La Dirección Provincial de Vialidad presentó este martes 8 de agosto, una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, por el corte de tránsito que se realizara el pasado fin de semana sobre la autopista Rosario-Santa Fe a la altura del km 22, en jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo.
Allí se señala que el pasado 4 de agosto por la noche, un grupo de manifestantes ocupó la calzada de la Autopista sobre la estación de peaje “impidiendo absolutamente la circulación del tránsito y el respectivo cobro del peaje”, señala la denuncia de la provincia.
Según la denuncia, se trataría de vecinos autoconvocados junto con un grupo de taxis o remises de la ciudad de San Lorenzo. Remarcan que junto al grupo de manifestantes “se pudo individualizar al intendente de la ciudad, Leonardo Raimundo”.
El corte se prolongó hasta las 14 del sábado 5 de agosto, es decir, que fueron 16 horas en total, durante el cual el tránsito debió ser desviado desde el kilómetro 19 y hacia la Ruta Nacional 11.
En ese sentido, la provincia indicó: “Por instrucción del gobernador Omar Perotti, el sábado 5 se hizo presente en el lugar del corte el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto a los secretarios de Seguridad, Marcos Romero, y de Justicia, Eduardo Massot. Las autoridades provinciales, luego de dialogar con los vecinos, taxistas y el intendente, acordaron levantar el corte”.
“La idea es que la Justicia pueda investigar si se configuró o no un delito a la hora de interrumpir la circulación de la Autopista. Más allá de la afectación económica, lo que significa en términos de seguridad haber interrumpido el libre tránsito de la traza”, dijo el ministro Corach.
En la denuncia se agrega que, además de privar la libre circulación y la ocupación ilegítima de un espacio público, y de perjudicar al erario público, ya que no se pudo brindar el correspondiente servicio al usuario y se vio impedida de percibir con normalidad el correspondiente peaje, lo sucedido puso en peligro de forma concreta y cierta la seguridad y regular la circulación vial, puesto que motivó un gran congestionamiento y la necesidad de realizar operativos y maniobras para eludir el corte de sumo riesgo.
Asimismo, el funcionario remarcó: “No es el único lugar en la provincia donde tienen una situación de inseguridad. Los mecanismos institucionales están; nosotros tenemos un gobernador, un ministro de Seguridad y un gobierno que está presente más allá de si uno tiene o no satisfacción con la respuesta que se han dado. No vamos a ser víctimas de extorsión porque los intendentes y presidentes comunales hablan con nosotros”.
“El hecho de haber pedido 100 efectivos y 25 móviles policiales, como si estuviese en la góndola de un supermercado, no funciona de esa manera. La disposición y el despliegue que ordenó el ministro (de Seguridad) para el departamento significa una reubicación de todos los efectivos de la zona. El intendente quería hacerse cargo de la disposición de los efectivos, de los móviles, y de todo el despliegue, dando órdenes a la policía. Por eso remarco que nosotros hablamos con los intendentes y tratamos de darles soluciones”, agregó Corach.
“Me pareció que el intendente estaba más preocupado por una cuestión política que por el hecho y la salud de la víctima. Definitivamente, no estamos de acuerdo con ese camino, por eso procedimos a realizar la denuncia ante la justicia para que actúe”, concluyó.
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