Carina Ortiz
La diferencia entre un abordaje punitivo y uno integral se vio este martes en una audiencia en el Centro de Justicia Penal. Georgina tiene 20 años y estuvo nueve meses presa en una cárcel. El 11 de septiembre fue fatídico para ella. Hacía un año que su mamá había muerto, vivía en un ámbito de violencia donde algunos de sus hermanos eran los artífices. Cuando estuvo embarazada de Jazmín tuvo que irse de su casa por los golpes que recibía. Aquel día se enteró que uno de los suyos tenía HIV, pensaba que estaba embarazada de un pibe que no sabía si se haría cargo y se peleó con uno de sus hermanos. La sacaron a la calle con la pequeña en brazos. El combo la desbordó. No sabía qué hacer, dónde ir, qué le iba a dar de comer a su beba. Sola y con los pocos pesos que tenía en el bolsillo compró algo para comer para que la beba comiera y una botella de vino espumante para ella. Tomó clonazepam con alcohol y se perdió. La detuvieron en una plaza cuando la vieron darle pastillas a la pequeña. Los medios locales la mostraron esposada durante los traslados policiales y la Fiscalía la imputó por tentativa de homicidio.
En la audiencia oral y pública, Georgina lloró desconsolada. No se acordaba de nada. El juez la dejó presa. “Quien voluntariamente ingiere pastillas tiene que hacerse cargo de las consecuencias”, dijo y mandó a hacer una junta médica de salud mental, para saber si comprendió la criminalidad de los hechos. Después de eso vino el letargo. Hace unos cuatro días llegó el informe de la junta médica que la favorece. Este martes se hizo una audiencia de revisión de cautelar –en abril se había desarrollado una instancia similar que fue desfavorable–; esta vez el defensor consiguió que una persona la ayude y ofrezca su casa. El fiscal dio el visto bueno y logró una domiciliaria. La puerta que se cerró hace nueve meses comienza abrirse mientras se tramita un pedido para una revinculación con su hijita que hoy tiene dos años y un mes.
Georgina vivía en barrio Ludueña, sin comodidades y con escasos recursos económicos. Ante la Justicia se presentó como un ama de casa. La vivienda donde estaba era compartida con otros integrantes de su familia y la relación era conflictiva. El sábado 9 de septiembre se le juntó todo. Se enteró que unos de sus hermanos tenía HIV y que su salud se iba complicando. Estaba convencida de que cursaba un embarazo de algunas semanas de una relación inestable y no estaba segura si ese muchacho la iba a acompañar: ya tenía una pequeña que no sabía cómo mantener sola. Una discusión desató la tormenta. La solución que encontró su familia fue sacarla a la calle, con la criatura y lo puesto.
Le dio algo de comer a Jazmín y caminaron sin rumbo. Mientras las cuadras pasaban, Georgina perdió noción de tiempo y lugar. Caminó más de 30 cuadras hasta que llegó a las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas. Un espacio verde emblemático de barrio Belgrano. Se quedó ahí con la niña. Según algunos testigos estaba eufórica. Unos chicos escucharon cuando ofrecía a su hijo a quien quisiera llevárselo. Una mujer que estaba en el lugar escuchó y se acercó. Vio cuando le puso una pastilla al niño en la boca. La mujer reaccionó y le quitó a la pequeña de los brazos. Lo hizo vomitar y llamó a la Policía. La beba fue hospitalizada, había restos de medicamentos en su organismo y le hicieron un lavado gástrico. Tenía unos 20 centímetros cúbicos de un líquido rosado con olor a alcohol. Quedó internada con potencial depresión del sistema nervioso central y respiratorio.
Georgina terminó presa, imputada por tentativa de homicidio. “Yo no le di pastillas. No me acuerdo. Estaba mal, perdida. No quería matarla, me quería perjudicar yo. ¡Mira si la iba a querer matar! La tuve 9 meses en mi vientre, sufrí tanto para tenerla. ¿Para qué? Nada más me puse mal porque no tenía dónde llevarla, ¿dónde iba a pasar la noche? ¿Con qué le iba a dar de comer? Por eso me puse mal y me tomé las pastillas”, confesó.
El juez José Luis Suárez ordenó una junta médica de salud mental para saber si comprendió la criminalidad de los hechos. Mientras, Georgina quedó detenida en prisión preventiva por el plazo de ley. Se tardaron meses en realizar dos entrevistas y el informe de la junta médica recién llegó la semana pasada. El informe concluye que probablemente estuvo imbuida de tal manera que no haya podido dirigir las acciones. Mientras, la defensora oficial y el fiscal del caso concursaron para el cargo de jueces y juraron en medio del trámite, por lo que debieron asignarle nuevo defensor y fiscal al caso.
La beba
Respecto de la pequeña, intervino la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y tras el alta médica aplicó una medida excepcional y la dio en tránsito a una tía de Georgina. A su vez, intervino el Juzgado de Familia N° 3, que fijó una restricción de acercamiento respecto de Georgina. Actualmente, a través de Defensoría civil se planteó una revinculación con la madre que aún está en trámite.
Una segunda oportunidad
El segundo defensor de Georgina es Darío Pangrazi. La tercera semana de abril pidió una revisión de la medida cautelar y un arresto domiciliario en la casa de la tía de Georgina, uno de los pocos lazos familiares que le queda, pero no prosperó porque existe una prohibición de acercamiento a la criatura.
Esta vez apareció una amiga. Una chica que la conoce desde hace un año y pudo tener un contacto más directo con ella a partir de las visitas que le hacía a un familiar en la misma cárcel donde está Georgina. También habló con una abuela de la chica, a quien conoce porque es vecina de una tía de ella. La mujer le contó cómo era el trato de Georgina con su pequeña: “Era todo para su hija, cuando iba a algún lado, iba con su hija”. La testigo dijo que a la chica no la conocía bien, pero de las charlas que tuvo le nació darle una mano. “Yo le creo”, aseguró y ofreció su casa para un arresto domiciliario.
Así lo planteó el defensor en la audiencia y el fiscal Luis Schiappa Pietra no se opuso. El fiscal advirtió que hay algunas particularidades en el caso, el contexto social y familiar que estaba atravesando al momento del hecho. Explicó que tuvo contacto con la Secretaría de Niñez, Defensoría del Niño, el Área de la Mujer, el Juzgado de Familia y la defensa civil respecto de la beba involucrada y Georgina.
Valoró que todo muestra que tenía buena relación con la nena hasta el hecho, tras el cual se fijó una medida de alejamiento y planteó la necesidad de una mirada integral en el caso. Si bien aceptó la domiciliaria, hizo algunos planteos a los que la defensa no se opuso: fijar audiencias con los diferentes actores que tuvieron contacto con el caso, colocar una pulsera electrónica o algún tipo de control para evitar resentir el orden de alejamiento de la Justicia Civil y, como lo sugiere la junta médica, que Georgina trabaje con un acompañante terapéutico. La jueza Melania Carrara concluyó que hay que conciliar los derechos de todos y resaltó la necesidad de un abordaje integral. Detalló que si bien se iba a hacer lugar al pedido el tema era cómo. Por lo que dispuso notificar a todos los actores de la decisión y una vez notificados efectivizar un arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de control. La magistrada fijó para el próximo 29 de junio una nueva audiencia para tratar la problemática de manera integral y con todas las voces. Finalmente sugirió la labor de un acompañante terapéutico y la necesidad de informes periódicos sobre el caso.
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