Oscar G. tiene 46 años y le dicen Manco. Era buscado como el cabecilla de una banda delictiva y cayó tras un allanamiento en una casa de zona sudoeste. Este martes fue imputado como jefe de una asociación ilícita, también le achacaron otros delitos como amenazas agravadas, usurpaciones y tentativa de homicidios. Parte del grupo que comandaba está detenido desde finales de diciembre pasado y según algunos testimonios sus lugartenientes son de nacionalidad colombiana. El juez Héctor Núñez Cartelle admitió la imputación y lo dejó preso por 90 días mientras avanza la investigación.
Lo detuvieron el sábado por la mañana en una casa de Las Flores al 3600. Lo buscaban como el cabecilla de una banda a la que le achacan usurpaciones en barrio Plata. Tiene una distribuidora de bebidas y ya había pasado por las crónicas policiales cuando lo vincularon al crimen de Cristian Enrique, un joven que estuvo casi un mes desaparecido y su cuerpo fue encontrado en noviembre pasado a la vera de la ruta 14. De ese homicidio quedó desvinculado pero se le formó causa por tenencia de arma, contrabando de cigarrillos y dinero falso.
Este martes, el fiscal Gustavo Ponce Asahad lo imputó por cuatro hechos delictivos. El primero ocurrió el 10 de julio de 2018 cuando a través de otros usurpó una casa ubicada en Savio al 2200 y se la vendió a otra mujer a través de Maximiliano Q. — un presunto miembro del grupo que se encuentra detenido e imputado junto a su hermano Ariel— por la suma de 70 mil pesos. La nueva moradora hizo una entrega de 10 mil pesos y el resto lo pagó en cuotas.
Ese arreglo pareció no ser suficiente para el Manco y en agosto amenazó, a través de otras personas, a los moradores para que se vayan, explicó el fiscal.
En una de las declaraciones surge que finalizado el pago de los 70 mil pesos, Maximiliano Q. exigió más dinero y cuando los ocupantes se negaron, amenazó con quemar la casa y balearlos. Según la imputación, en octubre pasado el Manco utilizó la violencia a través de Maximiliano Q. al que le ofreció una remuneración para hacer la tarea de desalojar el sitio, trabajo que supuestamente pagaría la verdadera dueña de casa, explicó la Fiscalía. Finalmente el 16 de diciembre un Chevrolet Corsa con varios ocupantes balearon el frente de la casa e hirieron a un niño de 19 meses en ambas piernas, a Alexis G., de 18 años, en el glúteo derecho y un balazo le fracturó el tobillo a Joana C., de 23 años.
Además, el fiscal le achacó falsificar el contenido de un carnet de conducir incorporando al documento una dirección diferente a la suya, trámite que realizó en fecha 27 de septiembre. También lo consideró jefe de una asociación ilícita integrada por otras personas algunas de las cuales ya están imputadas desde la primera semana de enero entre las que se encuentran Maximiliano Q., su hermano Ariel junto a Eric R.
Le asignó la tarea de dirigir y organizar el grupo, utilizando medios intimidatorios con el objetivo de defraudar personas, amedrentar familias, usurpar propiedades para luego venderlas a título personal. También atentar contra la vida de los ocupantes mediante balaceras y proveer armas de fuego en forma sistemática.
La propiedad
La legítima propietaria se enteró de la balacera contra el frente de la vivienda por la televisión y se contactó mediante una red social con la moradora, quien le dijo que había comprado ese inmueble. Supo que los administradores de la propiedad eran los hermanos Q., ya imputados en el caso, quienes le pidieron 70 mil por devolverle la casa. Incluso en marzo de 2013, la mujer sufrió un robo en su domicilio donde los ladrones le exigieron, arma de fuego en mano, “los papeles de la casa” y se los entregó la documentación de la casa de Savio al 2200 durante el atraco.
Con toda esta evidencia, el fiscal imputó a Oscar G., alias Manco, por los delitos estafa y defraudación, amenazas agravadas, tentativa de usurpación, usurpación, tentativa de homicidio en tres hechos, falsedad ideológica y asociación ilícita en calidad de jefe.
El fiscal pidió la prisión preventiva del Manco a lo que se abogado Claudio Tavella se opuso pero el juez Héctor Núñez Cartelle compartió parte del criterio fiscal aunque limitó el plazo de la medida cautelar. Dispuso la prisión preventiva de sospechoso por 90 días.
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