Policiales

Matar a la competencia

Una “empresa de sicariato” manejada desde la cárcel y dos fallidos asesinatos

Un empresario fue imputado por contratar los servicios de tiratiros para liquidar a su ex socio, quien había abierto un local del mismo rubro de suplementos dietarios, junto a otras tres personas. Dos de ellas involucradas en el crimen de Nicolás "Fino" Ocampo


Un empresario local dedicado a fabricación de suplementos alimenticios y otras tres personas fueron imputadas este martes por la tentativa de homicidio calificado a un ex socio del primero que instaló una fábrica del mismo rubro. Según la imputación fiscal, Lucas F. contrató los servicios de tiratiros para asesinar con Mauricio L., a quien un atacante intentó matar el 21 de abril pasado en el local comercial de la firma Xnutrition SRL, ubicado en zona sur sin lograr el cometido. Pero el crimen de Nicolás “Fino” Ocampo cometido a los cinco del atentado contra el socio del empresario y escuchas telefónicas en una investigación de la Justicia federal brindaron el puntapié para que la Unidad Fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada descubriera “una empresa de sicariato” con una pata en la cárcel que organizaba distintos hechos de violencia, entre ellos el intento de asesinato de Mauricio L. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra imputaron al cuarteto por el hecho, los sospechosos quedaron detenidos preventivamente por el plazo de ley. Sobre la estructura delictiva hay un superior al que apodan El Loco y los investigadores están en procura de su identificación.

Según la pesquisa, Lucas F. contrató los servicios de tiratiros y acordó la modalidad y el precio para matar a Mauricio L. Estiman que entregó 100 mil pesos para gastos y pactó el pago de unos 350 o 400 mil una vez terminado el “trabajo”.

A través de Whatsapp, el empresario le brindó a Germán P., un empleado de una empresa de catering que tenía relación con una banda dedicada a cometer balaceras y homicidios, los datos de la víctima, fotografías y lugar dónde podían ubicarlo.

Germán P. hizo el encargo del crimen a Fabio G., un hombre que se encuentra detenido en Unidad Penitenciaria Nº 3, de Zeballos y Riccheri, según la teoría fiscal.

Éste último contaba con los recursos humanos y materiales para concretar el pedido y ordenó tareas de seguimiento a la víctima y su hermano, contaron los funcionarios judiciales en la imputación.

Los fiscales explicaron que la información que le enviaba Germán P. con los movimientos de la víctima, el interno se la trasmitía a Brian Josúe G. y Uriel R., quienes estaban asignados para cometer el homicidio.

El primer intento

El 21 de abril pasado cerca de las 14 un hombre apareció en el local comercial de la víctima ubicado en avenida del Rosario al 2700 C. Preguntó por el dueño con nombre y apellido y dijo que tenía que darle unos papeles y que venía de un sindicato.

Pasaron unos minutos y cuando vio a Mauricio L. sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y le disparó en tres oportunidades. Falló en su cometido y huyó del lugar en una moto Honda CB 190, robada. Pero las detonaciones fueron advertidas por personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba en la zona y empezó una persecución.

Lo uniformados detectaron al sospechoso, quien descartó un bulto que luego resulto ser un arma de fuego, y en Hilarión de la Quintana y avenida Francia chocó contra un auto estacionado. Siguió la fuga a pie hasta que fue detenido. El agresor fue identificado como Uriel R. En esa oportunidad fue imputado por amenazas, encubrimiento y portación, relataron Edery y Schiappa Pietra.

Según los fiscales, el empresario llegó a pagar parte del precio acordado, una suma que estiman rondó entre los 350 y 400 mil pesos más 100 mil pesos de gastos para el seguimiento, y le dio dinero a Germán P. para costear la defensa de Uriel R.

Tras el primer intento, los fiscales dijeron que el empresario, Germán P., Fabio G. y Brian Josué G. acordaron un segundo atentado contra la vida de los hermanos L. que no llegó a concretarse gracias a la intervención de la Fiscalía Federal, la provincial y la Policía Federal que detuvo a Brian G. el 10 de mayo por la mañana, día pautado para el segundo intento de homicidio.

El cuarteto fue imputado por el delito de tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas. Lucas F., Fabio G. y Germán P. como instigadores, este último además como partícipe necesario, y Uriel R. como autor.

La causa federal y el homicidio de Ocampo

Al Fino Ocampo, condenado como miembro de la banda de Esteban Alvarado, lo asesinaron en la puerta de su casa el 16 de abril pasado. Al día siguiente la fiscal federal Adriana Saconne se comunicó con su pares del provincial para informarlos de una data que surgía en unas escuchas que estaban realizando en una causa por drogas y podía tener vinculación con el homicidio del Fino.

La Fiscalía federal estaba escuchando un tal Oreja y en una comunicación del 8 de abril un presunto dealer le reclamaba el pago de una deuda. La Agencia de Criminalidad Organizada pidió otras intervenciones y detectaron que este teléfono lo tenía Fabio G., un hombre que está preso en la Unidad Penitenciaria Nº 3.

Empresa de sicarios

De las información que surgió en las escuchas telefónicas los fiscales descubrieron que estaban organizando distintos hechos de violencias y atentados contra personas que iban desde una balacera, un lesión hasta el homicidio.

Detectaron entre los hechos delictivos que se estaban tratando de enmendar un “trabajo” que había salido mal y que había que terminarlo. La fecha para hacerlo era el lunes 10 de mayo. Sabían que la víctima tenía una fabrica, un auto rojo y que en el primer intento hubo un detenido.

Se inició una búsqueda frenética para determinar la identidad de la víctima de este atentado hasta que dieron con Mauricio L. pero allí no terminó la cosa. De las escuchas surgió que, tras el primer ataque se había dificultado terminar el encargo y comenzaron a tramar un atentado contra la vida del hermano.

“Hablaban de matar a este joven y en el velatorio asesinar al objetivo principal, Mauricio L”, detallaron los fiscales.

En una de las comunicaciones a este celular, de fecha 17 de abril, un día después de la ejecución del Fino Ocampo, habló Fabio G. con Uriel R., según los fiscales.

En esa charla, Uriel le dijo que ese era su nuevo número. Esa línea está a nombre de Aldo “Gatito” Sosa, el empleado público y mandamás de la barrabrava leprosa, contó Edery.

El último impacto de antena de ese celular fue el 21 de abril cuando intentaron matar a Mauricio L. y Uriel R. fue tenido, lo que derivó en que su teléfono fuera incautado.

El segundo intento

El lunes de 10 de mayo, a primera hora de la mañana, los investigadores sacaron a la víctima y a su hermano de su casa y los pusieron a resguardo. Las escuchas demostraron que lo estaban buscando y no lo encontraban.

La víctima dijo que había tenido problemas con un ex empleador por una cuestión comercial y lo había amenazado de muerte e incluso había intentado atropellarlo con el auto en una oportunidad.

La pesquisa tenía identificados a Uriel R. y a Fabio G., ambos además estaban imputados en el homicidio del Fino  Ocampo. Al segundo se lo requisó en su lugar de detención y le secuestraron dos celulares con evidencia del caso, había fotos del domicilio y de la víctima.

Allanaron también a Lucas F., a quien le secuestraron el celular con evidencia y determinaron que el nexo entre el empresario y los sicarios era Germán P., último en caer detenido este lunes. En su billetera tenía un papel con los datos de la víctima, relataron los funcionarios.

Los fiscales destacaron el nivel de desparpajo y desprecio por la vida que exhibieron en las comunicaciones. “Era un grupo de personas conducido por una que estaba presa y contaba con gente afuera que cumplía distintos roles. Había quienes procuraban las víctimas, otras que encargaban los hechos delictivos a un grupo de sicarios a cambio de un pago. En este caso, el móvil fue liquidar a su competencia comercial”, contaron.

De las escuchas surgieron otro tipo de atentados como un tiroteo al frente de un comercio o un incendio intencional. Se determinó que algunos de ellos participaron en el homicidio del Fino por 270 mil pesos.

Explicaron que el grupo delictivo es más grande. “Los detenidos no son los únicos involucrados”, advirtieron los pesquisas.

Los fiscales dijeron que se nombraron a distintas personas que hacían logística, que cumplían distintos roles y que hablaron de una persona que estaría arriba en la estructura, a quien nombran como “el Loco que debían tenerle respeto y hacer todo lo que decía. Esa persona aún no está identificada”, explicaron.

Edery y Schiappa Pietra advirtieron que hubo otras personas que fueron advertidas de posibles ataques sicarios y se encuentran bajo un programa de protección. Lograron identificar a al menos cuatro y hay otras víctimas que aún no han podido dar con su paradero, describieron.

Doscientos setenta mil pesos para matar a Nicolás “Fino” Ocampo

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