El juez español Baltasar Garzón, quien valiéndose del derecho internacional acorraló a represores sudamericanos como Augusto Pinochet, es juzgado a partir de hoy por querer investigar los crímenes del franquismo, en un proceso “inaceptable” para los defensores de los derechos humanos.
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez español podría ser condenado a un máximo de veinte años de inhabilitación profesional, lo que pondría fin a una carrera que en muchas ocasiones resultó molesta.
Sin embargo, y pese a ser el que más expectativa provoca, éste no es el único caso que puede acabar con la carrera de Garzón.
La semana pasada fue juzgado por ordenar presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción cuya sentencia podría conocerse en febrero. El juez está siendo además investigado por desestimar una causa contra el banco Santander, en una acumulación insólita de acusaciones que ha llevado a sus partidarios a denunciar un complot político.
Crímenes imprescriptibles
Demandado por dos asociaciones de ultraderecha, Garzón, de 56 años, está acusado de vulnerar una ley de 1977 que tras la muerte de Francisco Franco amnistió los crímenes dela Guerra Civil(1936-39) y la dictadura que le siguió (1939-75).
Sin embargo, para las ONG Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y Comisión Internacional de Juristas (CIJ), los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables y el derecho internacional obliga a investigarlos.
“El cargo criminal de iniciar una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado en este país es (…) simplemente escandaloso e inaceptable”, denunció el argentino Hugo Relva, consejero jurídico de AI.
“¿Las víctimas del franquismo tendrían menos derechos que las víctimas del pinochetismo?”, se preguntó el estadounidense Reed Brody, consejero jurídico de HRW, señalando como una paradoja que quien detuvo al ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 sea juzgado por intentar perseguir los crímenes de la dictadura en su propio país.
“Los valores que están en juego” en el proceso contra Garzón “son valores fundamentales que tenemos la obligación de contribuir a defender”, consideró el venezolano Pedro Nikken, presidente dela CIJy ex presidente dela Corte Interamericanade Derechos Humanos.
Estas tres organizaciones ejercerán como observadores internacionales en el proceso que, ante una gran expectación mediática, comienza hoy en el Tribunal Supremo español y en el que la propia fiscalía pidió la absolución por considerar que la actuación de Garzón no constituye un delito.
Respondiendo a demandas presentadas en 2006 por familiares de las víctimas, Garzón se declaró competente para investigar la suerte de cerca de 114.000 desaparecidos, pero en 2008 acabó renunciando por la oposición de la fiscalía a abrir un tema delicado para la sociedad española.
La argumentación del juez español coincidía con los principios de los tribunales internacionales: las desapariciones forzosas de civiles, cuyos cuerpos nunca fueron hallados, constituyen crímenes contra la humanidad que no prescriben y escapan a la amnistía.
Las querellas contra Garzón desataron la polémica en España, mostrando que las heridas del franquismo no están cerradas a pesar de la aprobación en 2007 de una ley sobre la memoria histórica para rehabilitar a las víctimas.
Un gran tema pendiente
“El tema de los crímenes del franquismo es el gran tema pendiente de la democracia española”, destaca el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez Fresnada.
Aunque “el paso del tiempo puede hacer parecer que es un tema lejano, es un tema que está ahí, es un tema vivo y es un tema evidentemente político”, agrega.
El sociólogo Fermín Bouzá, profesor dela Universidad Complutensede Madrid, subraya la necesidad de recuperar “esos cadáveres, de esas tumbas, de esos esqueletos, identificarlos y devolverlos a sus familias, por largo y difícil que sea el proceso”.
“Es una obligación moral, ética, política y cívica del Estado español que al día de hoy no ha hecho”, estima.
“Es intolerable que sigan los cadáveres en las cunetas. La idea de que algo no ha funcionado en la transición está presente en mucha gente”, explica Bouzá.
Pero, para la periodista italiana Loretta Napoleoni, autora de una biografía de Baltasar Garzón, “pensar que se puede resolver el problema del franquismo en 20 o 30 años es una locura total”.
“Es un proceso que necesita más de dos generaciones, son tragedias muy grandes”, dice.
Arremetiendo contra ese tabú, Garzón se granjeó vivas enemistades en medios conservadores, que lo acusaron de reabrir inútilmente las viejas heridas.
La personalidad del juez, hiperactivo y mediático, “justiciero universal” que persigue a dictadores, narcotraficantes, corruptos y terroristas, es también fuente de controversia.
“Hay mucha polarización en torno a la persona del juez Garzón. Hay una radicalización en torno a su persona, a favor o en contra”, destaca su abogado.
La propia fiscalía pidió que sea absuelto, considerando que su intento de investigación no justifica un encausamiento judicial. Y algunos de sus defensores, como la organización Human Rights Watch, destacan la “paradoja” de juzgarlo por haber intentado aplicar en su país los mismos principios que lo llevaron, en1998, ahacer arrestar en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, uno de sus golpes maestros.
Los hechos a la luz
Tras la declaración de Garzón, prevista para el 31 de este mes, el proceso deberá ver desfilar a veintidós testigos, todos citados por la defensa en nombre de las familias de los desaparecidos. Y una vez oídos los testigos, habrá que esperar hasta finales de marzo o abril para conocer la sentencia del Tribunal Supremo.
El abogado del juez, Gonzalo Martínez Fresnada, propuso llamar también a testigos “vinculados con el mundo de la justicia de ámbito internacional”, como la ex fiscal suiza Carla del Ponte.
“Queríamos que estos testigos depusieran para probar que Garzón (…) no hacía sino seguir una pauta generalmente aceptada (…) en la persecución de los delitos contra la humanidad”, explicó, precisando que “el tribunal los rechazó”.
No obstante, el objetivo principal de la estrategia del letrado podrá cumplirse.
“Por primera vez delante de un tribunal esas personas van a poder contar lo que les hizo la dictadura”, explica Emilio Silva, presidente dela Asociacióndela Memoria Histórica.
“Que vaya gente de pueblecitos a contar directamente en el Tribunal Supremo lo que les ha pasado, lo que les hicieron, va a ser una cosa impresionante”, concluye.
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