Un comerciante, de 30 años, fue imputado por el disparo en el abdomen que terminó con la vida de su hermano mayor la noche del miércoles pasado en medio de una discusión que se desató en barrio Tablada. El hombre fue sindicado por el delito de homicidio culposo por la fiscal Georgina Pairola, quien resaltó la falta de conocimiento y la ineptitud de ambos para el manejo de armas de fuego. Quedó en libertad con restricciones por 90 días y el juez Florentino Malaponte ordenó que deberá someterse a un tratamiento médico en el Hospital de Salud Mental Agudo Ávila por el plazo de ley. También investigan violencia institucional al momento de la detención.
Edgardo De Ferrari, de 44 años, ya no vivía la casa de sus padres pero, a veces, trabajaba en la rotisería que su hermano menor, Leonardo, tenía adelante en 1º de Mayo y Centeno. La noche de este miércoles Edgardo tenía una pistola calibre 9 milímetros cuando empezó discutir con Leonardo.
Los hermanos forcejearon, el arma se disparó y Edgardo murió por una herida en el abdomen dentro de un Peugeot 504 color blanco. Para las 22.10 de ese miércoles trágico para la familia De Ferrari, la cuadra de 1º de Mayo al 4100 se había llenado de policías y peritos, quienes secuestraron el arma de fuego dentro de la vivienda.
También apresaron a Leonardo, quien quedó incomunicado en la comisaría 15ª a la espera de la audiencia imputativa. La fiscal Pairola se hizo cargo de la causa y ordenó medidas para determinar la mecánica del hecho.
En una primera instancia, la caratula fue por el delito fue homicidio doloso, es decir que tuvo una intención o por lo menos se pudo representar que el gatillar, le costaría la vida de su hermano mayor.
Con los resultados de las medidas solicitadas por la fiscal a los investigadores se conoció que Edgardo tenía la pistola, por lo que la intención explícita de Leonardo de dar muerte se diluyó y este sábado fue imputado como autor de homicidio culposo agravado por el uso de arma de fuego.
Algunas declaraciones indicaron que los hermanos manipulaban armas y esta situación mereció una reflexión de la fiscal. “La inexperiencia e impericia tanto de usted como de su hermano para el manejo de armas de fuego encuentra fundamento en el hecho de que no se encuentran inscriptos como legítimos usuarios en ninguna de las categorías habilitantes, por tanto carece de los conocimientos y cuidados que deben tenerse para la utilización de un arma de este tipo”, resaltó Pairola.
En la audiencia de este sábado por la mañana la abogada defensora, María Cecilia Pasquali, también planteó que Leonardo había sufrido violencia institucional de parte de los uniformados que lo apresaron y pidió un examen médico exhaustivo a los fines de determinar el origen, la fecha y el mecanismo de producción de las lesiones. En tanto, la Fiscalía argumentó que ese informe médico había sido realizado al momento de la detención.
A su vez, la fiscal y la defensora acordaron una alternativa a la prisión preventiva efectiva, por lo que solicitaron que se disponga la libertad bajo restricciones de Leonardo, quien deberá: fijar domicilio, ir a firmar de forma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) por el plazo de 90 días y no portar ni tener ningún tipo de arma de fuego, cargadas o decargadas.
El juez Malaponte aceptó tanto la acusación de la Fiscalía como el acuerdo con la defensa sobre la libertad como alternativa de la prisión preventiva.
Además, ordenó que Leonardo haga un tratamiento médico referido por el Agudo Ávila en su informe médico hasta que los profesionales de la salud se le indiquen y que deberá cumplir por el plazo de ley, hasta el 12 de julio de 2025 e hizo lugar a la denuncia por violencia institucional.
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