Finalmente, y sin incidentes, ayer se llevó adelante el desalojo de un terreno de Villa Gobernador Gálvez. El operativo contó con 300 efectivos policiales, despliegue que multiplicó a las 12 familias que vivían allí, que no opusieron resistencia para irse del lugar. Y a pesar de que desde el Juzgado Correccional Nº3 informaron que fue el dueño del terreno el que solicitó el desalojo, y que desde hace meses estaba la sentencia dictada, los vecinos desalojados denunciaron negocios políticos entre una supuesta puntera del barrio, la Municipalidad y el dueño de los terrenos. Durante el desalojo también se cortó la ruta 21, esta vez por personas asentadas en otras tomas en Villa, que protestaban en solidaridadad: “Estamos todos en la misma”, decían.
El desalojo se llevó adelante a las 7.30. En los terrenos había aproximadamente seis viviendas de material y unas 15 de madera, aunque muchas estaban construyéndose. Fueron entre 30 y 40 las personas que se quedaron, tal como dijeron ellos, “en la calle”, aunque también sintiéndose estafadas. “Nos vendieron este terreno por 5 mil pesos. Aún no nos mudamos, estábamos construyendo la casa antes de que se terminara el contrato de nuestro alquiler. Ahora no tenemos nada, nos dicen usurpadores”, explicó una familia que estaba desarmando, ladrillo por ladrillo, su propia casa. La historia se repetía en cada grupo familiar.
La usurpación de esos terrenos comenzó entre dos y tres meses atrás, y, tal como informaron fuentes judiciales, hacía la misma cantidad de tiempo que la sentencia de desalojo estaba emitida. Desde el juzgado informaron también que para llevar adelante el operativo se tuvo en cuenta que las condiciones estén dadas para que no haya problemas, y que hasta se notificó a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez para que busque lugar provisorio a las personas desalojadas. Se dispuso, también, de un operativo de ambulancia y de Policía femenina.
Topadora social
Ya cerca del mediodía, mientras las grúas se llevaban por delante ladrillos, chapas y maderas, y personas de todas las edades juntaban escombros, el panorama era desolador. Algunas personas tenían la posibilidad de ir a casa de sus padres, suegros, hermanos; pero algunas familias habían llegado de otras provincias, por lo que, desde ayer, no tienen ningún techo.
“Nos enteramos por el abogado de las tomas que nos iban a desalojar. Aparentemente apareció el dueño de golpe, pero creemos que hay algo con la Municipalidad y una señora de acá, Teresa, que es la que nos vendió los terrenos”, sostuvo María, una de las desalojadas. Según dijo, a ella y su esposo, Maximiliano, les dijeron que si no construían rápido la casa, “vendían el terreno a otro”. Por eso, explicaron, los lotes les costaron entre 1.500 y 2.500 pesos, sin contar la inversión de materiales que habían llevado adelante.
La operación de “compra” que denunciaron los vecinos es difícil de comprender: no hay papeles, no se sabe quién vendió y quién es dueño. Una cosa sí parecía clara: “Jugaron con nuestras necesidades”, sentenció Maxi. “Nadie nos trajo una solución, no podemos hacer más que meternos en otras tomas, pero nosotros no queremos eso. Queríamos hacer las cosas bien. Hablamos de una plaza, una copa de leche, un centro comunitario. Acá somos todos pobres, nadie tiene más que otro. Queríamos vivir, tener una casa”, agregó su esposa.
Amanecer sin tierra
Según representantes legales de quienes mantienen ocupados por estas horas unos 12 terrenos en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, hoy podría concretarse el desalojo de otro predio. Allí esperan para las primeras horas del día la presencia de un fuerte operativo policial, y también municipal, en el espacio ocupado en barrio Los Paraísos, justo en el límite con la ciudad de Alvear.
Desde hace algunos meses unas 60 familias, siempre de acuerdo a la versión de los ocupantes, están asentadas en el lugar. La orden de despejar, dicen, fue librada por el juez subrogante Correccional Nº 3 de los Tribunales provinciales, Ignacio Vacca.
En la tarde de ayer, los propios ocupantes y algunas organizaciones de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa para informar sobre el desalojo que pesa sobre ellos en el local del gremio estatal ATE de Rosario. Allí pidieron que “se suspenda la medida compulsiva de desalojo de decenas de vecinos” y que además se “busque por el diálogo una solución al problema habitacional” que dicen padecer.
En contacto con El Ciudadano, tanto el abogado de los ocupantes, Arturo Giordana, como el sacerdote de Capitán Bermúdez Salvador Yaco (quien está acompañando las tomas desde el inicio), señalaron que el juez Vacca dio la orden de ejecutar el desalojo en la mañana de hoy. “Hace rato que venimos buscando instancias de diálogo, de negociación. Pero bueno, no encontramos nada y parece que esto es irreversible”, lamentaba el párroco ayer. Según el sacerdote, el diálogo entre los referentes de los vecinos que están usurpando 12 terrenos en Villa Gobernador Gálvez y las autoridades locales (también las provinciales) “está cortado”.
En tanto, Yaco manifestó al instante que en un primer momento se “enteraron” del desalojo que se producirá hoy por los propios abogados de los propietarios del terreno. “El predio pertenece a una sociedad anónima importante. Ellos quieren que la gente se vaya cuanto antes”, sostuvo el cura, sin dar a conocer el nombre de la firma. Y agregó que la ratificación de que hoy acudirán a retirarlos del lugar partió desde el propio Juzgado Correccional Nº3.
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