La intimidación que recibió el magistrado Ismael Manfrín encendió todas las alertas en los tres poderes del Estado. Ayer funcionarios provinciales y legisladores que integran la Junta Provincial de Seguridad estuvieron toda la tarde reunidos en la sede de Gobernación para trabajar en la respuesta a esta clase de atentados. Al término de la reunión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, anunció que el gobierno provincial ofrecerá entre 1 y 2 millones de pesos de recompensa para aquellos testigos que aporten datos que contribuyan al esclarecimiento del ataque. Las expresiones de los funcionarios que surgieron tras la reunión de la Junta fueron concordantes con las expresadas en las conferencias de prensa que funcionarios del Poder Ejecutivo de Santa Fe junto con los jefes de fiscales del Ministerio Público de la Acusación dieron ayer por la mañana, donde manifestaron su apoyo al magistrado y condenaron el ataque a balazos contra dos domicilios en los que había vivido. También anunciaron la activación de un protocolo, algunas medidas en la investigación y que por la madrugada ya habían trasladados a Ariel Máximo Cantero, alias Guille, y Jorge “Ema” Chamorro a los penales federales de Resistencia, provincia de Chaco, y Rawson, en Chubut, respectivamente.
“Los fiscales de la causa están revisando todas las cámaras de seguridad de la zona. No es que no haya resultados. Hay reserva sobre los resultados porque se trata de una investigación en trámite. La información que tenemos es que desde la comisaría no se ha filmado nada. Por eso se ofrece una recompensa de entre 1 y 2 millones de pesos para esclarecer el caso”, precisó Silberstein al salir de la reunión de la Junta Provincial de Seguridad en la que participaron el vicegobernador Carlos Fascendini, los ministros Silberstein, Pablo Farías y Maximiliano Pullaro, los diputados Carlos Del Frade y Rubén Galassi, el fiscal general Jorge Baclini, el procurador general de la Corte Jorge Barraguirre, el jefe de Policía de Santa Fe Marcelo Villanúa y el jefe de la Policía de Investigaciones Daniel Corbellini.
En tanto, el vicegobernador calificó como positiva la reunión de la Junta y destacó la participación de los representantes del Senado provincial, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público de la Acusación, representantes del Ejecutivo santafesino, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. “Tenemos que aunar los esfuerzos y continuar con mayor contundencia para encontrar a los autores de estos graves hechos”, enfatizó Fascendini, a cargo del Ejecutivo por el viaje oficial de Miguel Lifschitz a Tailandia en una misión comercial.
Anuncios y protocolo
Fue por la gravedad institucional de la intimidación, efectuada casi como una provocación luego del desembarco en Rosario de 200 gendarmes, que Pablo Farías, ministro de Gobierno, Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad, Ricardo Silberstein, ministro de Justicia, junto al jefe de fiscales, Jorge Baclini, y el fiscal regional Patricio Serjal, hablaron durante toda la conferencia de prensa de ayer por la mañana con declaraciones en las que la palabra Monos jamás fue pronunciada, pero la referencia implícita a la banda con origen en barrio La Granada, cuyos jefes fueron condenados el 9 de abril pasado en un resonante juicio, fue constante, ya sea bajo los motes de “los violentos” o “la banda”. Los funcionarios no precisaron con seguridad las motivaciones de los atentados, uno de las cuales tuvo como blanco una vivienda donde el magistrado había vivido hasta hace casi dos meses, en Italia y Cerrito –lo que causó el estupor del actual morador– y minutos después en Montevideo al 1000, aunque deslizaron que la agresión se atribuye a la decisión conjunta entre el gobierno de Santa Fe y Nación de trasladar a Ariel Máximo Cantero, alias Guille, y Jorge “Ema” Chamorro a penales federales alejados de la ciudad. Ambos ya fueron condenados a 22 y 12 años, respectivamente, en el fuero provincial por los delitos de asociación ilícita y homicidios, y están a la espera de sentarse en el banquillo por la causa federal conocida como Los Patrones, por tráfico de drogas. Durante la exposición se reveló que ya está en marcha un mecanismo de protección y custodia destinado a los magistrados que estuvieron a cargo del proceso penal que juzgó a la banda.
El ministro Farías fue quien tomó la posta en la conferencia matutina; con una breve introducción protocolar que refirió a la alegada decisión del Estado provincial de no dar el brazo a torcer ante un hecho de impacto institucional, tal como definió el funcionario la intimidación dirigida a Manfrín. “Contra el narcotráfico, contra las bandas, desde el gobierno provincial estamos haciendo esfuerzos permanentes para mejorar la actividad preventiva de investigación y persecución. Creemos que este camino es correcto, que vamos a poder ver avances y a lograr los objetivos. Obviamente estos hechos buscan desalentar la acción que estamos haciendo. Si lo que buscaban era evitar el traslado de hoy (por ayer) por la madrugada, les decimos que de esta manera no van a lograr ese cometido”, dijo Farías con relación con el traslado de Guille y Chamorro a las cárceles federales de Reconquista, Chaco, y Rawson, en Chubut, respectivamente. Esta decisión fue resistida a toda costa a través de las presentaciones de sus letrados, los abogados Fausto Yrure y Carlos Varela.
“El narcotráfico, en todas partes del mundo, actúa de la siguiente manera. (Los narcotraficantes) primero pretenden no ser detenidos. Una vez que son aprehendidos lo que pretenden es tener condenas bajas o prisión domiciliaria. Una vez que tienen condena lo que buscan es elegir el lugar donde quieren encontrarse detenidos. Lo que ustedes vieron acá es la reacción ante la última estructura de defensa del crimen organizado. No hablo de soldaditos. Hablo de estructuras donde hay inteligencia, profesionales, donde verdaderamente hay una estructura de organización”, analizó Silberstein, quien sintetizó: “Lo que estamos viendo es la reacción ante este cerco que se van encontrando”.
La investigación
El fiscal General, Jorge Baclini, y su par Regional Patricio Serjal, expresaron en forma sucinta algunos pasos que se llevan a cabo para dar con los autores de los disparos atribuidos a intrépidos motociclistas y aclararon la consulta de cronistas sobre si el magistrado ya había sido víctima de amenazas con anterioridad. “No están verificadas denuncias anteriores. No sabemos con precisión el motivo de la ataque. Si es la condena o el traslado –se inclinan más por esta última hipótesis–. O quizás haya algún tipo de motivación”, señalaron.
El jefe del MPA expresó que se puso en marcha un protocolo de seguridad destinado a la protección y la custodia de los magistrados actuantes en el juicio Monos.
Por su parte, voceros del Ministerio Público de la Acusación indicaron que la investigación de los ataques quedó a cargo de un equipo de fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, integrado por Natalia Benvenuto, Valeria Pedrana y David Carizza, quienes, al cierre de esta edición, analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar la identidad de los agresores.
Las fuentes señalaron que los primeros resultados de las pericias realizadas a las vainas servidas calibre 9 milímetros que se encontraron en los dos lugares arrojaron que las detonaciones partieron de dos armas distintas.
Pullaro en sintonía con Nación
Atrás quedaron los tiempos de cortocircuitos entre el ministro Pullaro y la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich. Hoy, las diatribas entre ambos mutaron en elogios y durante la conferencia de prensa el funcionario se mantuvo en esa línea: la ratificación del actuar conjunto entre fuerzas provinciales y federales, la tan mentada coordinación entre los fueros locales y de jurisdicción nacional. “Debíamos trasladar a estos violentos a cárceles federales”, ratificó.
Pullaro no perdió oportunidad de criticar a los abogados defensores de Chamorro y Cantero, al atribuirles que primero presentaron de “manera errónea y equivocada” un recurso de habeas corpus ante Manfrín para impedir el traslado de penal, “equivocándose de magistrado que iba a resolver”.
“De manera incorrecta el escrito invocaba al doctor Manfrín, que no fue el juez que decidió sobre la cuestión de fondo”, insistió el titular de la cartera de Seguridad.
“Si a través de estos hechos quisieron amedrentar a un juez y a una política que lleva adelante el Estado bajo ningún concepto de van a poder concretarlo. Estamos juntos con el gobierno nacional”, remarcó Pullaro, quien dijo que mantiene comunicaciones constantes con Bullrich: “Es lo que la sociedad santafesina nos reclama”.
Del Frade planteó reparos sobre autoría de las balaceras
El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, participó de la reunión de la Junta y, a pesar de enumerar los factores que alimentan las hipótesis de que el atentado tiene que ver con el traslado de dos miembros de Los Monos, dejó abierta una duda sobre la autoría. “Esto (por el atentado) se de en un contexto muy cargado de cosas. Se produce el día que se anuncia a los abogados defensores de Los Monos el traslado, lo que genera la mayor hipótesis que tiene el gobierno de la provincia. Pero se da también en el contexto de la llegada de los gendarmes, de lo que dice la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de lo que dice el presidente de la Nación, que es alevoso cuando sostiene que el Ejército participe de la seguridad interna. En medio de todo eso, un atentado de esta naturaleza parece funcional”, dijo el diputado y dio a entender con esta frase de que si está superada la Policía y la Gendarmería una solución sería el Ejército.
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