Agustín Aranda
La Oficina de Maltrato Animal de la Fiscalía recibe dos denuncias cada día hábil. El 80 por ciento gira alrededor de perros y gatos. Vecinos contra vecinos que alertan sobre falta de cuidados, alimento y agua. Las menos incluyen a personas preocupadas por los caballos que empujan carros. Creada hace un año, la división enfrenta un tema convocante en la ciudad. Sólo como ejemplo, la Justicia define por estas horas si lleva a juicio oral y público a un hombre acusado de matar a un perro comunitario. Marina Pieretti es secretaria de Gestión y explicó cómo funciona la repartición, que mantiene pasantes y colaboradores ad honorem.
En 2015 la Oficina empezó a funcionar por la presión de las asociaciones proteccionistas y el concejal y veterinario Carlos Cossia. Depende de la división Salidas Alternativas, que como explica el nombre, intenta administrar reclamos entre vecinos, animales de por medio. Reciben denuncias que entran en dos categorías según el caso: de poca gravedad y urgencia –un vecino denuncia que hay un perro sin agua en un balcón– y las más violentas, donde se ve una intención, como las carreras de carros a caballo llamadas cinchadas o las carreras de galgos.
Para las primeras se trabaja en la reeducación del denunciado. La Policía llega, constata, cita y empieza el camino más amable, a comprometer al dueño a una tenencia más responsable. Con el tiempo, los controles de la Policía cesan si la falta desaparece. “Se dice que el maltrato animal es el primer escalón. Después va a la violencia familiar, la de género y luego trasciende a la calle”, explicó Pieretti y agregó: “Si llevamos a juicio a alguien que omite darle de comer a un perro no sirve para nada. La reeducación da mejores resultados. A ningún vecino le gusta que los vecinos vean cómo la Policía le toca la puerta a cada rato”.
Los hechos más graves ameritan, según insistió la oficial de Justicia, una sanción. “Se opta porque haga trabajo comunitario con el Imusa los días sábado o campañas de adopción en la peatonal con alguna ONG. En la mayoría también una reparación económica. Hay casos paradigmáticos como el de Guazuncho –el perro comunitario de barrio Matheu–, que detrás tiene a la Fiscalía no aceptando una conciliación”, señaló Pieretti. Tal como contó este medio, el juez Juan Carlos Felipe Vienna debe decidir si eleva a juicio al hombre acusado de matar al perro o lo sobresee. Sería el primer caso en su tipo en llegar a juicio oral y público con el nuevo sistema procesal.
Números
En lo que va de 2016 la Oficina cerró tres mediaciones y 12 conciliaciones. Desestimaron 37 casos y se hicieron 24 imputaciones más una acusación por un caso de cinchada. Firmaron tres casos como con criterio de oportunidad, donde, por ejemplo, un vecino denuncia a otro porque el perro estaba sin collar, lo atropellaron y murió. “Poner una pena a una persona que perdió el perro no tiene sentido”, agregó la secretaria.
“El proteccionista tiene la necesidad de hacer público cualquier maltrato. Eso entorpece la investigación. Si publican en Facebook o Twitter el que está cometiendo el delito reubica al perro en un segundo”, advirtió.
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