Recursos previsionales, coparticipación federal, Letes, ATN, subsidios, vacunas y tratamientos oncológicos. El gobierno provincial hizo cuentas y les puso cifras a las distintas deudas que mantiene la Nación con Santa Fe. A los 80 mil millones de pesos que reclama la provincia por la deuda histórica de la coparticipación, se suman otros 10 mil millones –como mínimo– correspondientes a la Caja de Jubilaciones y la compensación por las últimas medidas fiscales, que según la Corte Suprema no deben afectar los recursos de las provincias.
Santa Fe y otras 14 jurisdicciones preparan una presentación ante el máximo tribunal para reclamar el pago de las deudas de la Nación. En ese marco, el gobernador Miguel Lifschitz señaló que las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri configuran “una clara acción que, lejos de apuntalar al federalismo como dicen en los discursos, produce una pérdida de la capacidad presupuestaria en los gobiernos provinciales, restándonos capacidad de actuación y posibilidades de financiar el funcionamiento provincial”.
Junto al ministro de Economía Gonzalo Saglione y al fiscal de Estado Pablo Saccone, Lifschitz dio una conferencia de prensa este miércoles en la que confirmó la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento efectivo de la cautelar que obliga al gobierno central a asumir el costo de las últimas medidas fiscales sin afectar la coparticipación que por ley les corresponde a las provincias.
Por la quita del IVA a los productos de la canasta básica y la suba del piso del impuesto a las Ganancias, dos medidas decididas por decreto presidencial luego de la derrota de Macri en las elecciones primarias, las provincias dejarán de percibir en su conjunto 47.395 millones de pesos, según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. En base a esas cifras se harán las presentaciones ante la Corte Suprema.
En el caso de Santa Fe, las medidas fiscales de “alivio” dirigidas a los flacos bolsillos de la población implican una reducción de la coparticipación en torno a los 4000 millones de pesos. A eso el gobierno le suma los 5800 millones que la Nación le adeuda a la provincia por el déficit de la Caja de Jubilaciones correspondiente a 2018. Esos fondos debían ser cancelados en el primer trimestre de este año, cosa que no ocurrió.
Durante la conferencia, Lifschitz reiteró que no está en contra de esas disposiciones, sino de que el costo se traslade a los estados subnacionales: “Estas dos medidas, que consideramos positivas en términos de beneficiar a los sectores populares y ponerle plata en el bolsillo a la gente para reactivar el consumo, tuvieron como consecuencia la pérdida de recursos que le corresponden a las provincias en virtud de la ley de coparticipación”.
“Hicimos una presentación a la Corte, no para que se anulen las medidas que tomó el gobierno nacional en beneficio de la gente, sino para que no le quite recursos a las provincias y nos compense por la pérdida de casi 4000 millones que representa para la provincia en estos cuatro meses”, añadió el gobernador santafesino.
Además, Lifschitz volvió a reclamar el aporte que adeuda la Anses para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe: “Representa 5800 millones de pesos que ya debieron haber ingresado a las arcas de la provincia y, si le sumamos los 4000 millones (de la coparticipación), representa casi 10 mil millones de pesos menos para las finanzas del gobierno provincial”.
Letes, ATN y subsidios
“A eso hay que agregarle que también el gobierno de manera unilateral dispuso un reperfilamiento de la deuda en bonos y esto ha afectado a Santa Fe, teniendo en cuenta que teníamos una inversión de 1200 millones en Letras del Tesoro de la Nación (Letes), reservadas para los compromisos externos”, argumentó el gobernador. El virtual default de esos instrumentos financieros, siguió, “es otro perjuicio adicional para la provincia”.
Lifschitz agregó que su gestión solicitó a la nacional, por intermedio del Ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio, “un aporte de 1000 millones de pesos en concepto de ATN para municipios y comunas que atraviesan una difícil situación financiera”. No hubo respuesta, se quejó tras recordar que los Aportes al Tesoro Nacional son “recursos provinciales” para auxiliar en las emergencias financieras.
Los subsidios al transporte público y al consumo energético que la Casa Rosada retrajo al calor del ajuste en las cuentas nacionales ordenado por el FMI fue otro de los tópicos en la lista de reclamos del gobernador santafesino. Una “decisión unilateral”, reprochó Lifschitz, que data de fines del año pasado y que al Estado santafesino le costó, según sus cálculos, “casi 3000 millones de pesos”.
Salud en terapia intensiva
“En el mismo sentido, nos hemos hecho cargo de los incrementos que el gobierno nacional, después de congelar las tarifas eléctricas, produjo a lo largo de este año y que no quisimos trasladar al comercio y a la industria, como así también los gastos en salud que el gobierno viene retaceando, como vacunas, tratamientos de altos costos y drogas oncológicas”, arremetió luego el mandatario socialista.
“Todo esto configura una clara acción de este gobierno nacional que, lejos de apuntalar al federalismo como dice en los discursos, produce nuevamente una pérdida de la capacidad presupuestaria en los gobiernos provinciales, restándonos capacidad de actuación y posibilidades de financiar el funcionamiento provincial”, enfatizó.
“Adherimos a la ley nacional de emergencia alimentaria y esto supone incrementar las partidas provinciales para la atención del gasto social. Este es el escenario general que implica un daño muy importante a las finanzas de los gobiernos y, en un futuro gobierno, debiera ser discutido porque implica retroceder en términos de federalismo”, agregó Lifschitz.
La deuda histórica
El gobernador recordó además otra la deuda nacional, provocada por la detracción inconstitucional sobre coparticipación federal entre 2006 y 2015, que no generó la administración Cambiemos aunque sí prometió saldar. Como otros, ese compromiso del presidente Macri se quedó apenas en declaraciones: “Se encuentra pendiente el pago de la deuda histórica que asciende a 80 mil millones de pesos y estamos esperando un fallo inminente de la Corte para que intime al gobierno” a cancelarla, sostuvo el gobernador.
Por último, Lifschitz dejó en claro que “a pesar de todas estas coyunturas absolutamente negativas desde el punto de vista financiero para la provincia y absolutamente fuera del campo de acción de nuestro gobierno, venimos sosteniendo la obra pública, el pago de salarios y jubilaciones con cláusula gatillo y tenemos voluntad de seguir haciéndolo hasta el fin de nuestro gobierno”.
No hay islas
Por su parte, el ministro Saglione resaltó que “la situación de las finanzas provinciales no es ajena a lo que pasa en el contexto económico nacional y a las decisiones que generan pérdidas de recursos al gobierno de la provincia. Nosotros estamos defendiendo a Santa Fe porque ese es el concepto de federalismo que tenemos como gestión y es una constante que nos ha caracterizado en estos años”.
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