“Rosario es sólo una parte. Es un grupo empresario: no es solamente los locales de electrodomésticos que conocemos. Es un conflicto nacional, importantísimo, y el gobierno nacional tiene que intervenir. Estamos hablando del conflicto más importante de los últimos tiempos”, advirtió con alarma el secretario Gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, Juan Gómez. El dirigente refirió así a El Ciudadano a la situación en Garbarino, que de un día para otro cerró las puertas del principal y más antiguo local de los cuatro que tiene en Rosario, el de peatonal Córdoba al 1200. Pero además, a todos los trabajadores de la cadena en la ciudad, que son 56, se les pagó el 75% de los salarios de abril y apenas el 25% de los salarios de mayo, porción del sueldo que corresponde al programa Repro con el que el Estado está asistiendo a la empresa, que en el país tiene cerca de 4 mil empleados en total. El panorama es “desesperante” según describió uno de los empleados de la empresa en la ciudad, quienes este viernes plantaron una protesta frente al comercio. Desde allí explicaron que no sólo no saben cuándo les van a pagar lo que les adeudan, sino que ni siquiera hay a quién preguntarle.
El gremio mercantil local denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, y a la par acudió a la Federación nacional del gremio: el planteo es que el Estado nacional “presione a la empresa para que se defina con respecto a la situación de los trabajadores”, en medio de rumores que completan la incertidumbre: “Hay versiones de compra, de venta, pero la realidad es que hay una total falta de abastecimiento de los locales comerciales, falta de pago de los salarios y falta de comunicación con los trabajadores”, explicó Gómez.
Esto último, según el dirigente sindical, es una de las aristas “que más irritan” a los empleados: “No hay nadie dentro de la empresa a quién preguntarle cuándo van a pagar. No hay cabeza visible para responder a los trabajadores. Pero en general, no solamente acá en Rosario, sino en el país”, sostuvo.
El sindicato local describió la vastedad de la empresa, que está salpicada de conflictos en otras partes del país, “con cierre de locales en Salta y en el Gran Buenos Aires”. Y no por razones comerciales: “Sabemos con certeza de que locales en los que los trabajadores han ejercido algún tipo de protesta por falta de pago de sueldos, los han cerrado como represalia”, refirió el dirigente gremial.
Además de las bocas electrodomésticos, una parte del grupo empresario apunta al sector turístico: Garbarino Viajes. Otra al sector financiero: Fiden, emisora de las tarjetas Mastercard Garbarino y Mastercard Compumundo. Y también tiene ensambladoras de electrónica: Tecnosur y Digital Fueguina, que funcionan en Rio Grande, Tierra del Fuego. Y a eso se le suman 245 locales comerciales repartidas en todo el territorio nacional: 191 con la marca Garbarino y 54 con la marca Compumundo, a la que adquirió.
En ese marco, la situación en Rosario, según Empleados de Comercio, es desastrosa: no hay indicios de que vuelva a abrir el local del centro, y además “internamente los trabajadores no tienen a quién preguntarle”. La empresa no se comunicó con el gremio ni anticipó el cierre, y tampoco hay directivos visibles. “Muchos gerentes arreglaron y se fueron, o sea que hay una virtual acefalía”, describió Gómez.
Para mayor incertidumbre, el dirigente sostuvo que en los otros tres locales de Garbarino que permanecen abiertos no hay reposición de mercadería: “Es un vaciamiento. Hasta les cortaron el teléfono por falta de pago”, apuntó.
“Lo que está haciendo esta dirección, o quienes están hoy en la empresa, es desconocer las deudas salariales, y si algún empleado reclama por sus derechos cierran en local. Esto lo hacen en todo el país”, sostuvo Gómez.
Con ese panorama Empleados de Comercio hizo una presentación en la cartera laboral santafesina en la que solicitaron la inmediata intervención del gobierno para que se controlen “las condiciones del cierre” de la sucursal céntrica, apuntando a la cadena por aprovecharse de la pandemia de covid-19 para “provocar la pérdida de centenares de puestos de trabajo y/o un estado de insolvencia para doblegar así la voluntad de los trabajadores”
En ese marco el gremio pide que “se verifique la eventual hipótesis de lockout patronal” por parte de la firma y sus directivos, lo cual “exige una intervención directa” de las autoridades políticas. “Hay toda una política de vaciamiento para que los trabajadores desistan de seguir estando en la empresa y renuncien”, insistió el secretario Gremial.
Casi a mitad de mayo pasado Garbarino había tenido la misma actitud: tras una asamblea de los trabajadores, “lo que hizo la empresa fue cerrar los locales”, relató el dirigente. “En ese caso expusieron una cuestión de higiene y seguridad, lo que fue desestimado porque no había ninguna razón para cerrar”.
Por entonces, el gremio mercantil reclamó, el Ministerio de Trabajo intervino, y se se logró que la firma reabriera sus cuatro locales, y expusiera un compromiso sobre el pago de salarios. Pero no lo cumplió.
El tema también impactó en la Cámara de Diputados de la provincia, donde el legislador Carlos del Frade hizo un pedido al Ejecutivo para que emplazara a Garbarino a informar su situación, en particular en relación a los trabajadores.
“La firma está ubicada en el puesto 87 entre las mil empresas que más venden en la Argentina, de acuerdo a los datos del balance del año 2019, presentado en 2020”, expuso entonces el legislador.
Y describió la facturación fue, según la información oficial de la firma de 32.646 millones de pesos ese año: “Es decir 89 millones de pesos diarios; 3,7 millones por hora y 62.111 pesos por minuto”.
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