Ezequiel Nieva
Lo que no logró el diálogo político en tres meses y medio, lo consiguió la pandemia del coronavirus en un puñado de días. Acechada por la emergencia sanitaria más que por la crisis económica, la Legislatura aprobó en la semana que termina dos normativas que le dan aire al gobierno de Omar Perotti: la Ley de Necesidad Pública y una autorización para tomar deuda por 15 mil millones de pesos. Sancionadas esas leyes, se inicia una segunda etapa para el gobierno provincial en la que tendrá que atender lo urgente y lo pendiente.
Perotti consiguió un tácito aval legislativo para sus dos propuestas. En el Senado, controlado por el PJ, las leyes se aprobaron sin mayores contratiempos y casi sin debate. Pero en la Cámara de Diputados, dominada por el Frente Progresista, la situación fue muy diferente, a tal punto que el presidente del cuerpo, Miguel Lifschitz, aclaró apenas sancionado el paquete de emergencias que “sin esta pandemia, no hubiéramos permitido que avance esta ley”.
La aprobación del endeudamiento por 15 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria disparada por el coronavirus fue unánime en las dos cámaras. En cambio, la sanción de la Ley de Necesidad Pública –por la cual se declara hasta fin de año la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad– dejó al descubierto la falta de consenso entre los dos espacios que dominan la política provincial, el PJ y el Frente Progresista, y fue posible por la decisión de los diputados frentistas de abstenerse al momento de la votación. El paquete de las seis emergencias terminó siendo ley con solo 12 votos positivos: los del PJ, Cambiemos y Somos Familia.
La Ley de Necesidad Pública establece mecanismos de financiamiento (créditos externos, reprogramación de deudas y reasignación de partidas) por 39 mil millones de pesos. Sumado el endeudamiento, el Estado provincial dispondrá de 54 mil millones para atender lo más urgente (el coronavirus) y también los temas que estaban pendientes antes de la pandemia: seguridad, paritarias, deudas con proveedores, reinicio de la obra pública, entre los principales. Tras la sanción de la ley, Perotti dejó en claro que “la prioridad es una sola: cuidar la salud y la vida de los santafesinos y las santafesinas”.
La Nación lleva invertidos 6268 millones de pesos en la provincia de Santa Fe desde el inicio de la pandemia, entre planes sociales y bonos especiales, para mitigar el impacto de las medidas restrictivas y del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La provincia inició esta semana el reparto de otros mil millones en transferencias directas a municipios y comunas, lanzó créditos blandos y postergó vencimientos de impuestos. Todo ello en un contexto de caída de los recursos fiscales que, ante las dimensiones del desastre económico global, logró incluso reinstalar el debate por las cuasimonedas.
Para el gobierno de Perotti, el volumen de recursos autorizados por las leyes de emergencia se explica en la superposición de una crisis nueva (el coronavirus) sobre otra heredada (la economía provincial). Para la oposición, la irrupción de la pandemia, por el peligro que representa, fue “la excusa” perfecta para que el gobierno consiga algo que de otro modo no hubiera logrado.
Así lo señaló el ex gobernador Lifschitz el martes desde una banca legislativa: “El gobierno ya tiene la Ley de Necesidad Pública que quería y los fondos que pidió para atender la pandemia, es urgente que se ponga al frente de la crisis”.
No obstante, para el actual presidente de la Cámara de Diputados la ley que Perotti mandó a principios de febrero y que se aprobó finalmente el 31 de marzo “no tiene nada que ver con la pandemia; es la vieja ley de emergencia rechazada en diciembre por esta Cámara. Esa ley partía de un diagnóstico falso, que indicaba que diciembre había una crisis económica y financiera sin retorno en Santa Fe. Eso no tiene nada que ver con los números: pudieron pagar sueldos y aguinaldos con cláusula gatillo y, en breve, el sueldo de marzo sin inconvenientes. Evidentemente no había tantas dificultades como se planteaba. A fines de febrero, según la información brindada por el ministro de Economía, Walter Agosto, la provincia contaba con un plazo fijo de más de 10 mil millones de pesos y más de 5700 millones en cuenta corriente. Por eso es inexplicable que se estén retaceando recursos para la salud, la política alimentaria o para arreglar patrulleros; que no se estén pagando deudas corrientes ni atendiendo gastos prioritarios”, acusó Lifschitz.
El alegato del ex gobernador no solo fue una respuesta al escenario que planteó Perotti desde el día mismo de su asunción. También es una advertencia sobre el impacto que puede tener en la provincia la toma de créditos en un mercado que está convulsionado por factores externos. “Es una mala norma por el desproporcionado endeudamiento, de más de 50 mil millones de pesos, para financiar gastos corrientes, para financiar el déficit. Es una cifra que compromete el futuro de la provincia por los menos por dos períodos”, advirtió el titular de la Cámara baja, además de hacer notar que “si hay algo que critican el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzman” de la gestión de Mauricio Macri “es el enorme grado de endeudamiento para financiar gastos corrientes y déficit”.
Bajo este contexto político, sin consenso y casi sin diálogo con la oposición –algo que señalaron también Carlos del Frade y Rubén Giustiniani, que hasta hace poco sostenían un apoyo crítico al gobierno provincial–, Perotti consiguió las leyes que venía reclamando. En definitiva: los instrumentos necesarios para enfrentar la actual crisis sanitaria y los temas estructurales.
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