Un caso de abuso sexual dentro de un colegio religioso de Rafaela movilizó a miles vecinos que se sumaron al pedido de justicia de la familia de la víctima en esa localidad cabecera del Departamento Castellanos. Se trata de una niña de siete años, alumna del segundo grado del Colegio San José, quien fue ultrajada en el baño del establecimiento escolar durante un recreo. Según su testimonio, corroborado en Cámara Gesell y por los médicos que constataron las lesiones, el agresor fue un hombre que vestía “como los profesores”. Tras el abuso, la nena volvió al aula y contó lo que le pasó a la maestra, pero nadie de esa institución se comunicó con su mamá, quien se enteró cuando su hija le mostró que sentía dolores en la zona genital y le relató lo ocurrido.
La denuncia fue radicada a finales de julio y recayó en las fiscales Ángela Capitanio y Favia Burella de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de Rafaela.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ambas funcionarias ordenaron diligencias investigativas, entre ellas una entrevista a la niña en Cámara Gesell, toma de testimonios de distintas personas e informes psicológicos y del médico forense, pericias estas últimas cuyos resultados se mantendrán bajo reserva “para evitar la revictimización” de la víctima por tratarse de una menor de edad que denunció un delito contra su integridad sexual.
No obstante, tanto la familia de la niña como los abogados que la representan adelantaron en varias notas periodísticas que el abuso quedó corroborado con el testimonio de la nena en Cámara Gesell y en los informes médicos donde se constataron lesiones.
Infancias en riesgo
A partir de esa situación, y de que no hay una persona imputada ni identificada, Vanesa Carrasco, la mamá de la víctima, no sólo busca que se esclarezca el abuso que padeció su hija sino que intenta impedir que otros menores que cursan en ese establecimiento educativo sufran situaciones iguales de traumáticas. Por eso, uno de los reclamos más fuertes de la mujer es que se aparte a todo el personal masculino del Colegio San José (dado que el abusador no está identificado) o que, en su defecto, las clases continúen de manera virtual.
“No puede ser que la escuela siga abierta y tengan a esa persona ahí adentro. Nosotros pagamos una cuota mensual porque se supone, entendemos, que tienen otro tipo de seguridad. Yo misma soy ex alumna de la institución. Entonces, después de lo que pasó con mi hija fui a hablarles en son de paz para decirles que no iba en contra de ellos, sino a pedirles que me ayudaran”, explicó Carrasco en el programa Flor de Equipo.
Firmas para prevenir y marchas para repudiar
Con ese objetivo, este lunes comenzó a circular un petitorio en la plataforma change.org por distintas redes sociales donde se juntan firmas para solicitar que se aparte al personal masculino del Colegio San José de Rafaela o, de forma alternativa, que las clases continúen de forma virtual y no presencial.
La solicitud, que en pocas horas juntó cerca de 2.000 adhesiones, fue redactada por la Mesa Justicia x las Infancias Rafaela y dirigido a directivos del Colegio San José, al Ministerio de Educación de Santa Fe, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela y al Obispado de esa localidad.
“En relación al abuso sexual ocurrido el día miércoles 28 de julio en horario escolar en el establecimiento educativo Colegio San José de la ciudad de Rafaela, denunciado formal y públicamente, y ratificado en Cámara Gesell por la víctima, quien señala a un hombre como responsable, quienes firmamos solicitamos el inmediato apartamiento de todo personal masculino de la institución y/o el dictado de sus clases de forma remota hasta tanto se identifique al responsable”, reza el texto.
Y continúa: “Bregamos por el principio de inocencia, el cual está siendo vulnerado por el lento y entorpecido accionar de las partes intervinientes. Sin embargo, estamos convencidos/as que el regreso a las aulas debe ser en un marco de seguridad y respeto al cuerpo estudiantil. Por eso ponemos en primer lugar el resguardo de la integridad física, psicológica y emocional de nuestra infancia ante un hecho tan traumático y ante el retrasado y obstaculizado esclarecimiento”.
Además, más de dos mil personas marcharon este martes por las calles de Rafaela para acompañar el reclamo de justicia de la familia de la niña, que convocó a través de redes sociales a movilizarse en un recorrido que pasó por el Colegio San José, por la Comisaría de la Mujer y por la Fiscalía local.
Según los abogados de la familia, Carlos Farías Demaldé y José Silvela, el colegio cuenta con varias irregularidades. “Llama mucho la atención la clase de falencias con las que contaba el establecimiento”, dijeron los letrados, quienes aguardan ser admitidos como representantes de los padres de la menor para poder acceder al legajo.
En ese sentido se refirieron a las cámaras de seguridad que no funcionan desde junio, y al sistema de identificación biométrico, también fuera de servicio, con el que se debería saberse quién entra y sale de la institución.
La casa de Dios
Por su parte, el Obispado, de cuya gestión depende la institución educativa en cuestión, emitió un comunicado 11 días después de la denuncia penal y pública.
“El Obispado de Rafaela, ante el hecho de un presunto abuso cometido hacia una niña en el ámbito del colegio San José de la ciudad de Rafaela, desea manifestar lo siguiente:
La realidad de los abusos nos duele profundamente, y de ninguna manera debe ser ocultada ni encubierta. Toda vez que ocurran estos actos, y más aún cuando los mismos implican ámbitos o sujetos relacionados de alguna manera con la Iglesia de Jesús, no podemos menos –como Pueblo de Dios– que pedir perdón. Perdón en primer lugar a Dios, Padre bueno; a los damnificados, a sus familias y a toda la comunidad, manifestando -a su vez- el deseo urgente de esclarecer los hechos y encontrar al responsable”.
Y concluye: “Desde un primer momento estamos ofreciendo nuestra colaboración, tanto al Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía) como al Ministerio de Educación de la Provincia, organismos del Estado que están interviniendo desde el inicio ante estos momentos difíciles. Como Iglesia Diocesana invitamos a ofrecer nuestras oraciones a Dios en estas dolorosas circunstancias”.
Por su parte, el monseñor Fernández Alara dio declaraciones a un medio porteño en el que afirmó que el colegio “pudo realizar todos los pasos que dicta el protocolo”, en referencia a lo establecido en la Comisión de Abusos que el papa Francisco pide a cada diócesis. Y agregó que “gracias a Dios se pudo poner al servicio de la Justicia. Desde que estoy en la diócesis de Rafaela hubo un solo hecho conocido y no hubo ningún tipo de denuncia. Había sido algo de muchos años atrás donde ya estaba muerta la persona (el supuesto abusador). Para eso está la Justicia y acataremos lo que ella diga”, concluyó.
El Ministerio, presente
El caso llegó también al Ministerio de Educación que este lunes comenzó a elaborar un plan de trabajo para reconstruir “vínculos de confianza y brindar acompañamiento” tanto a los alumnos como a sus familiares y personal educativos.
Según aclararon en un comunicado se trata de un acompañamiento “intensivo, con presencia activa y diaria de autoridades del Ministerio Provincial, generando espacios de diálogo con el personal y las familias que lo requieran”.
Y concluye que “el director provincial de Educación Privada explicó que a partir del sumario administrativo ordenado para realizar la investigación se elaboró, por parte de Supervisión, un expediente que fue entregado a la Justicia”.
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