El Concejo Municipal aprobó ayer, a tono con las operaciones y patrullajes de fuerzas federales en la ciudad, un paquete de proyectos destinados específicamente a seguridad ciudadana, entre los que se cuentan la autorización al Departamento Ejecutivo a endeudarse por hasta 11 millones de pesos para profundizar el sistema de videovigilancia local. También se votó por unanimidad Rosario Alerta 2.0, un sistema para integrar áreas y dispositivos tecnológicos en relación con la prevención de delitos y su investigación si se cometieron; un pedido para dar máxima prioridad a la implementación de un organismo municipal para seguir y neutralizar la economía del delito, que ya había sido aprobado en el Palacio Vasallo, y hasta un pedido a la Municipalidad para que sus talleres se hagan cargo también de la reparación de móviles policiales que están fuera de servicio.
La pretensión del Ejecutivo de avanzar en el sistema de videovigilancia –el permiso para endeudarse debía pasar por el legislativo– es lo que disparó, la semana pasada, fuertes y soterrados cruces entre el oficialismo y la oposición, que decantaron en acuerdos después. Así los ediles resolvieron adelantar en lugar de pasar por alto la sesión del jueves –que coincide con el feriado del Día de los Trabajadores– y darle máxima prioridad en el trabajo en comisiones a todos los proyectos relacionados con seguridad ciudadana.
Tal como se acordó, durante el lunes y ayer las comisiones de Gobierno, Presupuesto –y Seguridad, claro está– trabajaron en exclusiva para avanzar en iniciativas que no habían llegado al recinto, a lo que se sumaron proyectos de decreto encomendando al Ejecutivo el cumplimiento de otras que ya habían sido aprobadas.
La propuesta que mayor expectativa generó fue la que otorga al Ejecutivo el permiso para endeudarse por hasta 11 millones de pesos para la innovación tecnológica en materia de seguridad. La misma cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de la Nación. Por tal motivo, los ediles de la comisión de Presupuesto, que se mostraron en total acuerdo, recibieron al subsecretario de Hacienda municipal, Guido Boggiano, con quien conversaron ayer acerca de este empréstito que prevé una tasa anual de interés del 2 por ciento a pagarse en 20 años.
También fue aprobada por unanimidad la iniciativa de los ediles Norma López y Roberto Sukerman denominada Rosario Alerta 2.0 que, según sus propios autores, “busca generar un marco legal para que el municipio cuente con un sistema unificado de emergencia y seguridad”. El objetivo es desarrollar una plataforma informática que funcionará en el actual Centro de Monitoreo y que integra cámaras de videovigilancia, botones de pánico, GPS, teléfonos celulares, posnets, internet y redes sociales. De este modo, el establecimiento pasará a funcionar como centro integral de denuncias, algo que cuenta con el visto bueno del secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Pablo Seghezzo.
Dos iniciativas que se complementan y que también contaron con amplio consenso fueron las presentadas por los concejales del PRO, Rodrigo López Molina, y del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, que apuntan a establecer controles sobre los negocios más permeables a dinero proveniente del delito, como es el caso de inmobiliarias, concesionarias de vehículos y casas de juegos. Lo presentado por el ex intendente de Rosario insta a la creación de un Departamento de Lucha contra la Economía del Delito. En tanto, el boceto del legislador macrista apunta a que la propia Municipalidad se encargue de controlar el origen del dinero invertido en esos rubros. “Necesitamos ponerle trabas a este tipo de inversiones porque está claro que ningún narcotraficante lleva adelante su negocio sólo para vender estupefacientes, sino que quiere ganar plata. Entonces, fortaleciendo los controles estaríamos dando un fuerte golpe a estas economías delictivas”, opinó el joven edil.
Las iniciativas cuentan con el apoyo del radicalismo, desde donde recordaron el proyecto de Extinción de Dominio, presentado por los legisladores nacionales Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, que autoriza al Estado a tomar posesión de aquellos bienes secuestrados a los narcotraficantes. Resaltaron que experiencias que se implementaron en Colombia y México, en donde se observaron casos de fiscalías que pudieron “recolectar” una caja que llegó a 11.500 millones de dólares, lo que llega a superar la tercera parte de las reservas de Banco Central de la Argentina.
En relación a la lucha contra el delito organizado se aprobó un proyecto de Jorge Boasso que pide reglamentar un registro de compraventa de dispositivos móviles en el que figuren los datos de las partes involucradas. El organismo encargado de efectuar los controles pertinentes, según su propuesta, sería el área de Habilitaciones de la Municipalidad, que se encargará de verificar que los comercios del rubro cuenten con este listado. En caso contrario, se podrían disponer de multas de entre 5 y 10 mil pesos y hasta una clausura, en caso de reincidencia.
El mismo camino siguió la aprobación de un registro para poner la lupa sobre las empresas de seguridad privada, muchas de las cuales poseen empleados no debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo de la provincia y, en algunos casos, se cree que emplean a ex agentes de la Policía con procesamientos firmes por parte de la Justicia.
Otros proyectos aguardaban ser tratados al cierre de esta edición, como la obligación para que los talleres municipales se hagan cargo de la reparación de móviles policiales fuera de servicio, la compra e instalación de GPS y videocámaras exteriores para móviles de la Guardia Urbana Municipal, y la implementación de los botones antipánico, entre otros.
Preparando la despedida
“Hay que prepararse para cuando se vayan las fuerzas federales”, marcó ayer Diego Giuliano, titular de la comisión de Seguridad del Concejo, quien inisistió en un pedido para adecuar las fuerzas de seguridad al crecimiento geográfico y de población en los barrios. “Tenemos la mitad de los patrulleros necesarios para una ciudad de la magnitud y de la complejidad delictiva como la que tiene Rosario”, explicó.
Giuliano apuntó como imprescindible la compra de 100 patrulleros para la ciudad y en la reparación de los que están fuera de servicio, solicitud que fue aprobada ayer en el Concejo.
“Sorprende que la ciudad deba endeudarse a 20 años para comprar 10 cámaras, 102 sirenas, 70 alarmas comunitarias y 80 botones de pánico. Si bien es un aporte, no es suficiente. Rosario tiene 80 patrulleros operativos para un millón de habitantes, la mitad de los necesarios”, marcó el edil justicialista.
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