“En 10 días, hemos registrado 3 casos de violencia familiar grave. Los chicos son los más vulnerables en un ambiente hostil. Es alarmante la cantidad de casos que precisan la intervención conjunta de los organismos del Estado”, sostuvo la jefa del Centro de Atención a la Víctima de Delitos Sexuales (Cavds), Mariel Arévalo, que agregó que existe un estado de desprotección de los menores. En sintonía, Alicia Giménez, subdirectora del Hospital Víctor J. Vilela, señaló: “En este momento tenemos entre 5 y 6 chicos con los que está trabajando el Grupo de Atención en Maltrato Infantil (Gami), que serían víctimas de abuso o abandono familiar”, dijo a El Ciudadano. Y sostuvo que el número de ingresos por mes varía entre 15 y 20. “En relación con los datos históricos notamos que hace varios años que viene aumentado. Estamos pasando por 3 años críticos en materia de maltrato familiar. Y estos casos son sólo una muestra de lo que ocurre”, analizó la funcionaria.
El viernes pasado, Sandra G. fue arrestada en la zona norte sospechada de haber producido graves lesiones a uno de sus cinco hijos. El nene, de sólo 8 años, fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte. La Justicia comprobó que el castigo recibido se repetía desde hace mucho tiempo por lo que la madre ahora perdería su tenencia. Este caso es el último de tres en un breve lapso relevado por los efectores públicos, la Justicia y la Policía. El primero ocurrió el jueves 19 de abril, cuando una beba arribó al Hospital Víctor J. Vilela evidenciando lesiones y hemorragia, producto de traumatismo muy severo. La beba debió ser intervenida quirúrgicamente. A partir de ese momento, el Grupo de Atención de Maltrato Infantil (Gami) dio aviso al juzgado de instrucción en turno, que solicitó colaboración a la Comisaría de la Mujer para realizar la investigación ambiental. La misma consiste en entrevistas a vecinos y familiares de la víctima más la historia clínica de la beba.
Lesiones
Según la investigación, la madre, de 20 años, soltera y que vive con sus padres y hermanos, llevó a la beba a un dispensario de zona noroeste donde argumentó que en la madrugada de ese día su hija se había caído de la cama de su abuela, lo que le había provocado una lesión leve. En esa instancia, los médicos del dispensario asistieron a la beba con un paracetamol. Con una buena evolución, apuntaron los pesquisas, se le dio el alta médica. Sin embargo, entre el martes y el jueves, la niña tuvo una nueva lesión. Según aseguraron fuentes policiales, la investigación arrojó que no había relación entre lo que la madre de la criatura argumentaba y las lesiones que evidenció el cuerpo de la niña. La mujer fue detenida anteayer a instancias del juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación.
De acuerdo con Arévalo, la historia clínica y ambiental del caso indica que la madre realizó escasos controles prenatales por lo que concluyeron que evidenciaba “cierta apatía sobre la responsabilidad que implica cuidar a la beba”. Dos ejemplos de esto, aseguraron los pesquisas, es que el primer y único control prenatal fue recién a los 8 meses de embarazo; y que la mujer extravió en dos oportunidades el carnet de vacunación de la niña, documento esencial para efectuar cualquier trámite venidero del infante.
El segundo caso, según los registros de la Comisaría de la Mujer, ocurrió la semana pasada y fue protagonizado nuevamente por una beba de 10 meses, proveniente de la zona sur de la ciudad. La niña ingresó al Hospital Víctor J. Vilela con una lesión ocular y un hematoma en el pómulo derecho. Fue diagnosticada como un cuadro de depresión del sensorio, producto de un brusco movimiento, señalaron fuentes policiales. Según sostuvieron los pesquisas, el síntoma evidenciado por la beba era manifestación directa de un abuso por parte de los padres. La niña quedó alojada en terapia mientras que sus padres, ambos de 22 años, fueron detenidos a instancia del Juzgado Correccional de la 8ª Nominación a partir del oficio de la comisaría 15ª, con jurisdicción en la zona del hecho.
“Hay que entender que estos casos involucran a tres partes del Estado. Los efectores públicos, que reciben en primera instancia estos casos, la Policía, que actúa de oficio para la otra parte, que es la Justicia, y quien tiene que evaluar las responsabilidades penales de los involucrados”, detalló Arévalo.
Para la titular de la Comisaría de la Mujer, hay algo que une los tres hechos: “Lamentablemente el hilo conductor entre los tres casos es sólo que los menores tienen una predisposición a ser maltratados dentro de un entorno violento debido a la escasez de posibilidad de defensa propia. Son las víctimas silenciosas”, reflexionó Arévalo al destacar la sinérgica labor entre la comisaría y los efectores públicos de la ciudad.
Números alarmantes
“En este momento tenemos entre 5 y 6 chicos con los que está trabajando el Gami, que serían víctimas de abuso o abandono familiar”, dijo a El Ciudadano Alicia Giménez, subdirectora del Hospital Víctor J. Vilela. Sin embargo, sostuvo que el número de ingresos por mes varía entre 15 y 20. “En relación con los datos históricos notamos que hace varios años que viene aumentado. Estamos pasando por 3 años críticos en materia de maltrato familiar. Y estos casos son sólo una muestra de lo que ocurre”, analizó .
El Gami, tal como apuntara Giménez, es un dispositivo único en la ciudad, que funciona desde 1982 en el Hospital Víctor J. Vilela. El grupo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y abogados asiste los casos de abuso familiar e infantil. “Hay muchos lugares donde se trabaja la problemática. La particularidad del perfil del hospital hace que exista el Gami. Sin embargo, nosotros trabajamos con la red de salud municipal y provincial. No somos un caso aislado”, aclaró la funcionaria.
Según Gimenez, en lo que va del 2011 también se registraron numerosos ingresos de niños con heridas de armas de fuego. “En comparación con otros años ha aumentado. Son casos donde quedan en el medio de una balacera o accionan un arma que está en sus casas. Es consecuencia de una sociedad armada”, explicó Giménez.
Para la representante del Gami, es responsabilidad de toda la sociedad denunciar posibles casos de abuso familiar. “No es responsabilidad exclusiva de profesores o médicos sino de todos quienes vean una señal de alarma. Luego, el Estado deberá actuar”, apuntó.
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