La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó anoche el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que permitió la amnistía de militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985), y que en la práctica significará la eliminación de esa norma.
La norma contó con los votos afirmativos del izquierdista Frente Amplio (FA), salvo el senador Jorge Saravia, y el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados donde se descuenta que será aprobado y derivado entonces al Poder Ejecutivo para su promulgación, indicó un despacho de la agencia DPA.
El texto aprobado en el Senado uruguayo declara que “los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno”.
De completarse la aprobación y así entrar en vigor la nueva norma, todos los casos denunciados que fueron archivados o amparados por la llamada Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986, podrán ser reabiertos para ser investigados y juzgados los responsables de crímenes, desapariciones, torturas, secuestros y otros delitos.
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