El Vaticano denunció este jueves que la corrupción dificulta la lucha contra la trata de personas y sugirió que se contemplen castigos penales a los clientes de prostitución como solución a la explotación sexual.
“La corrupción y la connivencia a nivel gubernamental deben ser firmemente denunciadas y perseguidas” para la lucha contra la trata, pidió en el documento “Directivas pastorales sobre la trata de personas”, elaborado por la oficina de Inmigrantes y Refugiados que depende del papa Francisco.
En el documento publicado este jueves, el Vaticano expone su visión sobre causas, consecuencias y propuestas para la trata de personas, en la que incluye a la prostitución, el trabajo forzado, la esclavitud o la extirpación de órganos.
“Comprar ‘servicios sexuales’ en todas sus formas, incluida la pornografía, el ciber-sexo en internet, el strip tease y la danza erótica, es una lesión grave para la dignidad y la integridad humana y una afrenta a la sexualidad humana”, planteó.
La “identificación y denuncia de delitos relacionados con la trata de personas se ven obstaculizados por varios factores”, advierte el escrito, que fue presentado por el jesuita Michael Czerny, responsable de la oficina de Migraciones.
Sostiene al respecto que “las investigaciones policiales son largas y difíciles” y que “la recolección de evidencia sobre esta actividad criminal también se ve obstaculizada por la corrupción rampante y la falta de cooperación de las autoridades de los otros países”.
El Vaticano considera que los países “deben considerar la posibilidad de criminalizar a quienes se aprovechan de la prostitución u otras formas de explotación sexual que proporcionan las víctimas de la trata” y que “la responsabilidad debe determinarse a lo largo de toda la cadena de suministro”.
El castigo penal debe aplicarse “incluso cuando la trata de personas se utiliza para matrimonios forzados, servidumbre, mendicidad forzada, tráfico de órganos y explotación reproductiva”.
En este sentido, reclamó ” campañas de sensibilización sobre las responsabilidades legales de quienes generan la aplicación de la trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional, con la cooperación de todas las partes interesadas”.
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