Carina Ortiz
Era lunes a la noche. Ana llegó con su niño de 2 años a la casa de su pareja en la zona sur. Ella tiene 21 años y hace 5 que tiene una relación con Juan. En los últimos tres años la pareja fue y vino. Cada vez que volvían, ella iba a vivir con él. Esa noche antes de llegar a la casa de su pareja, pasó por la suya. Quería bañarse. Llegó un poco más tarde de lo previsto y empezaron los planteos. Las quejas por el horario. Ella prefirió irse a dormir, se acostó con la criatura mientras él se quedó levantado. En un momento la levantó apuntándole con un arma en la cabeza y la sentó en una silla. La obligó a permanecer en la misma posición durante toda la noche. Mientras, le gatillaba en la cabeza y el estómago. Jugaba a la ruleta rusa. Como la bala no salía él le decía que tenía mucha suerte. Giraba el tambor del arma y volvía a hacerlo hasta que se cansó. Entonces decidió irse, la encerró con llave y la dejó allí, indefensa. Este fue el primer hecho que denunció Ana, a mediados de febrero. Diez días después Juan fue detenido en la calle. En un procedimiento de rutina la Policía le encontró entre sus ropas un arma. Una que coincidía con la descripción que hizo la víctima. Lo imputaron por los dos hechos. Quedó en prisión domiciliaria con una tobillera. Este martes, se sumó otra imputación en su contra, una amenaza con un arma que cometió antes de su detención. El juez dispuso 30 días más de arresto domiciliario.
Ana esperó en el pasillo a que se desarrollara la audiencia, parecía que sus ojos se le iban a salir de la cara. Estaba abrazada a su pequeño hijo que no pasa los dos años. Cuando la fiscal Luciana Valarella se asomó, le preguntó si quería declarar y asintió. Es uno de los derechos que la víctima puede ejercer a partir de la reforma que sufrió el Código Procesal Penal: ser escuchada por el juez. Entonces la guardia policial saco a Juan de la sala y ella entró. Apenas podía balbucear sus datos personales. Los nervios se notaban en su cuerpo. Hubo un largo silencio y solo pudo soltar “ya está, no quiero que me moleste más”.
Esta es la segunda audiencia oral en el caso. En la primera Juan fue imputado por gatillarle durante toda la noche aquel 12 de febrero. Un centro asistencial y la ayuda de una integrante de una ONG fueron la puerta de salida para la chica. Se animó a denunciarlo. A los 10 días la policía lo detuvo en la calle, en un procedimiento de rutina lo requisó y le encontró un arma de fuego. El revolver coincidió con la descripción que hizo la víctima del arma utilizada por su pareja aquella noche de terror.
El consumo de drogas por parte del muchacho fue un dato que no pasó desapercibido en el caso. El 22 de febrero fue detenido, al día siguiente fue imputado por portación ilegítima de arma de fuego, amenazas coactivas calificadas, privación ilegítima de libertad agravada, lesiones leves agravadas por vínculo y por el contexto de violencia de género.
El juez Carlos Leiva dispuso una detención domiciliaria y la instalación de una tobillera para controlarlo.
Este martes una nueva imputación cayó sobre, Juan que es panadero y tiene 20 años. La fiscal Valarella lo acusó de utilizar un arma para amenazar a su pareja algunos días antes de su detención y pidió la extensión de la medida cautelar por otros 30 días, mientras termina la pesquisa y encamina el caso a una acusación formal. El pedido cautelar fue apoyado por la defensora oficial Alejandra Paolini.
Finalmente el juez Hernán Postma aceptó la imputación y dictó la prórroga de la prisión preventiva con la modalidad domiciliaria y la utilización de una tobillera electrónica por otros 30 días. Además mantuvo la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio. Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para proteger a la víctima.
