Ante la derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 522/2020 de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODYARA) reclamó al gobierno nacional que tome los recaudos que sean para que no se pierdan empleos en el gigante agroexportador. “Ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores”, sostuvo la entidad encabezada por Daniel Yofra, que aglutina a todos los gremios aceiteros del país salvo al Soea de San Lorenzo, y cuyas peleas generan temidos sacudones: cada hora de paro del poderoso gremio implica millones de dólares para las cerealeras.
“Nos pronunciamos en el momento en que se anunció la intervención de la empresa mediante el citado DNU, de igual manera que ya lo habíamos afirmado meses antes, cuando se conoció el aún inexplicado «estrés financiero” de la empresa Vicentin, cuyo directorio continúa negándose a entregar el Balance 2019”, señaló la Federación Aceitera.
“No es cierto que la intervención estatal –como afirma el texto del nuevo DNU– fuera recibida con desconfianza por los trabajadores. Muy por el contrario, el anuncio del 8 de junio fue profundamente celebrado por un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas, entre otras, valorando la participación pública en un sector estratégico de la economía nacional que representa el 30% de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas”, aclaró además la entidad sindical.
Y dio cuenta de los ejemplos directos de respaldo a la intervención y expropiación de la cerealera por parte del movimiento obrero, “excepcional por su alcance entre la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales argentinas”, como también “la movilización del pasado 9 de julio, Día de la Independencia argentina, impulsada por las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de los sindicatos de Reconquista y Rosario, Santa Fe, y Tancacha (Córdoba) junto a multisectoriales regionales reclamando que avance la intervención estatal en Vicentin en defensa de los puestos de trabajo”.
“Por el contrario –aclaró la FTCIODYARA– donde la medida sí encontró rechazo fue en sectores del poder económico concentrado, en los partidos políticos que les responden y en los medios hegemónicos que amplifican su discurso, quienes rechazan cualquier límite a la arbitrariedad de las maniobras patronales, tras décadas de desregulación neoliberal en el sector”.
En cambio, la Federación Aceitera si acompañó, sin ningún tibubeo, en la descripción del presidente Alberto Fernández del gigante del norte santafesino: “El nuevo anuncio presidencial de derogación del DNU 522/2020 se fundamentó con énfasis en el rechazo a la impunidad del actual directorio de la empresa, investigados penal y legislativamente, y posterior vaciamiento de la empresa, y apuntó al juez civil y comercial Fabián Lorenzini por su accionar al frente del concurso, incluyendo el haberlo iniciado sin contar siquiera con el Balance 2019, aún ausente”.
Empero, lamenta la falta, ahora, de un horizonte definido: “Este nuevo anuncio no brinda claridad sobre cuál será a partir de ahora el accionar gubernamental, ni brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del grupo Vicentin, entre los que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Algodonera Avellaneda, actualmente en conflicto con el grupo económico, que sí habían sido planteadas de forma explícita el pasado 8 de junio”.
Y pidió: “El gobierno nacional debe honrar las palabras del actual titular del Poder Ejecutivo, tal como debe hacer cumplir la normativa laboral y el mandato constitucional en la protección del trabajo”.
“Si así no ocurriera, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines afirmamos que con la fuerza colectiva de la organización gremial, la asamblea y la huelga actuaremos para que se garantice la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores”, concluyó la entidad sindical.
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