En una jornada que se extendió por alrededor de diez horas y contó con la participación de 70 expositores y poco más de de cien personas que se acercaron a escuchar, se llevó a cabo ayer en la sede de Universidad Nacional de Rosario, en Maipú al 100, la primera audiencia pública en la ciudad en la cual, si bien no había un temario preestablecido, la idea de llegar a un aumento tarifario de agua de 87 por ciento de manera escalonada y acumulativa a lo largo de todo el año fue el eje de los discursos. En rigor, y como se preveía, la gran mayoría de los disertantes compartió la idea de ir hacia un sistema segmentado y admitió la necesidad de una actualización tarifaria, aunque cuestionó la magnitud que hoy propone el gobierno y vecinos y representantes de ONG criticaron la calidad del servicio que brinda la empresa en los barrios más postergados de la ciudad.
A lo largo de toda la jornada, desfilaron por la sede de la UNR integrantes de varias ONG, funcionarios de la Casa Gris –entre los que se destacaron el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio y el director de Aguas Santafesinas S.A. (Assa), Alberto Daniele– y una lista de dirigentes políticos compuesta por los legisladores provinciales Marcelo Gastaldi, Raúl Lamberto, Pablo Javkin y Gabriel Real; los concejales Diego Giuliano, Oscar Greppi, Alberto Cortés, el titular de la Oficina de Defensa al Consumidor Néstor Trigueros y el ex presidente de Aguas Santafesinas Juan Carlos Venesia.
A la hora de analizar el contenido de los discursos de ayer, Ciancio buscó eludir las críticas sosteniendo que “en líneas generales no hay una negativa a reconocer los esfuerzos que tiene que hacer la empresa y la necesidad que hay de incrementar la tarifa en un marco del atraso que hay. La idea es buscar un equilibrio para poder seguir sosteniendo el servicio”. Consultado por el reclamo de varias vecinales y ONG sobre problemáticas como la frecuente falta del servicio en algunas zonas periféricas de la ciudad, el ministro respondió que “eso se irá respondiendo con nuestra propuesta de acueductos. Nosotros vamos a habilitar nuevamente licitaciones que van hacer que en los puntos más críticos de la provincia se empiece a trabajar este año. Son inversiones multimillonarias y hay que hacerlas de a poco. Lo importante es empezar y sostenerlas. Esto no se hizo en años anteriores”.
“Acá lo que está en claro es que el servicio tiene una recaudación que no llega ni al 50 por ciento de su costo. Y esto hay que corregirlo. No hay dudas. No pretendemos que el usuario pague el ciento por ciento de lo que nos cuesta poner el agua en las canillas, pero proponemos acercarnos en el lapso de un año a que el usuario pase de 43 a 80 centavos los mil litros”, agregó el ministro.
El nuevo marco regulatorio, que apunta a reemplazar a la ley 11.220 vigente desde 1994, introduce la figura de audiencias públicas y propone la eliminación del actual régimen de tarifa plana por un sistema de “bandas de consumo” con tipificación del uso del recurso. El sistema tarifario contemplará la diferenciación entre gastos e inversiones y la instalación de medidores. Algunos de los parámetros que regirán el nuevo marco regulatorio están relacionados con la ubicación de la vivienda y con el tipo de consumo, si es residencial o si es industrial. También figura la tipificación del uso del recurso para diferenciar lo domiciliario de lo comercial y los cargos específicos para obras de expansión.
—Lo más cuestionado del proyecto ha sido la zonificación de la tarifa. ¿Por qué decide implementarse esto?, indagó El Ciudadano.
“Acá estamos escuchando que se pide que también se atienda la diferencia entre sectores de la urbe. Esto es muy difícil hacerlo, pero se puede. Por supuesto que también existen los grises, pero la idea es que los que tienen más paguen más. Sectorizar también es una forma de jerarquizar los consumos. Si legalmente se puede lo vamos a hacer”, expresó el funcionario.
Posteriormente, y a al ser consultado sobre la influencia real que pueden llegar a tener las propuestas expuestas ayer teniendo en cuenta el hecho de que la audiencia no es vinculante, Ciancio sostuvo que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios va “a hacer una síntesis de las ponencias y con ello se tratará de llevar adelante aquellas propuestas que se puedan realizar legalmente dentro del marco que nosotros proponemos”.
Sobre esta cuestión, Alberto Muñoz, titular del Enress, sostuvo que “la experiencia demuestra que lo que se expone en audiencia pública tiene consecuencia, porque termina condicionando el accionar del gobierno”.
En relación al contenido de las alocuciones, en líneas generales todos los presentes coincidieron en la necesitar de comenzar a segmentar las tarifas. Al mismo tiempo y en torno a la calidad del servicio, las posturas más críticas vinieron por el lado de distintas organizaciones no gubernamentales de barrio Plata y Nuevo Alberdi, las cuales directamente plantearon que en sus barrios por estas horas no cuentan con el servicio, debido a la falta de presión.
Con respecto a la tarifa, los cuestionamientos más importantes estuvieron vinculados al aumento del 87 por ciento, el cual se implementará con un mecanismo que pasará por aplicar primero un 19 por ciento (a partir de este mes) y luego el 12 por ciento acumulativo en otros cuatro períodos bimestrales. “Muchos plantearon que hay problemas con los números de la empresa pero que el 87 por ciento parece exagerado. Que hay que buscar otra forma”, explicó Muñoz. Ayer no sólo legisladores del PJ volvieron a pegarle al gobierno por los futuros incrementos, sino también desde las propias filas de la Coalición Cívica insistieron en que la cifra es exagerada. Esa postura la expusieron Greppi y Javkin.
En tanto, desde la Red Argentina de Consumidores, una de las dos ONG locales que defienden derechos de usuarios que tiene personería gremial, volvieron a cuestionar la zonificación ya que “el agua es un servicio y no una tasa, por eso debe pagarse exclusivamente de acuerdo a lo que se consume”. También adelantaron que irán a la Justicia en caso de que esto finalmente se implemente.
Finalmente, otra cuestión que se coló en varias ponencias es el proyecto difundido por el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente para la creación de un ente de control que reemplace al Enress, que con el nuevo marco ya no tendría razón de ser. Esencialmente, lo que propone el gobierno es el cambio de un ente por otro pero con cuadros más técnicos, explicó ayer Ciancio.
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