Edición Impresa

Vía judicial para el defensor del Pueblo

El Senado dio media sanción a la ampliación de facultades para la Defensoría.

Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe

El Senado dio media sanción ayer a un proyecto a través del cual se propone ampliar las atribuciones del defensor del Pueblo para que pueda actuar en procesos judiciales. La iniciativa del radical Felipe Michlig fue firmada por sus compañeros de bloque Federico Pezz, Héctor Aquino, Eduardo Galaretto y Rodrigo Borla y por el justicialista Alcides Calvo. Allí se establece que el defensor del Pueblo “tendrá legitimación procesal para actuar en sede judicial” y podrá, en caso de que haya motivos fundados, interponer los recursos previstos por las leyes 10.000 y 10.456 en protección de los derechos de incidencia colectiva.

  Además, el proyecto establece que la actuación en juicio del ombudsman estará exenta de tasas y sellados judiciales y las costas quedarán a cargo del Estado provincial si el recurso fuera desestimado. Cuando el demandado sea el propio Estado –o las entidades autárquicas, empresas estatales, o sociedades con participación estatal mayoritaria– las costas también se impondrán por su orden. Ni el defensor del Pueblo ni sus adjuntos cobrarán honorarios por su actuación. De sancionarse en la Cámara de Diputados, se modificarán la ley provincial 10.396, por la cual se creó –en 1991– la Defensoría del Pueblo en la órbita de la Legislatura santafesina.

  No es la primera vez que se presenta un proyecto de este tenor. En 2003 Alicia Tate había ingresado una iniciativa similar, que no fue tratada y perdió estado parlamentario. En 2008, Michlig, Pezz y Calvo insistieron, pero el proyecto –que tuvo media sanción del Senado– fue desestimado luego en la Cámara baja. En esta tercera ocasión, Michlig adelantó que les pedirá a los diputados de su partido que gestionen con el resto de los bloques del oficialismo para que el proyecto se convierta en ley.

  “El motivo de la presentación se circunscribe básicamente en advertir que la carencia de esta facultad impide al defensor del Pueblo desarrollar de manera integral su función al no admitirse presentaciones efectuadas en sedes judiciales por desconocerle, en esas instancias, interés legítimo y/o legitimación procesal, pese a tratarse de hechos concretos en los que se conculcan derechos colectivos. Basta como ejemplo los numerosos pronunciamientos para reclamar por las demoras injustificadas en la entrega de los documentos de identidad, que dejaron indocumentados a decenas de miles de ciudadanos por la mora del registro nacional en otorgar o renovar los documentos, las acciones ante empresas concesionarias de servicios públicos por falencias de funcionamiento, situaciones de daño ambiental y otros tantos casos malogrados”, justificó el autor del proyecto.

  En diálogo con El Ciudadano, el senador Michlig señaló que es “muy necesario” que el ombudsman de la provincia pueda contar con la posibilidad de accionar ante la Justicia en nombre de los ciudadanos que lo requieran. “Lo hemos charlado con (Edgardo) Bistoletti y está muy interesado en que se sancione esta ley, porque va a mejorar el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo”, comentó el radical.

“Muchas veces por la vía administrativa no pueden darse respuesta a los requerimientos de los ciudadanos”, motivo por el cual llegado a ese punto deben salir en busca de patrocinio profesional en el ámbito privado, concluyó.

Comentarios