La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), denunció penalmente este jueves a los directivos de la fábrica de cosechadoras Vassalli, de la vecina localidad de Firmat, por insolvencia fraudulenta y desbaratamiento y una deuda salarial que acarrea desde hace varios meses para con los trabajadores. El viernes a las 12 habrá una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe (San Lorenzo y Ovidio Lagos). “Interpusimos en la Fiscalía 3 con sede en Melincué, por competencia territorial, una denuncia por insolvencia fraudulenta y desbaratamiento de la empresa a los directivos de Vassalli, Néstor Girolami, Gastón Aguirre y Sergio Barbero. No la hicimos contra la empresa porque es una persona jurídica”, explicó a El Ciudadano, Pablo Cerra, abogado de la UOM.
“La semana que viene se hará otra denuncia por retención indebida de aportes. La empresa le debe a la UOM unos 20 millones de pesos que le retuvieron a los trabajadores y no la pagaron, entre obra social, cuota sindical y aportes jubilatorios”, agregó. Además, siempre en los cálculos de los gremialistas, la firma le debe a cada uno de los 360 trabajadores cerca de 100 mil pesos. “Una vez más, de todo lo que se firmó, no se cumplió con nada. La fuerza de trabajo está a disposición pero no hay insumos. Están vaciando la planta”, se lamentó Cerra y aclaró que con el directorio de la empresa no mantienen ningún tipo de comunicación. “Tenemos que esperar la audiencia y las actuaciones de la Justicia penal. Estamos cansados de que nunca se hagan cargo los responsables y terminen pagando los trabajadores”, concluyó Cerra.
La historia
La fábrica fue fundada en 1949 por Roque Vassalli cuando trasladó su taller de reformas desde la cercana Cañada del Ucle para armar en Firmat una planta modelo que se transformó en polo de desarrollo tecnológico y productivo a escala nacional. En la actualidad, está en manos de tres distribuidores cordobeses que compraron el 75 por ciento a los descendientes de Don Roque. El 25 restante quedó en manos de la familia. A fines del año pasado los nuevos dueños anunciaron la crisis. Dijeron que el colapso se remonta a 2014 y tiene origen en la caída de un contrato con Venezuela para la producción y venta de 250 cosechadoras.
La firma argumentó que pasaba por una crisis económica y financiera y que había comunicado al Ministerio de Producción de la Nación junto a un pedido de proceso preventivo de crisis. Explicó que buscaba diversificar su producción para hacer frente al delicado contexto –incluida deudas por más de 180 millones de pesos– y que debía reducir su planta laboral hasta los 350 trabajadores, de los más de 500 que tenía. Bajo ese argumento, la compañía mandó 52 telegramas de despido. La noticia excedió el ámbito sindical porque puso en jaque a la ciudad de 25 mil habitantes.
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