El juez Civil y Comercial de la 2da Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, prorrogó nuevamente y hasta el 31 de marzo de 2022 el plazo para que la agroexportadora Vicentin llegue a un acuerdo con los acreedores por su deuda concursal de unos u$s 1.500 millones, a la vez que le pidió a la Sindicatura que elabore un “cronograma tentativo” para el salvataje, informaron fuentes judiciales. La resolución del juez Lorenzini redujo las pretensiones de la cerealera concursada, que había solicitado la extensión del período de exclusividad (el plazo para arribar a acuerdos de pago con los acreedores) hasta junio del año próximo.
La noticia no cayó bien, al menos al abogado de parte de los acreedores Gustavo Feldman, quien dijo a El Ciudadano que la resolución del juez es “una muestra más connivencia, cinismo y desfachatez; todo en la persona del juez Lorenzini”.
“Esta resolución quiere decir que ni siquiera se considera la propuesta de salvataje que un grupo de acreedores importantes como Comodity Grupo Grassi, secundados por el Banco Nación, están elaborando y encargaron a un banco internacional de primera línea y no los mamarrachos que presenta Vicentin”, sostuvo.
Y aclara: “Prorroga del plazo con exclusividad para la concursada hasta el 31 de marzo. Y fijó la audiencia para el 24; una afrenta, no sólo por ser feriado nacional inamovible. Esta fecha debería ser corregida”.
Tampoco cayó bien la noticia en el diputado Carlos Del Frade, integrante de la comisión legislativa de seguimiento del default de Vicentin, quie consideró: “Es imprescindible preguntarnos para qué sirve esta nueva prórroga. Solamente se nos ocurre pensar que esta demora simplemente es funcional a lograr impunidad y distintas nuevas formas de fugar capitales. #Y un detalle no menor: la deuda que tiene la Nación con el pueblo santafesino es casi la mitad de lo que debe Vicentin”.
La resolución
El magistrado dejó abierta la posibilidad de una nueva prórroga al señalar que la establecida en la resolución, firmada el martes, se hace “sin perjuicio de evaluar oportunamente una extensión adicional, conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores y la Intervención” de Vicentin.
La nueva extensión del período de exclusividad –la segunda que solicita la concursada- tuvo el aval de los acreedores y de la Mesa Técnica, conformada por un grupo de ellos, según firma Lorenzini en la resolución. Vicentin pidió una nueva prórroga luego de que su propuesta de pagar la deuda con una quita del 70% y en un plazo de 15 años –que incluía un reconocimiento en dólares y el pago en una sola cuota a acreedores de menor cuantía- no consiguiera la aceptación mayoritaria.
En noviembre pasado Lorenzini rechazó esa propuesta por considerarla “abusiva” y le pidió que elaborara una nueva, de “modo razonable”, a la vez que volvió a exigirle la elaboración de un “plan de crisis” y otro de “reorganización empresaria”.
Paralelamente, la agroexportadora continúa negociando un acuerdo con Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (del grupo Glencore). Según trascendió, la propuesta de los tres inversores consiste en un aporte de capital para la salida del concurso pero en cuotas, como los pagos propuestos a los acreedores.
En ese plazo, las empresas continuarían operando a fasón en las plantas procesadoras de Vicentin del Gran Rosario, lo que les permitiría hacer frente a la deuda con el resultado económico de la operación de los muelles de la concursada. En su resolución, el juez también le solicitó a la Sindicatura del concurso “la realización de un cronograma tentativo del período de Concurrencia o Salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras”.
Estableció que “este esquema deberá ser presentado en el expediente hasta el día 28 de febrero de 2022” y que, en caso de que Vicentin no arribe a un acuerdo con los acreedores durante el período de exclusividad, el 1 de abril se iniciará el proceso de salvataje.
Un grupo de más de 70 acreedores granarios de Vicentin hizo pública hace 15 días la constitución de un fideicomiso con el objetivo de participar de un eventual “crown down” de la compañía, para lo cual designó incluso a un banco como asesor financiero.
El procedimiento de salvataje, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, permite a los acreedores o algún tercero interesado -una vez vencido el período de exclusividad- presentar una propuesta de acuerdo para darle continuidad a la concursada.
La opinión del diputado Carlos Del Frade
“La resolución del 7 de diciembre del doctor Fabián Lorenzini le impone a la empresa (en singular, siempre en singular) que el 28 de febrero de 2022 tiene que presentar el plan de reorganización”.
“En la resolución anterior quedaba claro que las tres empresas interesadas, ACA, Molinos Río de la Plata y Viterra se quedaban con los activos de las empresas (ahora sí en plural) en caso de quiebra. Es decir que el consorcio de 33 empresas de Vicentin forma parte de estos grupos, salga bien o mal el concurso”.
“No hay propuesta de organización, tampoco informe sobre la suerte del llamado Complejo Fabril de Avellaneda (Santa Fe), se exigen más detalles sobre condiciones de higiene y seguridad; se prevén diez audiencias en febrero de 2022; habrá una audiencia informativa el 24 de marzo al mediodía y ya se habla de un período de salvataje a partir del primero de abril de 2022″.
“A esta altura es preciso subrayar la obsesión de hablar de una sola empresa, Vicentin SAIC, la cáscara vacía que, de tal manera, encubre la suerte y la evolución de las otras 32 empresas del grupo”.
“No hay mención alguna a la media decena de causas penales abiertas ni mucho menos en torno al destino del dinero fugado”.
“Es imprescindible, entonces, preguntarnos para qué sirve esta nueva prórroga”.
“Solamente se nos ocurre pensar que esta demora simplemente es funcional a lograr impunidad y distintas nuevas formas de fugar capitales”.
“Y un detalle no menor: la deuda que tiene la Nación con el pueblo santafesino es casi la mitad de lo que debe Vicentin”.
“Vamos a seguir luchando por mantener los puestos de trabajo, recuperar la presencia nacional en el comercio exterior de granos y repatriar los 791 millones de dólares fugados por los delincuentes de guante blanco que convirtieron a Vicentin en el fugaducto del macrismo”.
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