Policiales

Perdiendo el juicio

Va a la cárcel por negarse a mostrar la documentación de la moto

Tiene 22 años y una sentencia en su contra por una saga que se inició al no llevar casco. En lugar de resolver el caso con alguna salida alternativa lo llevaron a juicio oral, y recibió una condena a tres años de prisión efectiva


Tribunales provinciales de Rafaela. Foto: gentileza Sin Mordaza.

Nahuel S. tiene 22 años y no es un criminal, pero va a ir a la cárcel. En abril de 2017, el muchacho circulaba por la ciudad de Sunchales en moto, junto a un amigo. Una agente de Tránsito comenzó a seguirlos, ya que ninguno llevaba puesto casco. Cuando los alcanzó reclamó la documentación del vehículo y recibió una negativa que terminó en un forcejeo: el joven quiso irse y la agente lo retuvo. A los dos años, el muchacho fue llevado a juicio oral y público por la saga. Este jueves se conoció la sentencia: lo condenaron a una pena de 3 años de prisión, de cumplimiento efectivo. La decisión fue dictada por la jueza Cristina Fortunato en la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos.

La tarde del 3 de abril de 2017 Nahuel circulaba en su motocicleta con un amigo por Sunchales, eran las 17.30 cuando se cruzó con una inspectora de Tránsito, quien al ver que ambos motociclistas no tenían casco, decidió seguirlos.

El recorrido terminó en un comercio donde Nahuel bajó, la inspectora se acercó y le pidió los papeles de la moto, describió el comunicado fiscal. Entonces Nahuel decidió subirse al vehículo para intentar irse, pero la agente se lo impidió. Le reiteró el pedido de la documentación reglamentaria donde, siempre según el relato de la Fiscalía, Nahuel se volvió a negar e intentó fugar nuevamente.

En esas circunstancias “se produjo un forcejeo y Nahuel tomó de los brazos a la víctima, provocándole heridas”,  alegó el fiscal Gustavo Bumaguín en el debate oral.

Tras el hecho se inició una causa penal contra Nahuel por resistencia a la autoridad que –lejos de terminar con una salida alternativa– escaló a juicio oral y público –con la cantidad de recursos que demanda– en los Tribunales de Rafaela, donde la jueza Fortunato lo condenó a la pena de tres años de prisión efectiva.

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