situaciones de acoso y abuso”, explicó Noelia Figueroa, integrante del equipo que redactó el protocolo.
El municipal
Uno de los casos que llevó al gobierno local a pensar en la política pública fue el del psicólogo acusado de abuso sexual. Trabajaba en la Dirección de Atención de Violencia de Género de la Municipalidad de Rosario y, según la denuncia, abusó de una mujer que se había acercado a pedir ayuda en un consultorio privado.
En septiembre la Municipalidad de Rosario presentó el Protocolo de Actuación en Violencia de Género en el trabajo. Fue en Teatro La Comedia con la filósofa Diana Maffía como invitada en una charla con la intendenta Mónica fein y la periodista Sonia Tessa. Según dijeron desde el municipio, el sistema aporta a la construcción de ámbitos de trabajo seguros y de respeto entre todas y todos, promoviendo espacios equitativos, libres de violencia y discriminación. También a fortalecer las medidas preventivas, de difusión y capacitación en todos los ámbitos de trabajo del municipio. Por último, dijeron que tiene como propósito visibilizar las herramientas existentes para el asesoramiento, la contención y el acompañamiento de la mujer y las acciones a seguir ante un caso concreto de violencia de género.
Comentarios