El Ciudadano
Carlos Lator
Hace unos días el consejo directivo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) aprobó el cierre de 3 de los 5 Ipaf (Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar) que funcionan actualmente en el país, así como de 25 Agencias de Extensión Rural, además de otros recortes presupuestarios. Son más de 100 investigadores que desde hace más de una década vienen llevando a cabo una tarea específica dirigida a un sujeto que históricamente ha tenido restringido el acceso a sus derechos: el pequeño y mediano productor familiar.
Esta medida inconsulta, rechazada por los trabajadores y por los diferentes órganos y centros de investigación del Inta, implica tirar por la borda un largo proceso de formación, de reorganización de capacidades y de labor interdisciplinaria destinada a crear conocimiento para un determinado actor social. Una construcción colectiva que apunta a fortalecer el desarrollo del territorio a partir del trabajo conjunto de las familias campesinas, las organizaciones sociales y los gobiernos locales y provinciales.
En efecto, la desaparición de las agencias de Cuyo, NEA y Patagonia significa desarticular esos equipos de estudio y frenar los proyectos que actualmente se encuentran en marcha. Principalmente los destinados a incorporar valor agregado, mejorar la producción y garantizar el acceso a los recursos naturales primordiales como la tierra y el agua.
La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén se manifestó en contra del cierre de la sede patagónica, con asiento en Plottier. Lo mismo hicieron las organizaciones del norte neuquino, quienes junto a las asociaciones homónimas de la zona Centro representan las regiones con mayor cantidad de pequeños productores de Neuquén.
En la Patagonia el 50% de los sistemas productivos forman parte de la agricultura familiar y constituyen una importante fuente de elaboración de alimentos derivados de la agricultura y la ganadería. La fusión o reconversión de los Ipaf significaría desdibujar la presencia técnica en el lugar donde –precisamente– se desarrolla la vida del productor rural.
No es la primera vez que el gobierno de Mauricio Macri arremete contra la ciencia y la tecnología. En los últimos dos años el presupuesto de estas dos áreas se redujo en un 30%. Un duro golpe para un país que, con mucho esfuerzo, creó las condiciones favorables para que regresen a la Argentina más de 1.200 científicos.
En Neuquén y Río Negro este ajuste se suma al recorte del presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue, a la clausura de los proyectos del Invap y al abandono del Plan Nuclear como consecuencia del desguace de la Piap (Planta Industrial de Agua Pesada).
Detrás de este desmantelamiento, llamado eufemísticamente “reestructuración” del Inta se oculta una intencionalidad política: resignar el desarrollo de industrias fundamentales que sustentan nuestra soberanía tecnológica, como ocurrió con la producción de satélites a través de Arsat, que ya se abrió a la inversión de compañías privadas.
Está presente también el empecinamiento de convertir al país en un mero exportador de materias primas privilegiando los grandes intereses económicos y financieros de la Pampa Húmeda. Por eso, para este modelo, es prioritario desarticular las organizaciones campesinas y sociales que operan en el territorio y poner la investigación y el conocimiento al servicio de las grandes empresas.
El presidente del Inta, Juan Balbín, no mandó a “lavar los platos” a sus investigadores y científicos, pero muy suelto de cuerpo manifestó: “La intención del Inta es lograr una mirada más pragmática, es decir mutar de un instituto de investigación a otro de innovación, lo que implica interactuar más con los privados”. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Historiador. Ex Intendente de Chos Malal
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